@España archivó la causa abierta por el genocidio perpetrado en el Tíbet. La Justicia peninsular tomó ayer esa determinación al entender que no se cumplen los requisitos para seguir investigando el caso tras la limitación de la justicia universal que impulsó el gobierno de Mariano Rajoy. Según fuentes jurídicas citadas por medios españoles, nueve magistrados del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional votaron a favor de archivar la causa y siete lo hicieron en contra, aunque aprobaron continuar con la investigación de la muerte de Baby Hamday Bugema, supuestamente atropellado por un furgón policial en un asentamiento en El Alaiún (Sahara occidental), ya que España sigue siendo de derecho la administradora de este territorio.

Así el tribunal concluyó que no se cumple ninguno de los supuestos que exige la reforma aprobada por el Ejecutivo de Rajoy para seguir con la investigación: los querellados no son españoles, no residen en España, ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas. Los siete magistrados que votaron en contra de archivar este caso, que investigaba el juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, dudaban de la constitucionalidad de la reforma y por ello querían enviar el expediente al Tribunal Constitucional para que decidiera si va en contra de los preceptos de la Carta Magna peninsular.

La causa abierta contra el genocidio en el Tíbet fue uno de los detonantes de la tramitación exprés de la reforma de la jurisdicción universal en España. La investigación desató una crisis diplomática entre el gobierno chino y el español. Esta decisión provocó que el gobierno chino expresara en varias ocasiones su firme oposición a la decisión de la Justicia española, así como su deseo de que el gobierno resolviera de forma apropiada este asunto. En noviembre, Beijing expresó su profundo malestar y advirtió a España que, de continuar con el proceso judicial, la pesquisa dañaría las relaciones internacionales.

El 10 de febrero, el juez Moreno emitió una orden de búsqueda y captura contra cinco ex altos cargos del gobierno chino, entre los que se encontraba el ex presidente Jiang Zemin, para que fueran encarcelados bajo prisión incondicional sin fianza. El magistrado les atribuía a los funcionarios chinos presuntos delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad cometidos en la región del Tíbet en las décadas de los ’80 y los ’90. No es el único caso que la Audiencia Nacional decidió archivar ayer: tomó la misma medida con la muerte de un grupo de seguidores del movimiento Falun Gong, una práctica espiritual prohibida en China, que tuvo lugar entre 1999 y 2002. El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer continuar con la investigación abierta por el asesinato del ciudadano español Baby Hamday Bugema, que resultó muerto en el asalto en octubre de 2010 al Campamento de la Dignidad, establecido cerca de El Aaiún.

Por estos hechos, el hermano del fallecido presentó una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros de Marruecos y altos cargos policiales de ese país, entre ellos el ex ministro del Interior marroquí Taib Cherkaui y el ex gobernador de El Aaiún Mohamed Jelmous. En este caso, la Sala de lo Penal, siguiendo el criterio determinado por la fiscalía, se declaró competente al entender que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el Sahara, “un territorio no autónomo sometido a un proceso de descolonización” y sobre el que Marruecos no tiene la soberanía conforme a las normas de Naciones Unidas.

El pleno acordó por último confirmar la falta de jurisdicción de España para investigar a otros ocho marineros egipcios, presuntamente narcotraficantes, que fueron detenidos el 6 de marzo de 2014, en un buque sin bandera, que navegaba en aguas internacionales, cercanas a Almería y fuera de la competencia española, y que transportaba 9851 kilos de hachís. Como se pronunciaron en ocasiones anteriores, los magistrados entienden que a partir de la nueva ley de jurisdicción universal, los tribunales españoles no son competentes para investigar hechos como éste.

El juez Fernando Andreu decidió liberar a los marineros el pasado 8 de abril, ya que la reforma de la justicia universal establece que los tribunales españoles sólo serían competentes para juzgarlos en caso de que los detenidos sean nacionales o la droga tenga como destino España. Se trata de los primeros narcotraficantes dejados en libertad por un juez de la Audiencia Nacional, a los que siguieron decenas más de varias nacionalidades. Desde la reforma de la justicia universal aprobada en marzo por el Congreso, el máximo tribunal ya avaló la liberación de medio centenar de narcotraficantes extranjeros apresados en barcos fuera del territorio nacional.

Además de los partidos de la oposición en España, sindicatos y ONG se han expresado en los últimos meses en contra de la reforma de la justicia universal impulsada por el gobierno de Rajoy. El ex juez español Baltasar Garzón logró aunar a esas voces críticas en un congreso celebrado el pasado mayo. Precisamente fue el ex magistrado quien en 1998 abrió el camino de las investigaciones sobre el principio de justicia universal en España con la orden de detención de Pinochet en Londres.