Las FARC insistieron ayer en su pedido por esclarecer las causas históricas del conflicto en Colombia para que el futuro debate sobre víctimas no sea estéril. Además dijeron que sin ello el proceso de paz podría “frenarse”, al retomar sus diálogos con el gobierno. Los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aprovecharon el arranque del vigesimotercer ciclo de negociaciones en La Habana para advertir al gobierno del presidente Juan Manuel Santos de la “necesidad y urgencia” de conformar, durante el actual proceso, una comisión que clarifique las causas y responsabilidades del conflicto.

Esta comisión “no es la de la Verdad que propone el gobierno para después de la firma de un eventual acuerdo de paz, con la cual estamos de acuerdo y compartimos que deberá tener su propio período y duración”, aclaró la guerrilla en una declaración leída por su número dos Iván Márquez, alias de Luciano Marín Arango. Desde el inicio de los diálogos de paz, el grupo guerrillero propuso en numerosas ocasiones la creación de una comisión que investigue causas históricas y máximos responsables de la confrontación.

Hace cinco días, los negociadores del gobierno se pronunciaron en torno de esta cuestión para mostrarse a favor de constituir una comisión, aunque después de firmarse un acuerdo de paz definitivo. Pero las FARC quieren otra comisión de esclarecimiento de las causas y responsabilidades del conflicto, condición sin la cual no podría abordarse el decisivo asunto de las víctimas, el siguiente tema a discutir en la mesa de negociación. “Sin este insumo, la discusión del punto 5 referido a víctimas será una discusión en el aire, un ejercicio estéril que no conducirá a ninguna parte”, dijo Márquez.

La guerrilla propone que ese estudio histórico arranque en 1936, cuando se aprobó la Ley 200, una reforma agraria que desató la “violencia terrateniente y partidista”, según las FARC. Al margen de ese debate, las negociaciones siguen centradas en el problema de las drogas y el narcotráfico, donde las partes avanzaron en el apartado de sustitución de cultivos de coca, amapola y marihuana. Según las FARC, este nuevo ciclo se abre con “una dinámica positiva de entendimiento con la contraparte”.

Además, ayer la guerrilla también dijo estar dispuesta a pactar un acuerdo con el gobierno sobre la utilización de explosivos, pero desde la reciprocidad, luego de que el vicepresidente Angelino Garzón pidiera que se comprometa con el fin del uso de minas antipersonas. “Esta es una problemática recíproca que involucra al ejército de Colombia y también a las fuerzas insurgentes”, señaló Iván Márquez, quien agregó que las minas “son una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza” que usa “bombas inteligentes”.

“Estamos en plena disposición de abordar (este tema) con la contraparte y creo que podríamos llegar a un acuerdo en torno de la utilización de explosivos, pero tendría que tenerse en cuenta este aspecto que acabo de mencionar”, insistió. En al menos 114 municipios de 22 departamentos (provincias) colombianos hay minas antipersonas que ponen en riesgo a la población, alertó la Defensoría del Pueblo.

Según la entidad, desde 2012 su Sistema de Alertas Tempranas emitió 42 informes de riesgo por este tema, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron remitidas a las autoridades competentes por la posibilidad de que ocurran accidentes con minas. El más reciente de estos documentos identifica 14 nuevos puntos en condición de vulnerabilidad por la presencia de minas en zonas rurales de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. Los territorios vulnerables en esos departamentos son zonas rurales o reservas indígenas como los de Ibudó y Dokerazavi en Apartadó y Turbo (Antioquia), o los cabildos de Emberá, Wuonnan, Katío, Chamí y Tule en Chocó.

De acuerdo con el Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonas, desde el año 2000 hasta lo que va de 2014, los accidentes ocasionados por estos artefactos dejaron como saldo 1930 muertos y 7884 heridos en 477 municipios de 31 de los 32 departamentos del país. Las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son señaladas por las autoridades como las mayores responsables por la colocación y activación de dichos elementos, seguidos en menor proporción por los grupos paramilitares. Sin embargo, los grupos guerrilleros culpan al ejército colombiano y a los paramilitares auspiciados por el ex mandatario Alvaro Uribe.

“La Defensoría del Pueblo recomienda el fortalecimiento de las medidas para la educación sobre el riesgo por contaminación y hallazgo de minas antipersonas, artefactos explosivos improvisados y munición sin explotar en las áreas de riesgo”, manifestó la entidad en un comunicado.

A pesar de proseguir con el diálogo en La Habana, el enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad continúa. Dos policías murieron ayer en un ataque de las FARC en el municipio de Jambaló, en el departamento del Cauca (sudoeste).

Según el Ministerio de Defensa, guerrilleros de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC incursionaron en el municipio a la madrugada, cuando los uniformados patrullaban en las inmediaciones de la estación de policía. En el ataque murieron David Freile Laverde y Johnatan Ortiz Meneses, de 27 y 24 años respectivamente, a causa de las ráfagas de fusil.