El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no da marcha atrás con su idea de que el Partido Popular (PP) pagó con dinero proveniente de negociados las obras realizadas en su sede central de la calle Génova 13, en Madrid. Según publicó ayer el diario El País en su edición digital, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía “viene a confirmar”, según el magistrado, “las entregas de dinero negro al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la remodelación de las oficinas principales de la formación conservadora por un importe global de 888.000 euros, según recogió el ex tesorero del PP Luis Bárcenas (foto) en su contabilidad B, ingresos provenientes de dádivas entregadas a esa fuerza política a cambio de suculentos contratos en obra pública. El pago con fondos de la reforma de la sede de Génova 13 aparece como uno de los descubrimientos más relevantes y más sólidamente acreditados por el magistrado que instruye la causa contra el ex tesorero y responsable de la contabilidad del PP, que se publicó en El País el 31 de enero de 2013.

El informe de la UDEF, que analiza la documentación entregada por el Partido Conservador a Ruz y la que el juez incautó en el registro de la sede de la empresa que hizo la reforma, Unifica, señala que “existía una dualidad en la forma de pago de las obras”, por parte del partido gobernante, según una resolución dictada ayer por el juez, que recoge el documento policial. En el auto, el magistrado afirma que existían dos certificaciones: unas de menor importe, creadas ad hoc para adecuar el pago a Unifica mediante una transferencia bancaria, desde una cuenta del PP y que se correspondía con los presupuestos y facturas de las obras, y otras de mayor cantidad que eran las verdaderas. Estos últimos certificados estaban vinculados con trabajos que finalmente fueron realizados. La diferencia entre unas y otras certificaciones se saldaba “con fondos ajenos al circuito económico financiero, correspondientes con las anotaciones procedentes de la contabilidad, cuya llevanza correspondía a Luis Bárcenas”, explicó el juez en su resolución.

Estos pagos no se reflejaron, señala Ruz, “ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o B”, es decir, que “en definitiva se habrían atendido con el remanente del capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido”. De esta forma, el juez afirma que se puede confirmar, a priori, las salidas de dinero reflejadas en los papeles de Bárcenas con la caja B del PP referidas al arquitecto de Unifica imputado, Gonzalo Urquijo, por un importe global de 888.000 euros.

Según Ruz, el informe de la policía viene a confirmar los indicios de “la existencia en el seno del PP de una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el partido popular al Tribunal de Cuentas”. Los pagos irregulares a Urquijo por la reforma de la sede pueden ser constitutivos de delitos fiscales, prosigue el juez, de los que pueden ser responsables el arquitecto, Bárcenas y el ex gerente del partido Cristóbal Páez, todos ellos imputados en el caso, pero también a algunos empleados de Unifica.

A partir de este informe, el juez citó nuevamente, para el 7 de mayo y en calidad de testigos, al ex jefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas, y al cajero del partido Luis Molero. Y a tres empleados de Unifica como imputados: María Rey, jefa de obra y que coordinaba los trabajos; Claudio Montero, jefe de proyectos, y Laura Montero, directora de proyectos. Ruz autorizó ayer a Bárcenas a que prepare su declaración del jueves con su abogado sin la mampara de cristal que hasta ahora los separaba en sus reuniones en la cárcel de Soto del Real, donde permanece detenido por el caso Gürtel.