Al menos 28 cadáveres hallados en fosas clandestinas en las afueras de la ciudad de Iguala (estado de Guerrero) pueden pertenecer a alguno de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre, tras ser atacados por policías y sicarios mientras realizaban acciones de proselitismo. Un agente municipal y otros dos detenidos admitieron haber asesinado al menos a 17 jóvenes en una colina cercana a ese enterramiento, dijo el procurador del estado de Guerrero, Iñaki Blanco. El ejército y la policía federal tomaron el control de Iguala y desarmaron a los policías municipales que aún se encontraban operativos, quienes serán sometidos a “exámenes de control de confianza”.

Veintidós policías de Iguala y ocho supuestos narcotraficantes fueron detenidos con relación al caso de los estudiantes, entre ellos el agente Honorio Antúnez y los civiles Alejandro Macedo y Marco Antonio Ríos, quienes confesaron haber participado de manera directa en el homicidio de los jóvenes, precisó el procurador. Y agregó que después de someter a 17 estudiantes los “trasladaron a un cerro de Pueblo Viejo, en donde tienen fosas clandestinas y en donde dicen que los ultimaron”.

Los cuerpos encontrados se encuentran calcinados y son sometidos a exámenes de ADN, dijeron las autoridades. En las labores de reconocimiento participan peritos de los Equipos de Antropología Forense de Argentina, especializados en esa tarea. Las pruebas genéticas, sin embargo, son lentas y podrían demorar entre 15 días y 2 meses, apuntaron.

Originalmente, había 58 desaparecidos, pero 15 consiguieron huir y regresaron a sus casas, algunos heridos, después de ocultarse unos días. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), renunció y su agrupación gestiona su expulsión, pero se encuentra prófugo, y según algunas versiones los asesinatos fueron cometidos por órdenes suyas. Abarca tenía contemplado rendir su segundo informe anual al día siguiente del ataque a los jóvenes y, según esas fuentes, buscaba lanzar para sucederlo en el cargo a su esposa, hermana de Alberto Pineda Villa, un conocido narcotraficante del cartel de los Beltrán Leyva.

La Procuraduría General de la República se hizo cargo de las investigaciones y preliminarmente señaló que en el caso podrían estar involucrados funcionarios del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Jesús Martínez. La razón es que desde el 7 de mayo pasado el gobernador Angel Aguirre –cuya renuncia es reclamada por familiares de los desaparecidos, estudiantes y activistas de derechos humanos– firmó un convenio para colocar bajo el mando de las autoridades locales a las policías de los municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala.

La desaparición de los jóvenes fue precedida por el asesinato de seis personas, entre ellos tres alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, como el grueso de los estudiantes de paradero aún desconocido, ubicada en el municipio de Tixtla, cuando se dirigían a Iguala a recaudar fondos. Con ese dinero buscaban tomar algunos micros e ir a la capital mexicana para sumarse a la marcha conmemorativa del 46º aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

Hasta ahora es un misterio la causa por la cual los agentes, que admitieron ser parte del brazo armado de la banda criminal de narcotraficantes conocida como Guerreros Unidos, dieron muerte a los estudiantes. Sólo se limitaron a reconocer que recibieron órdenes de sus superiores para hacerlo. También está involucrado el jefe policial de Iguala, Francisco Salgado, quien se encuentra prófugo y habría impartido las órdenes de los asesinatos, junto con un hombre apodado El Chucky, jefe de Guerreros Unidos, según el procurador Blanco.

Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron al gobierno una investigación a fondo para dar con el paradero de los de-saparecidos y el castigo enérgico a los responsables. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo estar profundamente “consternado” por los hechos violentos registrados en la noche del 26 de septiembre, que calificó de “indignantes, dolorosos e inaceptables”.