Las víctimas del conflicto armado colombiano comenzaron a recopilar sus propuestas para la paz, conscientes de que será imposible conseguir una representación que sea igualitaria para todos en la mesa de negociación de paz que llevan adelante el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana. El presidente reelecto, Juan Manuel Santos, reiteró ayer que el diálogo que su gobierno entabló con la guerrilla colombiana es tal vez la última oportunidad que tiene el país para finalizar el conflicto armado que sufre desde hace más de medio siglo. “Avanzamos hacia la paz en un proceso digno, realista y eficaz que representa la mayor oportunidad, tal vez la última y única en nuestra historia, para terminar un conflicto de más de medio siglo”, dijo el mandatario.

Santos hizo esa afirmación al entregar el balance de su primer mandato, que terminará el jueves próximo. La semana pasada, luego de que recrudecieran atentados de las FARC, Santos advirtió que consideraría la posibilidad de interrumpir el proceso de paz si el grupo insurgente continuaba atacando a la población civil. En el diálogo que se realiza en La Habana desde noviembre de 2012, las partes ya alcanzaron acuerdos preliminares acerca del desarrollo agrario, la participación en política de los guerrilleros que se desmovilicen y el narcotráfico, tres de los seis temas de la agenda pactada. Las conversaciones se reanudarán a mediados de este mes, para discutir la situación de las víctimas del conflicto armado.

Ayer, la ciudad de Cali fue el escenario escogido para comenzar a reagrupar las conclusiones de centenares de peticiones que, a lo largo del mes de julio, se recopilaron en tres foros regionales organizados por Naciones Unidas (ONU) y la Universidad Nacional. A ellos les fue encomendado, por parte de los negociadores de las FARC y el gobierno, que sintetizaran los reclamos de las víctimas para incluirlas en el cuarto punto de los cinco que contiene la agenda para firmar la paz: la reparación a las víctimas. Y es que este aspecto es quizás el más delicado, pues la contienda deja 220.000 muertos, unos 25.000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 27.000 secuestrados, además de unas 2000 masacres, según datos del Centro de Memoria Histórica.

Para empezar a abordar la cuestión quedan apenas dos semanas, pues se espera que la primera de las cinco delegaciones de representantes de víctimas llegue a La Habana el 16 de agosto, pero los asistentes al foro de Cali ya dan por hecho que la representación no será justa. “Yo sólo aspiro a dejar claro –porque no creo que vaya a ir a La Habana– que nos respeten, que no utilicen este foro para atraer a personas que lo único que hacen es dar entrevistas y pasársela bonito”, dijo Luis Enrique Reinoso, víctima y representante de más de 160.000 desplazados. Reinoso fue encarcelado por el Estado acusado de actos que se demostraron eran falsos. Pero cuando volvió a su casa, en una zona rural, las FARC lo consideraron amigo del gobierno, y como consecuencia tuvo que huir. Reinoso considera que quienes ocupan la mesa central son víctimas de alto nivel o primera categoría, y, como asume que ya ha perdido la batalla por obtener visibilidad en el proceso, anuncia que buscará dar a conocer la situación real de las víctimas, eclipsada, según señala, por la publicidad internacional.

Su crítica manifiesta resume el sentir de los asistentes al foro, que no es ajeno a la ONU, como demostró en su intervención inaugural el director de este organismo en Colombia, Fabrizio Hochschild. “La discusión sobre lo que constituye un equilibrio justo es sensible y dolorosa. La ONU no puede definir cuál es el equilibrio justo ni lo pretendemos”, afirmó el funcionario. Para víctimas como Manuel Restrepo, que prefiere mantener su verdadera identidad oculta, estas palabras escenifican su caso, pues pertenece al grupo con menos representación en este foro, las víctimas de las FARC.

“Creemos que se les da más prioridad a otros sectores que a nosotros, porque cuando vemos que vamos a reclamar a la guerrilla, sentimos que no vamos a ser recibidos. Reclamamos participación y no hemos obtenido respuesta”, aseguró Restrepo, que también tuvo que dejar atrás sus tierras, acusado de ser un espía del gobierno. Cómo dar representación equitativa para los 6,5 millones de víctimas de Colombia es una cuestión especialmente compleja de abordar en el foro de Cali, reconoció Marco Romero, coordinador del evento y director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dependiente de Acnur.

“Este no es un encuentro para hacer mayorías, sino para sistematizar propuestas”, aseguró Romero, que confirmó que los grupos más numerosos del foro son víctimas de Estado y paramilitares.