Desde México, D. F.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, son los responsables del ataque contra estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, en el que fueron asesinados tres de ellos junto con otras tres personas, incluido un menor de edad, y otros 43 jóvenes fueron víctimas de desaparición forzosa. Al menos, eso es lo que ahora asegura el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien ayer cambió las versiones que había manejado públicamente hasta ahora, en medio de un clima de frustración generalizada, descrédito mundial y violencia focalizada, que llevó a que ayer mismo fuera incendiado el palacio municipal de Iguala.

Mientras el procurador daba la nueva postura oficial en torno de las investigaciones por el asesinato y la desaparición de estudiantes en el estado de Guerrero, miles de personas participaban en innumerables marchas y manifestaciones en un centenar de ciudades de México y el mundo y se conocía una carta firmada por más de cinco mil académicos de una treintena de países, incluida la Argentina, que exigen la presentación con vida de los normalistas desaparecidos (ver recuadro). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha considerado el caso como una desaparición forzada, “con todas las implicaciones internacionales que esto conlleva”. El representante adjunto en México de este organismo de la ONU, Jesús Peña Palacios, dijo el martes a una comisión especial de la Cámara de Diputados que las autoridades locales y federales actuaron de forma tardía, lo que se tradujo en fallas sistematizadas en distintos protocolos que eran necesarios para ubicar a los desaparecidos e impartir justicia.

Ayer por la tarde, en Iguala, casi al mismo tiempo que Murillo Karam daba su conferencia de prensa en la capital del país, unos 200 individuos que se desprendieron de una marcha en la que participaron más de 20 mil personas ingresaron al palacio municipal y destrozaron y prendieron fuego al edificio, que se encontraba vacío. Los manifestantes quemaron en la calle un anuncio del DIF municipal con la imagen de María de los Angeles Pineda Villa. Apenas la semana pasada, otros manifestantes quemaron el palacio de gobierno y el ayuntamiento en Chilpancingo, la capital del estado. Al menos 12 ayuntamientos en Guerrero han sido tomados en los últimos 10 días por normalistas y policías comunitarios y otras 18 alcaldías suspendieron actividades para evitar confrontaciones. Normalistas de Ayotzinapa, maestros, organizaciones sociales y familiares de los 453 estudiantes desaparecidos han dicho que pretenden tomar los 81 palacios municipales del estado. Los ayuntamientos tomados son Alpuyeca, Atoyac, Ayutla, Chilapa, Chilpancingo, Huamuxtitlán, Iguala, San Luis Acatlán, Tecpan, Tlapa, Tixtla y Xochihuehuetlán.

Las protestas se han extendido a la mayor parte del país y ayer se realizaron marchas en varios estados. Estudiantes de unas 30 universidades públicas y privadas paralizaron las actividades en muchas de sus escuelas y facultades y marcharon por las calles de las principales ciudades. Manifestaciones de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa y de repudio a las autoridades mexicanas se habrían realizado en más de 20 ciudades en América y Europa.

En la Ciudad de México, el procurador Murillo Karam expuso ayer que la PGR tiene una sola línea de investigación, que imputa al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y a su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, la autoría intelectual del ataque, asesinato y desaparición forzada de estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre. Un tercer responsable señalado por el procurador es el director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores. Los tres funcionarios se encuentran prófugos.

Según la investigación de la PGR, los estudiantes fueron atacados porque la policía supuso que estaban entrando en Iguala para impedir el informe de labores de la esposa del alcalde, quien estaba al frente del aparato municipal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Ante esto, el alcalde y su esposa ordenaron detener a los estudiantes. La policía de Iguala pidió apoyo a la vecina policía municipal de Cocula y elementos de ambas corporaciones atacaron a los normalistas y asesinaron a tres de ellos. En la persecución y refriega, los policías atacaron a un autobús de un equipo de fútbol profesional de tercera división y mataron al chofer y a un jugador menor de edad. En otro punto de la ciudad mataron a una mujer que viajaba en un taxi. En total, 6 personas murieron y 25 más resultaron heridas. Cuando finalmente lograron detener el autobús en que los estudiantes huían, los trasladaron en varias patrullas a las instalaciones de la policía municipal de Iguala. Luego los sacaron de la ciudad y los entregaron a la policía de Cocula, la que a su vez informó al líder de la banda criminal Guerreros Unidos que los jóvenes eran miembros de la banda rival Los Rojos.

Siempre de acuerdo con la versión oficial que dio ayer el procurador Murillo Karam, los estudiantes fueron llevados a las afueras de Pueblo Viejo, donde se han encontrado hasta ahora nueve fosas y treinta cadáveres calcinados, aunque en una primera declaración el procurador negó la semana pasada que se tratara de ninguno de los estudiantes desaparecidos. Ayer ya no lo descartó y dijo que esperaría el dictamen de los expertos forenses argentinos que trabajan en la identificación de los cadáveres.

El martes pasado, el procurador Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, se reunieron con familiares de los 43 desaparecidos y les aseguraron que había dos líneas de investigación: la criminalización de estudiantes por parte del gobierno y los vínculos del alcalde de Iguala y su esposa con el crimen organizado. Ayer, el procurador Murillo amaneció ya nada más con una sola línea de investigación.