El avance represivo amenaza el derecho de protesta en España, denunció ayer Amnistía Internacional en un informe que relata abusos policiales y la implementación de leyes draconianas contra los manifestantes. En el documento, presentado en Madrid y titulado “España: El derecho a protestar, amenazado”, la Organización No Gubernamental (ONG) denuncia cómo el gobierno de Mariano Rajoy está utilizando todo los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica. En ese sentido, señala que la futura Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por Rajoy, líder del derechista Partido Popular (PP), supondrá “la puntilla del gobierno a un progresivo deterioro” del derecho de reunión, asociación y expresión en España.

Asimismo, la organización denuncia el uso abusivo de la fuerza contra los manifestantes y de las sanciones administrativas y penales, que están provocando un efecto disuasorio en la ciudadanía a la hora de salir a protestar. AI destaca que las violaciones de derechos humanos recogidas en su informe, elaborado durante 2013 y que incluye el testimonio de 30 víctimas de abusos, no se producen en un entorno vacío, sino en el marco del avance de las políticas neoliberales.

La organización recuerda que desde la crisis económica y financiera que comenzó a golpear a España en 2008, la pérdida de puestos de trabajo –hasta seis millones de desocupados–, las medidas de austeridad y la falta de transparencia en la toma de decisiones llevaron a miles de personas a salir a la calle a expresar su malestar. En 2012 hubo casi 15.000 manifestaciones en toda España: unas 40 por día. En 2013 hubo 4500 solamente en Madrid: un incremento de un millar respecto del año anterior. Pero el propio gobierno español reconoció que sólo hubo actos violentos en menos del uno por ciento de las protestas.

El estudio abarca las manifestaciones que tuvieron lugar en los últimos años, como las protagonizadas por el movimiento 15-M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones sociales que luchan pacíficamente contra los recortes y las políticas de ajuste del gobierno de Rajoy. AI explica que, según la legislación española, las personas consideradas como organizadoras o líderes de manifestaciones no autorizadas pueden ser sancionadas con multas escalonadas que van de los 300 a 30.050 euros.

El estudio releva que la Delegación del Gobierno de Madrid impuso 1117 multas por infracciones administrativas en 2012. Por su parte, la Comisión Legal de Sol, del movimiento 15-M, tuvo conocimiento de 953 casos entre mayo de 2011 y abril de 2013, además de 314 personas apercibidas por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. En la mayoría de los casos, las sanciones se adoptaron por participar en manifestaciones no notificadas.

También se considera como infracción grave la negativa a disolver manifestaciones o reuniones cuando lo ordena la autoridad competente, por ejemplo cuando se considera que una manifestación está provocando una alteración del orden público o está poniendo en peligro a personas o bienes. El informe indica que la PAH acumula hasta el momento más de 40.000 euros en sanciones.

El otro punto destacado del informe es el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y periodistas, abusos y maltratos cometidos durante detenciones, así como la falta de transparencia en las investigaciones internas cuando los agentes de seguridad son denunciados. “Han existido violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad”, asegura AI. “La policía ha utilizado repetidamente porras y proyectiles de goma contra manifestantes, en actuaciones que se han saldado con heridas y mutilaciones tanto de manifestantes como de transeúntes”, afirma esa organización. “La policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren un acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas”, subraya el documento.