Página/12 En México

Desde México, D. F.

La pequeña localidad de Pueblo Viejo se estremeció el sábado con la ocupación de cientos de militares y policías federales y estatales que llegaron hasta seis fosas clandestinas para extraer hasta el momento al menos 20 cadáveres que, se teme, correspondan a algunos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzosa desde hace 10 días, cuando fueron atacados por policías y sicarios mientras realizaban acciones de proselitismo.

La noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre pasado fue el infierno para decenas de personas en Iguala, una pequeña ciudad a la entrada de la región conocida como Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, a 191 kilómetros por ruta al sureste de la capital del país. Aquí, 43 estudiantes normalistas desaparecieron luego de que ellos y sus compañeros fueran perseguidos y acribillados por policías municipales y gatilleros locales que arrasaron con todo lo que les pareciera sospechoso, incluidos un micro que transportaba a un equipo de fútbol de tercera división profesional al que desbarrancaron a tiros, un taxi que pasaba por ahí y un grupo de sindicalistas del Colegio de Bachilleres local. En los ataques, cinco personas murieron –incluido un menor de apenas 14 años– y la pasajera del taxi. Otras 25 resultaron heridas.

Pero el verdadero horror fue lo que padeció Julio César Mondragón, un joven de escasos recursos que en agosto pasado emigró de la Ciudad de México a Ayotzinapa para inscribirse en la Escuela Normal Rural, que ofrece educación, vivienda y alimentación gratuita a cientos de jóvenes de Guerrero y de estados colindantes, a los que forma como profesores de educación primaria. El Chilango, como le apodaron sus compañeros a Julio César, era parte del grupo de estudiantes que se movilizó a Iguala a recaudar fondos y tomar algunos micros en los cuales trasladarse a la capital del país para participar en la marcha conmemorativa del 46º aniversario de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Lo que no calcularon es que serían ferozmente reprimidos. Julio César Mondragón fue uno de los primeros heridos de bala. Cayó tras recibir varios impactos mientras huía. Sus compañeros vieron cómo un grupo de policías lo subió a una patrulla. Ingenuos, pensaron que lo llevarían a un hospital. No lo volvieron a ver con vida. El cadáver de El Chilango fue encontrado al día siguiente, desollado. Las cuencas de los ojos vacías, el hueco de la nariz oscuro e insondable, los dientes apretados por una quijada contraída y descubierta, un cinturón apretado alrededor del cuello descarnado. Todo el rostro, una masa sanguinolenta, arrancada la faz con una saña inaudita. Es la imagen de la barbarie.

Versiones periodísticas sostienen que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa habrían sido privados de su libertad por policías locales e integrantes de los cárteles Los Rojos y Guerreros Unidos, dos células que se desprendieron del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, según atribuye el diario La Jornada a funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Guerrero es un estado marcado históricamente por la represión. Aquí se escribieron páginas de ignominia durante la guerra sucia en México a finales de los ’60 y durante la década del ’70, cuando nacieron en estas tierras el Partido de los Pobres y las guerrillas encabezadas por Lucio Cabañas, un maestro normalista, y Genaro Vázquez Rojas, líder sindical del magisterio guerrerense. Diversos movimientos guerrilleros han estado presentes en Guerrero desde los años ’20 del siglo pasado y hasta la fecha. Que se tenga noticia, actualmente operan en este estado la Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento, Organización Revolucionaria 2 de diciembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el PDPR-EPR –la tendencia democrática de esta guerrilla–, así como el Ejército Popular Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Comando Justiciero 28 de Junio, el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP) y el Ejército Ricardo Flores Magón (ERFM).

En este contexto, desde el viernes pasado, en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares en favor de los 43 normalistas desaparecidos tras el ataque de policías municipales en Iguala, en demanda de que el Estado mexicano localice a los estudiantes y proteja “sus derechos a la vida y a la integridad personal”. Al mismo tiempo, miles de estudiantes, maestros, campesinos y padres de familia de Guerrero marcharon durante cuatro horas por las calles de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, así como el castigo a los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato de seis personas a manos de policías municipales de Iguala y de pistoleros.

La violenta represión contra estudiantes normalistas de Guerrero fue el marco para movilizaciones en la Ciudad de México de más de 70 mil estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el pasado martes 30 de septiembre, que reclamaban dar marcha atrás a un nuevo reglamento interno de la casa de estudios, así como radicales modificaciones en los planes de estudios. El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, salió a la calle a encontrarse con los estudiantes y recibir su pliego petitorio, lo cual fue interpretado como una victoria estudiantil. El viernes 3, en un nuevo encuentro en la acera frente a la Secretaría de Gobernación, Osorio accedió públicamente a todas las peticiones de los estudiantes politécnicos, incluida la renuncia de la directora de la institución, Yoloxóchitl Bustamante.

En Pueblo Viejo, las seis fosas clandestinas encontradas están bajo estudio forense de la Procuraduría General de la República para determinar si los cadáveres encontrados ahí corresponden a los estudiantes normalistas desaparecidos. En total hay 30 personas detenidas por el ataque: 22 policías municipales y ocho informantes y gatilleros del crimen organizado, quienes habrían dado las pistas para localizar las fosas.

La indignación en Guerrero llevó a familiares de los desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a una protesta a las puertas de la residencia del gobernador del estado, Angel Aguirre, la noche del sábado. Al no ser recibidos, lanzaron bombas molotov y voltearon un vehículo frente a la residencia oficial. Sobre la tortura y muerte de Mondragón prima el silencio oficial y el dolor de una sociedad asqueada.