Unos setenta iraquíes sunnitas fallecieron ayer en un ataque de milicianos chiítas contra una mezquita en la provincia oriental de Diyala. Se trata de un grave incidente sectario, que tuvo repercusiones políticas en Irak. Este ataque ocurre en un momento delicado, cuando el primer ministro designado, Haider al Abadi, intenta formar gobierno y atraer a su proyecto a sunnitas y kurdos para luchar contra los jihadistas del grupo radical Estado Islámico (EI).

La respuesta de los grupos sunnitas no se hizo esperar. El movimiento Diyala es Nuestra Identidad, encabezado por el nuevo presidente del Parlamento, Salim al Yaburi, y la Coalición Al Arabiya se retiraron de las consultas con el premier. Ambos bloques, que cuentan con quince diputados, condicionaron su participación a que los autores del ataque sean presentados ante la Justicia en 48 horas y a que se indemnice a las víctimas. El ataque tuvo como blanco la mezquita de Musaab bin Omair, en la localidad de Bin Wais, coincidiendo con la multitudinaria oración del mediodía del viernes.

Mientras que los grupos políticos sunnitas y testigos presenciales hablaron de 70 muertos, fuentes oficiales y de seguridad rebajaron la cifra a una treintena de personas o incluso menos. Un activista sunnita, citando a testigos, explicó que los milicianos chiítas afines al ejército lanzaron varios proyectiles antes de abrir fuego con ametralladoras de forma indiscriminada. Después de la masacre, asediaron la mezquita durante treinta minutos e impidieron que se trasladara a los heridos a los hospitales, según este activista de la red Gran Revolución Iraquí.

Habitantes de la zona señalaron que el ataque fue una venganza por el estallido poco antes de varias bombas contra voluntarios chiítas, que causaron la muerte a seis personas. Un portavoz del Ministerio del Interior dijo, sin embargo, que se produjo un tiroteo entre hombres armados y milicianos chiítas, después de que estos sufrieran una explosión.

Las presiones llevaron a las fuerzas armadas iraquíes a anunciar la formación de una comisión de “alto nivel” para investigar el suceso, como pidió entre otros Amnistía Internacional.

Irak es escenario de un conflicto armado, con tintes sectarios, desde junio pasado, cuando el EI –apoyado por otros grupos sunnitas– lanzó una ofensiva en la mitad norte del país y proclamó un califato islámico en las zonas bajo su control. El respaldo de ciertos grupos sunnitas al EI, al menos al principio, se debe a las políticas sectarias y excluyentes llevadas a cabo por el primer ministro saliente, Nuri al Maliki.

La Unión de las Fuerzas Nacionales, que engloba a la mayoría de los grupos sunnitas, atribuyó de hecho la responsabilidad del aumento de la violencia en Irak a Al Maliki y a las fuerzas de seguridad. “Las milicias criminales gozan de la protección de algunas formaciones políticas, y las fuerzas de seguridad no intervienen en estos ataques”, criticó la Unión en su nota.

El violento desalojo de varias protestas organizadas por los sunnitas para denunciar la discriminación que dicen sufrir ya desencadenó episodios de violencia en los últimos años. Uno de los feudos de los extremistas del EI es la provincia de Nínive, ahora blanco de bombardeos estadounidenses y de operaciones de las fuerzas kurdas, los peshmergas. En un ataque aéreo efectuado ayer murieron al menos 35 combatientes jihadistas en las afueras de la localidad de Nahia, 22 kilómetros al noroeste de Mosul, capital de Nínive y en manos del EI.