Página/12 En Perú

Desde Lima

Tres semanas después del asesinato de cuatro líderes indígenas asháninkas en la selva amazónica, ocurrido el 1º de septiembre, las autoridades anunciaron, el fin de semana, la captura de un sospechoso de haber participado en el cuádruple asesinato, atribuido a madereros ilegales. Los indígenas asesinados, Edwin Chota, Leoncio Quinicima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, dirigentes de la comunidad amazónica de Saweto, cercana a la frontera con Brasil, venían luchando desde años contra la tala ilegal de madera y por la titulación de sus tierras ancestrales, sin que las autoridades los escuchen. Como telón de fondo de este crimen está la lucha de las comunidades nativas amazónicas por defender sus tierras, sin apoyo de las autoridades, de amenazas, como la tala ilegal de madera –defensa que también se extiende frente a la industria extractiva legal, como la minería o el petróleo, que invade sus territorios– y el abandono de estos pueblos originarios por parte del Estado. El presidente, Ollanta Humala, ha calificado el crimen de “bárbaro” y ha dicho que lo ocurrido “nos avergüenza como sociedad”. Pero en su momento, el Estado no hizo nada para evitar un asesinato anunciado.

Edwin Chota, de 53 años y presidente de la comunidad de Saweto, había anunciado su muerte hace más de un año. Pidió reiteradamente protección, pero nadie lo escuchó. “La ley no llega a nosotros, estamos amenazados de muerte (por los madereros ilegales), en cualquier rato vamos a ser muertos”, había dicho Chota en un reportaje que hizo The New York Times en abril de 2013 sobre la lucha de los indígenas contra los comerciantes ilegales de madera. “Hay un vacío de las instituciones del gobierno peruano. No tenemos protección (...) Ese vacío es un riesgo, es un peligro de vida para no-sotros. Hace tiempo corremos ese riesgo, los madereros están armados y sabemos cómo actúan”, advirtió Chota en su dramático testimonio dado en esa ocasión.

No fue la única advertencia que hizo sobre el riesgo que corría su vida. Chota se dirigió a la fiscalía para denunciar las amenazas de muerte y pedir protección. Lo hizo más de una vez. “En represalia (por la denuncia frente a la tala ilegal), las amenazas de muerte y denuncias sin fundamento hacia mi persona y los comuneros de Saweto (se han dado) con mayor fuerza. Por eso pido la prevención de cualquier atentado contra nuestras vidas”, declaró a la fiscalía. Pero las autoridades le dieron la espalda, a él y a su amenazada comunidad. Nunca recibió protección y sus repetidas denuncias contra la tala ilegal de madera fueron siempre archivadas. El Estado tampoco hizo caso a su insistencia durante más de diez años para que las tierras de su comunidad sean tituladas.

El asesinato anunciado se concretó cuando los cuatro dirigentes indígenas viajaban por un camino de la selva hacia otra comunidad asháninka, Apiwtxia, en el lado brasileño de la frontera, donde debían asistir a una reunión para coordinar acciones contra los madereros ilegales que amenazan a sus comunidades. Ante el desinterés inicial de las autoridades por lo ocurrido, las viudas de los dirigentes asesinados viajaron tres días en balsa de Saweto hasta Pucallpa, la capital de la región de Ucayali, para pedirles a las autoridades que se movilicen para recuperar los cuerpos de sus esposos y exigir que se investigue el crimen.

La repercusión que alcanzó el caso movilizó a las autoridades. Organizaciones indígenas, organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras, se pronunciaron exigiéndole al gobierno peruano que actúe para proteger a estas comunidades y para detener, juzgar y sancionar a los responsables de los cuatro asesinatos.

Ante el escándalo por lo ocurrido, el gobierno decidió darle a Saweto la protección que durante largo tiempo les negó a Chota y sus compañeros asesinados, enviando a 40 policías para proteger la amenazada comunidad. No se sabe cuánto tiempo se quedará la policía en el lugar. En un esfuerzo por borrar la imagen de abandono estatal de las comunidades amazónicas, el fin de semana, la primera ministra, Ana Jara, viajó a Saweto, donde repartió víveres a los pobladores y anunció la creación de un alto comisionado contra la tala ilegal de madera y de una comisión multisectorial para iniciar el proceso de titulación de las tierras de la comunidad y poner en marcha programas de desarrollo.

Pero estos anuncios se dan en momentos en que el gobierno ha dictado una serie de medidas que facilitan el ingreso de las industrias extractivas, como la minería o la explotación petrolera, a las tierras indígenas, y flexibilizan los controles ambientales para estas industrias. La mayor parte de las tierras de los 350 mil pobladores originarios de la Amazonia no están tituladas. El Estado otorga concesiones a las industrias extractivas que muchas veces se sobreponen a esos territorios indígenas y no actúa frente a las denuncias de contaminación que producen esas industrias.

En junio de 2009, en el gobierno de Alan García, una amplia protesta de los pueblos amazónicos contra el ingreso de estas industrias a sus tierras terminó con 33 muertos. Cinco años después, el asesinato de Edwin Chota y los otros tres dirigentes indígenas ha vuelto a poner en evidencia las amenazas, de mafias ilegales o incluso del propio Estado, que afectan a los pueblos originarios de la Amazonia, y su histórica exclusión.