Miles de estudiantes marcharon ayer por la principal avenida de Santiago de Chile en demanda de una enseñanza pública gratuita y de calidad, que Michelle Bachelet prometió como parte de su programa de gobierno. Se trata de la primera movilización desde que la presidenta asumió su segundo mandato, el 11 de marzo pasado. Los estudiantes universitarios y secundarios exigen participar en el diseño de las reformas que elabora el Ministerio de Educación y que conformarán varios proyectos de ley que serán enviados al Congreso en el segundo semestre del año. Al cierre de la multitudinaria marcha, un policía de carabineros sufrió quemaduras causadas por una bomba molotov lanzada por manifestantes. El policía herido fue trasladado a un hospital mientras el resto de los uniformados dispersaron la movilización con carros lanzaagua y gases lacrimógenos. Los dirigentes estudiantiles calcularon en más de cien mil los asistentes a la marcha, mientras que la policía estimó que eran unos 40 mil.

A comienzos de semana, la presidenta chilena firmó el primer proyecto de ley de su gobierno en materia de educación, que crea la figura de un administrador provisional de universidades en crisis para garantizar la continuidad de clases para sus alumnos. En otros términos, la iniciativa busca aumentar las facultades de un interventor en casos como el ocurrido con la Universidad del Mar, institución en la que miles de estudiantes quedaron a la deriva por una mala gestión. “Estamos dando el primer paso de un camino, que será complejo”, dijo la mandataria el lunes, tras la firma del documento en el Palacio de La Moneda. Bachelet prometió una profunda reforma del sistema educativo privatizado y segregacionista heredado de la dictadura pinochetista.

Este administrador podrá intervenir toda vez que una investigación del Ministerio de Educación o un fallo judicial determinen la incapacidad de la universidad de asegurar a los alumnos la continuidad de los estudios tal y como fue ofertado. A su vez, el proyecto de ley otorga amplias atribuciones al administrador, quien asumirá el control académico, administrativo y financiero de la universidad durante su intervención, a diferencia de la normativa actual, en la que rectores y dueños mantienen la gestión.

El proyecto, que se podrá aplicar a universidades y centros de formación técnica de educación superior, obliga al interventor –en un plazo limitado– a diseñar un plan que reconstruya la gestión del centro educativo o, en caso de imposibilidad, de determinar su cierre. Según el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, el proyecto no busca innovar en materia de condiciones por las que se puede cerrar una universidad sino establecer la figura de un administrador para saber si es necesario cerrar, y viabilizar los estudios de los alumnos.

El ministro aseguró que desde el Ejecutivo chileno esperan que la figura del interventor sea utilizada de forma excepcional, ya que el gobierno pretende crear una Superintendencia de Educación que sea capaz de fiscalizar el funcionamiento de las universidades y detectar las malas gestiones a tiempo. Hace dos años se nombró un interventor en el caso de la Universidad del Mar, instituto cerrado por irregularidades administrativas y mala calidad de algunas de las carreras que impartía, dejando a la deriva a unos 18 mil alumnos.

Al finalizar la movilización, una de las referentes estudiantiles se expresó sobre la finalidad de la protesta. “Nos jugamos por la participación en la reforma. Creo que es fundamental que demostremos que somos muchos y que tenemos propuestas”, dijo Naschla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). “Hay ciertas indefiniciones en el gobierno y en el Ministerio de Educación, que nos producen escepticismo”, señaló Tomás Leighton, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones). El dirigente estudiantil agregó: “Se prometió el envío de proyectos de copago, del fin del lucro y de la selección, y estamos expectantes del envío”.

Bachelet impulsó una reforma tributaria con la que busca aumentar en 8200 millones de dólares anuales la recaudación fiscal para financiar cambios de fondo a la enseñanza, garantizado gratuidad en todos sus niveles. Tras haberse reunido un par de veces con el ministro de Educación, los dirigentes estudiantiles destacaron la ambigüedad de sus propuestas en puntos que para ellos son fundamentales: gratuidad, fin del lucro y administración municipal de la enseñanza básica y secundaria.

El gobierno, por su parte, insistió en su disponibilidad a escuchar a todos los sectores involucrados en la reforma y a recoger el máximo de propuestas que permitan avanzar gradualmente a un sistema gratuito y de calidad. También reconoció como un derecho la decisión de los estudiantes de manifestarse y permitió que la marcha se desplazara por La Alameda, la principal avenida de la capital trasandina, hasta el frente del Palacio de Gobierno, cosa que no ocurría desde 2011, cuando comenzaron las masivas protestas por la educación.

Durante prácticamente todo su trayecto, la movilización de los estudiantes se produjo en forma pacífica, sin que fuera necesaria la intervención de la policía hasta su conclusión, cuando irrumpieron algunos grupos de encapuchados. La marcha concluyó con un acto en el Parque Almagro, aledaño al centro cívico.