El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ayer que algunos empresarios, en base a sus creencias religiosas, pueden negarse a contratar seguros de salud que contemplen la administración de anticonceptivos para sus empleados, cobertura prevista por la reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama. La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra. Se trata de la primera vez en que el máximo tribunal dictamina que las empresas con fines de lucro pueden tener puntos de vista religiosos bajo la ley federal.

La reforma sanitaria, promulgada en 2010 y considerada el logro legislativo mayor de Obama, estipula que casi todas las empresas con más de cincuenta empleados incluyan en sus seguros de salud el subsidio de los anticonceptivos. El propio Tribunal Supremo ratificó la ley en 2012, tras una serie de demandas.

Sin embargo, ayer el alto tribunal falló a favor de las firmas Hobby Lobby, una cadena nacional de venta de artesanías y manualidades cuyos dueños son cristianos evangélicos, y Conestoga Wood Specialties, que fabrica gabinetes y es propiedad de menonitas. El fallo implica que la administración Obama debe encontrar una alternativa para proporcionar métodos anticonceptivos a las mujeres de las empresas que aleguen objeciones religiosas para hacerlo.

“Las empresas, en los casos que se nos presentan, son sociedades anónimas cerradas, propiedad y bajo el control de los miembros de una misma familia y nadie pone en duda la sinceridad de sus creencias religiosas”, explica la Corte en el fallo. El tribunal dejó en claro que la sentencia se aplica sólo a las empresas que están bajo el control de unas pocas personas en las que no haya diferencia esencial entre las creencias religiosas de los propietarios de la empresa.

La Casa Blanca lamentó la decisión y aseguró que trabajará con el Congreso para asegurar que “cualquier mujer afectada por esta decisión tendrá la misma cobertura de servicios vitales de salud que el resto de la población”. “La decisión de hoy pone en riesgo la salud de las mujeres que están empleadas por estas compañías. Los anticonceptivos son vitales para su propia salud y su bienestar”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

La presidenta del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés), Debbie Wasserman Schultz, también se mostró “decepcionada y profundamente preocupada” por la decisión. “Gracias a la Ley de Asistencia Asequible, millones de ciudadanos han tenido acceso a los servicios preventivos sin costos de su propio bolsillo, incluyendo el control de la natalidad”, agregó Wasserman Shultz.

“Si la Corte Suprema no protege los derechos reproductivos de las mujeres, lo haremos los demócratas”, advirtió el líder de la mayoría de ese partido en el Senado, Harry Reid. Por el contrario, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, consideró el falló como “una victoria para la libertad religiosa y otra derrota para una administración que ha cruzado repetidamente los límites constitucionales en la búsqueda de sus objetivos de gobierno”.

“La ley de salud del presidente sigue siendo un caos inviable y un lastre para nuestra economía. Debemos derogarla y promulgar mejores soluciones que comiencen con la reducción de los costos de atención de la salud de los estadounidenses”, añadió Boehner.

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), Reince Priebus, también aplaudió este fallo del Supremo. “El tema central de este caso era si el gobierno federal puede obligar a los estadounidenses a violar sus profundas creencias religiosas, y por suerte la Corte ha sostenido los límites adecuados en el poder del gobierno”, agregó el republicano.

La decisión, aunque no exime a grandes empresas, es un revés más para la Administración Obama y su reforma sanitaria, que ha sufrido un escollo tras otro en los últimos meses con los problemas de implantación de los nuevos mercados de seguros médicos. Según un estudio del grupo Center for American Progress, en el país, el costo del anticonceptivo de uso más común, la píldora, alcanza unos 1210 dólares anuales, incluyendo las visitas al médico y el suministro de las pastillas.