Desde París

La política de austeridad promovida por el presidente socialista François Hollande encontró su mejor adversario en el seno de la mayoría socialista gobernante. El jefe del Estado y su primer ministro, Manuel Valls, están a un paso de no contar con la mayoría necesaria para aprobar el “programa de estabilidad” que debe ser votado el próximo 29 de abril en la Asamblea Nacional a raíz de una rebelión protagonizada por un grupo de parlamentarios socialistas. Los apoyos internos necesarios al despliegue de un plan de costosas consecuencias sociales y privilegios para las empresas tambalean cada semana. El bloque presidencial lleva meses tratando de evitar la fractura. Esta, sin embargo, se plasmó luego de la estruendosa derrota de los socialistas en las elecciones municipales de finales de marzo, donde perdieron una gran parte de las ciudades medianas que controlaban. Hollande operó un cambio de gabinete y puso a la cabeza del Ejecutivo a un representante del llamado socialismo liberal, Manuel Valls. La figura fue distinta pero no la línea política. Lo primero que hizo Valls fue presentar un plan destinado a reducir en unos 50 mil millones de euros los gastos públicos. El cambio fue histórico porque el ahorro tocaba en buena medida la política de protección social.

Los socialistas que ya se habían manifestado antes de las elecciones municipales para poner en tela de juicio la carga impositiva, los recortes y el conjunto de medidas destinadas a respetar en 2015 el límite del 3 por ciento de déficit del PIB impuesto por la Unión Europea volvieron a la carga. Unos cien parlamentarios del PS le escribieron a Manuel Valls y denunciaron un “plan económicamente peligroso”, cuyas consecuencias, para ellos, implicaba “retrocesos sociales y perturbaciones en los servicios públicos ineluctables”. El segundo acto de esta revuelta consiste hoy en poner sobre la mesa un plan de economía, distinto al que preparó Valls, es decir, en evitar que se recorten los beneficios sociales previstos inicialmente. Hasta esta semana, inamovible, el gobierno siguió promoviendo su panacea liberal como única alternativa, mientras varios parlamentarios de la mayoría se declaraban “aterrados” o confesaban que sentían que se habían “burlado” de ellos. En resumen, Hollande se fijó una meta diametralmente distinta a la hoja de ruta presentada durante la campaña electoral que condujo a su victoria en 2012. Debe haber pocos ejemplos tan descarados como el que simboliza el presidente Hollande: hacer caso omiso de las promesas, de la mayoría que lo votó, de su propia mayoría parlamentaria y seguir una política más aguda que la derecha que estaba en el poder hasta hace dos años ha sido su “frecuencia” política. Mi “enemigo” es “la finanza”, había dicho Hollande cuando se lanzó en la campaña.

La aritmética de las reformas se le complica ahora con la rebelión de los parlamentarios que promueven una iniciativa alternativa a la que el Ejecutivo busca implementar. En las filas del PS se habla de “bronca mayor y de “desasosiego”. Para muchos, se hace obvio que, en su versión actual, el programa económico chocará con la oposición de un consistente segmento de los socialistas. Para evitar ese desastre, diputados del PS que integran la Comisión de Finanzas han elaborado medidas alternativas a fin de garantizar la aprobación del coquetamente llamado “programa de estabilidad”. El gobierno les pone nombres muy lindos a las cosas. Por ejemplo, el dispositivo mediante el cual las empresas se beneficiarán con unos 50 mil millones de euros de reducción de las cargas patronales se llama “pacto de responsabilidad”, y el que el gobierno prometió para las familias se llama “pacto de solidaridad”. Estabilidad, solidaridad, responsabilidad y, al final, una colosal fractura.

Se trata en estos momentos de encontrar un punto de equilibrio entre el Ejecutivo y la mayoría, ya que, hasta ahora, el gobierno hizo como si esa mayoría no existiera o estuviera a sus pies. El diario Le Monde reveló una nota del grupo de trabajo informal oriundo de la Comisión de Finanzas en la cual este núcleo de parlamentarios socialistas evoca “otra trayectoria para las economías”. Los parlamentarios cuestionan tanto la forma como el propósito diseñado por el Ejecutivo para ahorrar 50 mil millones de euros. Estos socialdisidentes alegan que “el poder adquisitivo de los franceses se ha visto muy afectado por los esfuerzos presupuestarios y no es posible pedir más”. Entre los cambios que adelantan, figura la idea de que no se congelen los beneficios sociales previstos en el plan oficialista –cerca de dos mil millones de euros de economías–. De hecho, desde que llegó al poder, Hollande viene dando tijeretazos múltiples en las ramas de los beneficios sociales. El jefe del Estado corta con tijeras de oro los magros ahorros de quienes poco tienen.

Los sectores más liberales celebran con champagne helado la osadía del presidente: terminar de sepultar el socialismo. Los conjurados socialistas no se oponen a que se economicen 50 mil millones de euros, pero sí a que esto recaiga en las clases medias y menos medias que ya pagaron un alto tributo. El ajuste fiscal teledirigido desde Bruselas, ideado por Alemania y defendido por el Ejecutivo, contempla el congelamiento de los salarios de los funcionarios, de varias prestaciones sociales –jubilación por ejemplo– sin la más tímida contrapartida exigida al gran patronato, el cual, sin explicar ni cómo ni de dónde, jura sobre el código laboral que esas medidas crearán cientos de miles de empleos. Ese optimismo liberal se ve diariamente matizado por otros estudios que advierten que, contrariamente a lo que se cree, el cóctel de austeridad y recortes en vez de impulsar la economía sólo creará más pobreza y, desde luego, beneficios para las empresas.

El gobierno no tiene otro camino que consensuar con los rebeldes. Hollande ya no cuenta ni con el voto de los comunistas ni con el del Frente de Izquierda, de JeanLuc Mélenchon, ni con el de los ecologistas. Sólo le quedan sus propios parlamentarios para cuajar una mayoría. Ello no quita ni un solo ingrediente a la lamentable comedia política que ofrecen los socialistas. El nuevo primer secretario del PS, Jean Christophe Cambadélis, se ofuscó con los rebeldes en nombre del principio según el cual está bien protestar contra la derecha, mientras que al primer ministro Valls se le debe una “exigente solidaridad”. Los electores que votaron a los parlamentarios que hoy salen a la arena contra su propio gobierno no parecen tener existencia alguna. El socialismo gobernante se asemeja mucho a esas actrices de comedia musical que se cambian muchas veces de ropa durante el espectáculo. Rojo, azul, harapos, polleras, escotes y ropa de monja. Jean Christophe Cambadélis dirige hoy el PS, pero hace un año, cuando era vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE), escribió un rotundo alegato contra las políticas que defiende en estos días. El texto de Cambadélis denunciaba el hecho de que el “proyecto comunitario está herido por una alianza de circunstancia entre los acentos thatcherianos del primer ministro británico –quien sólo concibe Europa como un menú y a bajo precio– y la intransigencia egoísta de la canciller Merkel, la cual sólo piensa en los ahorristas de Alemania, en la balanza comercial de Berlín y en su porvenir electoral”. La misma farsa está en el origen con el famoso “mi enemigo es la finanza” de Hollande. El poder cambia las ideas. En la Francia del siglo XXI parece que para contener la dicta-austeridad hay que votar a la derecha.

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