Human Rights Watch (HRW) denunció a las fuerzas de seguridad de Venezuela por los disturbios que comenzaron el 6 de febrero. La organización humanitaria presentó en Washington una investigación que realizó en marzo sobre los hechos de violencia entre el gobierno de Caracas y fuerzas opositoras, en los que murieron 41 personas y hubo más de 700 heridos.

“En 45 casos, encontramos evidencias convincentes de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas”, señaló la organización. “Los abusos se vieron agravados por la actitud de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial, que conocieron, participaron o de otro modo toleraron abusos contra manifestantes y detenidos” agrega el informe.

El gobierno de Nicolás Maduro asegura que las protestas forman parte de un plan de insurrección apoyado por Estados Unidos, mientras que la oposición afirma que las manifestaciones se producen por la inseguridad, el desabastecimiento y la restricción de libertades.

“En la mayoría de los casos que documentamos, miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso ilegítimo de la fuerza, que incluyó disparar y golpear brutalmente a personas que no estaban armadas”, consigna el informe. Sobre las víctimas, el documento afirma que casi todas fueron además arrestadas. Y mientras permanecieron detenidas, sufrieron abusos físicos y psicológicos. En al menos diez casos, los abusos “claramente constituyeron tortura”, asegura HRW, y admite que algunos manifestantes apelaron a métodos violentos.

En los 45 casos de violaciones a los derechos humanos que documentó HRW, las evidencias indicaron que las personas que fueron víctimas de uso ilegítimo de la fuerza y otros abusos no estaban participando en actos de violencia u otras actividades delictivas. “La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de estos abusos, acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables, sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a las personas por sus opiniones políticas reales o presuntas”, completa la organización.

Y arrima algunas ideas sobre el alcance del informe presentado en Washington. “Nuestro trabajo nos permite concluir que los abusos no fueron casos aislados o excesos de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que formaron parte de un patrón más extendido del cual deben o deberían haber tenido conocimiento altos funcionarios civiles y de las fuerzas de seguridad y que parecieran, como mínimo, haber tolerado”.