El senador y presidente del Partido Socialista uruguayo, Reinaldo Gargano disparó la pólvora: opinó que “no sería conveniente” que un eventual gobierno de izquierda revisara la salida uruguaya, como lo hizo la Argentina, de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Gargano lo dijo al semanario Búsqueda en un reportaje que se publicó ayer en alusión explícita a la ley de perdón de militares en Uruguay, denominada de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”. La misma fue sancionada por el Parlamento en diciembre de 1986 y refrendada por voto popular en 1989. Y hasta ahora no fue cuestionada por ningún proyecto de ley. Para el senador del Frente Amplio, Eleuterio Fernández Huidobro, figura de los Tupamaros, la declaración de Gargano no refleja la postura de la coalición izquierdista Encuentro ProgresistaFrente Amplio (EP-FA), que lidera el candidato a las presidenciales de fines de 2004, Tabaré Vázquez.
El vocero de Tabaré, Gonzalo Fernández, ha manifestado anteriormente la intención de la coalición de izquierda de derogar la ley de caducidad. En el medio, se han filtrado voces discordantes. Vale recordar, por ejemplo, al senador socialista José Koseñac que declaró que el plebiscito “le daba carácter superior a la ley”. Ahora le tocó el turno al legislador Gargano, que señaló a Búsqueda –semanario de línea conservadora– que “la mayoría de los uruguayos, ya sea porque estaban de acuerdo o porque sentían miedo, convalidaron esa ley vía el referéndum, y dijeron que a los militares no había que ponerlos presos, y eso lo tenemos que respetar”. El senador Fernández Huidobro, por el contrario, opinó a Página/12 que “habiéndose realizada la consulta en 1989, podría alegarse que hubo chantaje en el voto. Si alguien quiere derogar la ley, yo estoy a favor de llamar a un plebiscito, porque la ley tiene mucha fuerza al haber sido plebiscitada”. Agregó que en el futuro cercano es muy poco factible que se llame a una consulta popular porque “Uruguay entra en un período electoral”.
El senador Gargano presentó un argumento insostenible: “si decimos que no se pueden privatizar las empresas públicas porque hay un pronunciamiento popular a respetar (en 1992, contra la venta del 49 por ciento de la telefónica estatal), no podemos sostener que otra ley convalidada por el pueblo hay que cambiarla e ignorar este pronunciamiento”. La declaración de Gargano, según Huidobro, “no es la postura del EP-FA”, y no es temario hoy por hoy de la alianza, aunque el tema está ahora en la conversación de los uruguayos por las noticias que vienen desde el otro lado del Río de la Plata. Pero Gargano forzó distancias entre el caso argentino del uruguayo. “El presidente Néstor Kirchner, al impulsar la anulación de las leyes de amnistía a militares acusados de violar derechos humanos, recompuso un camino que se había iniciado bajo el gobierno de (el presidente Raúl) Alfonsín (1983-’89) y que (el presidente Carlos) Menem (1989-’99) obstaculizó imponiendo la impunidad”.
El actual gobierno de Jorge Batlle no ha impulsado ningún proyecto que anule el perdón a los militares, Con respecto a la Argentina, tal como lo señala Samuel Blixen para la revista Brecha, el presidente uruguayo “ha obstaculizado pedirle al gobierno de Kirchner que investigue las desapariciones de 150 uruguayos en la Argentina, quizá podría encontrarse con la sorpresa de que, en la respuesta, el gobierno argentino recomiende al uruguayo investigar esas desapariciones en Uruguay”.