El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo ayer un llamamiento a la paz y el diálogo y pidió a Estados Unidos que no imponga sanciones a su país, a través del diario The New York Times. “Venezuela necesita paz y diálogo para avanzar. Damos la bienvenida a cualquiera que desee ayudarnos sinceramente para alcanzar estos objetivos”, afirmó el mandatario en una columna de opinión titulada “Venezuela, un llamamiento a la paz”. En este sentido, el presidente venezolano aseguró que ahora es el tiempo “para el diálogo y la diplomacia”, y añadió que su gobierno tendió una mano a la oposición para negociar, siguiendo las recomendaciones de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Maduro recordó también que sus funcionarios se pusieron en contacto con el presidente estadounidense, Barack Obama, para expresarle su deseo de volver a intercambiar embajadores. No obstante, en otro tramo de la columna, Maduro recordó cómo la Casa Blanca apoyó el golpe de Estado de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez y acusó a Obama de gastar al menos cinco millones de dólares anuales para apoyar a la oposición.

En el texto, Maduro ofreció su visión sobre las protestas que desde febrero pasado enfrentan a oficialistas y opositores. “En Estados Unidos, los manifestantes han sido descriptos como ‘pacíficos’ y se ha dicho que el gobierno venezolano los ha reprimido violentamente. Según esta versión, el gobierno estadounidense se posiciona del lado del pueblo de Venezuela”, escribió. “En realidad, está del lado del 1 por ciento que desea arrastrar al país al pasado, cuando el 99 por ciento de la población estaba apartada de la vida política y sólo unos cuantos, incluidas las empresas estadounidenses, se beneficiaban del petróleo de Venezuela”, agregó. Sin embargo, destacó que la protesta, siempre que sea pacífica, era una forma de reclamo legítima. “La participación popular en la política en Venezuela se ha incrementado dramáticamente en la última década. Como un ex sindicalista, creo profundamente en el derecho de asociación y el deber cívico de manifestar preocupaciones legítimas a través de la protesta pacífica con el fin de garantizar que la justicia prevalezca”, expresó.

El mandatario venezolano aprovechó también las páginas del diario neoyorquino para criticar a la prensa extranjera, a la que acusa de distorsionar la realidad de su país y los hechos que rodearon los acontecimientos. “Espero que el pueblo estadounidense, al conocer la verdad, decida que Venezuela y su gente no merecen ese castigo y que pidan a sus representantes que no impongan sanciones”, prosiguió Maduro. Según el presidente, en los últimos dos meses se registraron al menos 36 muertos durante las protestas. “Los manifestantes son, creemos, directamente responsables de la mitad de ellos”, afirmó.

“Seis miembros de la Guardia Nacional han sido disparados y asesinados; otros ciudadanos han perdido la vida mientras intentaban quitar obstáculos colocados por los manifestantes para bloquear el tráfico”, denunció Maduro. El presidente, que acusó a los opositores de atacar clínicas, quemar universidades y lanzar piedras y cócteles molotov, valoró en “varios millones de dólares” los daños de unas protestas que, según dijo, no apoyan “los barrios de clase pobre y trabajadora”. Maduró reconoció que un “número pequeño” de fuerzas de seguridad fueron acusados de participar en actos violentos en los que murieron “varias personas”, a lo que el gobierno respondió con las detenciones de los sospechosos.

El sucesor de Chávez admitió asimismo que el país enfrenta serios problemas económicos, pero aseguró que trabaja para superarlos. “Mientras que nuestras políticas sociales han mejorado la vida de los ciudadanos sobre todo, el gobierno también ha enfrentado serios problemas económicos en los últimos 16 meses, incluyendo la inflación y la escasez de algunos productos básicos.” Expresó que el nuevo sistema de cambio de divisas logró reducir la inflación –una de las causas de las protestas, según los dirigentes opositores– durante las últimas semanas y que a través del monitoreo de empresas el gobierno se asegura que no estén especulando o acaparando productos.