El dirigente opositor venezolano Leopoldo López permanecerá detenido, tras la decisión de la Fiscalía General de formalizar una acusación contra él. “En Caracas se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador (autor intelectual), incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”, dijo Luisa Ortega, titular del organismo.

Por otra parte, la fiscal afirmó que se investigan 102 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas. En tanto, el presidente Nicolás Maduro acusó a “la extrema derecha” de querer ejecutar planes secesionistas para separar varios estados de Venezuela, tras confirmar que la misión de cancilleres de la Unasur llegará a Caracas la próxima semana para seguir promoviendo el diálogo de paz.

Con respecto a López, el siguiente paso procesal es la audiencia que deberá ser fijada por el tribunal de control, explicó Ortega, que formalizó las acusaciones contra el líder opositor un día antes del vencimiento del plazo de 45 días. El dirigente opositor llamó a los venezolanos a manifestarse en la calle de manera pacífica hasta lograr la salida de Nicolás Maduro, a quien ha llamado dictador, y abrir paso a una transición democrática en el país. El líder del partido Voluntad Popular se entregó a las autoridades el 18 de febrero, tras ser responsabilizado por el presidente Maduro de iniciar una ola de protestas que hasta el presente causó 39 muertos.

El también líder opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, desestimó las acusaciones presentadas por la fiscalía contra López, al considerar que la protesta no es un delito. “Podemos tener visiones distintas, planteamientos distintos, pero eso no significa que una persona que tenga un planteamiento distinto cometa un delito”, expresó el dos veces candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La plataforma opositora prevé ejercer “todos los recursos legales que sean posibles, tanto en el país como afuera, porque esto verdaderamente es un desafuero por parte del gobierno”, indicó Ramón José Medina, secretario ejecutivo adjunto.

Ortega también aseguró que se investigarán las violaciones a los derechos humanos durante las protestas. La fiscal señaló que por esos casos están detenidos 17 agentes del orden público, y aseguró que todos los hechos criminales que sean demostrados serán castigados. De las 102 denuncias, 95 son por tratos crueles, 2 por torturas, 2 por intento de homicidio y 3 por homicidio, precisó.

La fiscal sostuvo que en los operativos para contener las protestas se detuvieron a 2285 personas, de las cuales 904 se identificaron como estudiantes. “Todas las detenciones han sido por la comisión de hechos punibles. En el caso en que la fiscalía ha constatado que la detención no ha sido ajustada al Estado de Derecho, ha solicitado la liberación de las personas”, aseveró.

Además, confirmó que desde el 6 de febrero, cuando se iniciaron, las protestas dejaron 39 muertos y 608 heridos. La fiscal afirmó que el Estado venezolano enfrenta una campaña internacional “sistemática de desprestigio” en relación con la situación de los derechos humanos. “Esta campaña es planificada y va en progresividad. No hay que ser experto para concluir que eso es así. En esa campaña se habla de cosas que ocurren en Venezuela, pero no se habla de otras”, dijo.

El propio presidente Maduro salió al cruce y culpó a la oposición de derecha de querer dividir el país. “La salida que ellos ahora proponen, como no pueden acabar con la revolución, es acabar con Venezuela, o sea partirla en veinte pedazos; es el mismo proyecto de Yugoslavia, Libia, Ucrania y Siria”, sentenció Maduro desde el Palacio de Miraflores en Caracas. El mandatario precisó que el gobierno investiga “a fondo este nuevo plan”, cuyo autor es “un oligarca” que busca separar los estados de Táchira, Mérida, Carabobo, Nueva Esparta y Zulia, sin descartar “la fusión con Colombia”; al respecto no dio precisiones, aunque identificó dicho plan con Voluntad Popular.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones en la noche del jueves, durante el acto de firma del decreto para la creación de un Consejo de Derechos Humanos con carácter de Estado. Por último, Maduro confirmó que la misión de cancilleres de la Unasur volverá a Caracas la próxima semana para “acompañar, asesorar y ayudar” en el diálogo con la oposición con miras a poner fin a las protestas.

En tanto, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, el general Vladimir Padrino, denunció que sectores ligados al narcotráfico internacional financian a los factores de oposición que mantienen los focos de violencia en el país. “Tenemos un mapa armado de lo que significa el financiamiento que está detrás de todo esto, un financiamiento internacional que reciben factores políticos de la oposición para mantener viva la protesta. Ningún sector se escapa, el narcotráfico es uno de ellos”, declaró.

También aseguró que las protestas no son espontáneas: “Están financiando a muchachos que ni siquiera son estudiantes. Esto de las guarimbas (barricadas) le resta seriedad a la magnitud del evento de violencia que es terrorismo”.