Investigador del Centro de Estudios Históricos del prestigioso Colegio de México, Ariel Rodríguez Kuri dialogó telefónicamente con Página/12 sobre los efectos de la matanza y la desaparición de estudiantes de magisterio de Ayotzinapa y la crisis del municipio de Iguala con su alcaldía colonizada por los narcos y su alcalde José Abarca prófugo de la Justicia.

–¿México vive una situación de Estado narco o de narcopolítica?

–La masacre de Ayotzinapa es una de las muestras de que los poderes locales están copados, ya sea por la pura violencia de grupos delincuenciales o por otros métodos de connivencia que incluyen el soborno y las dádivas económicas. Sí hay un problema de narcopolítica y es probable que no incluya sólo a los poderes públicos, al Estado, sino a la esfera privada. Hay una denuncia contra Banamex, del grupo Citi, donde en los procesos contra el Chapo Guzmán, el jefe narco, descubrieron que había también personal de seguridad del banco involucrado. Esto fue denunciado por la propia matriz estadounidense. Por eso hablo de narcopolítica: el narco va permeando las esferas públicas y las privadas.

–¿Se puede saber hasta qué punto el narco permeó las distintas instancias del Estado?

–Tenemos muy claro que sí se estuvo colonizando el poder del Estado a nivel local. No hay una investigación seria para saber si tocó al gobierno federal. Pero ya sabemos que sí tocó al ejército y a las policías federales. Por lo tanto hay un problema muy delicado. También hablo de narcopolítica por la violencia y la impunidad que muestran los criminales en el caso de Iguala. Los narcos están penetrando a los actores de la vida pública mexicana, como los partidos políticos.

–Amnistía Internacional dijo que se trata de una catástrofe anunciada y evitable.

–Sí, y no sólo por lo que dijo Amnesty, sino por los procedimientos para combatir la narcopolítica. Haber colocado al ejército en función de policía tornó muy vulnerable la vida cotidiana de muchas personas y la vida del propio ejército, porque en este caso cambia lo que debe y puede hacer. Fue una discusión intensa entre 2006 y 2008 en México.

–En estos días la escritora Elena Poniatowska recordó la masacre de Tlatelolco en 1968.

–Me andaría con cuidado en la comparación con 1968. Aquélla fue una confrontación sin mediaciones entre un conjunto de estudiantes que demandaba libertades civiles con fuerzas formales o irregulares del Estado. No hubo ni siquiera algo tan malo como lo de hoy, por su extensión, ni en los peores años del macartismo en México, que por cierto fue horroroso pero que no llegó a los niveles alcanzados en otros países. Lo de ahora es más difícil de caracterizar porque insisto en que la narcopolítica permea todo: Estados, empresas, etcétera. Pero trazar una línea sin información precisa en cada caso es difícil y puede generar psicosis sobre la penetración de la narcopolítica. Uno de los problemas de la impunidad es que convierte en sospechoso a todo el mundo. Si continúa la impunidad, no quedarán a salvo ni políticos, ni empresarios, ni movimientos de protesta social. Y entonces habrá aparecido en la sociedad mexicana un arma con dos funciones: disuadir primero y reprimir después. En los últimos días aparecieron mapas sobre lo que algunos llaman el Triángulo de las Bermudas, por la desaparición de personas, sobre todo de varones y jóvenes. También sucede en Michoacán y Jalisco. Y aumenta.

–¿Hay cifras precisas? Leí que pueden ser más de 20 mil los de-saparecidos.

–Es que hay los que desaparecen y no dejan rastro hasta que otro hecho lleva al desenterramiento de las fosas. No sabemos cuántas fosas hay en México ni cuántos desaparecidos hay. En estos momentos el pesimismo nacional es muy profundo y la pregunta es si el país se está convirtiendo en una fosa.

–¿Qué efecto político genera ese pesimismo sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto?

–La repercusión sobre el gobierno nacional estaba fuera de los planes del presidente. No imaginó que un día debería argumentar que en México sí se puede invertir. Es un problema mayúsculo y recién va apenas por el tercer año de gobierno. Las crisis de esta magnitud son al sexto año. Recordemos el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento zapatista.

–Los dos hechos son de 1994.

–El último año de Carlos Salinas de Gortari. En esa época se incubó también la crisis económica de 1995. Veremos qué sucede hoy con esta crisis, porque le pegó a Peña Nieto en la línea de flotación.

–¿Por qué justo en el Estado de Guerrero?

–Guerrero tiene sus particularidades. Es el espacio del mayor brote guerrillero rural en México en la segunda posguerra. Son guerrillas campesinas. Genaro Vázquez y Lucio Cabañas eran profesores normalistas. Primero fueron cercados al PRI y luego se fueron radicalizando tanto por el no cumplimiento de demandas gremiales como por la represión. Estamos en presencia de maestros rurales. El primer brote de foquismo, Chihuahua, también fue dirigido por profesores normalistas. El normalismo es un producto directo de la revolución. Es un agente civilizador. Se buscaba formar para enseñar y formar para formar. Creo no violentar la historia si hablamos de una genealogía del normalismo en México, un fenómeno que tiene un peso espectacular en la política nacional.

–¿Por qué la relación entre el normalismo y las guerrillas rurales o los reclamos campesinos?

–En México entre el 25 y el 30 por ciento de la población vive en comunidades de menos de cinco mil habitantes, naturalmente relacionadas con el campo. A pesar de que la contribución en el PBI no supere el 5 o 6 por ciento, la incidencia demográfica, y por lo tanto simbólica, es muy importante.

–Ayotzinapa no pasa de los dos mil habitantes.

–Y es representativa de una proporción considerable de la población, que todavía en México se mide en millones y millones de personas. Sé que es un hecho atípico en la región y a veces por eso conviene explicarlo bien en el resto de América latina.

–El gobierno de Peña Nieto comenzó con pactos. ¿Haría falta un nuevo pacto contra la narcopolítica?

–Le contesto con un ejemplo de lo que haría falta en México. El jefe de gobierno del Distrito Federal propuso en mayo un aumento del salario mínimo. Pasar de los 67 pesos mexicanos (cinco dólares) a 83 (siete) en un país que tiene el menor salario mínimo de América latina. Y desató una Jihad entre los economistas ortodoxos de este país, que son hegemónicos, sobre todo por acto reflejo en los economistas vinculados al sector bancario. El menemismo en México está fuerte en los aparatos financieros. Por eso la guerra santa contra el aumento del salario mínimo. Claro, tanto conflicto convirtió el tema en un gran asunto nacional. Y generó discusiones. ¿Hace falta un nuevo pacto que esta vez tenga un gran alcance social? Un nuevo pacto, entonces, no sólo tiene que pasar por un aumento del ingreso de los siete millones de trabajadores que reciben el salario mínimo, sino por la dignidad del trabajo. Pero, ¿cómo se hace si sólo discutir el ingreso genera una hecatombe? En México las sesiones de la Corte Suprema son públicas, pero las de la Comisión Nacional del Salario Mínimo son secretas. Un secreto para pactar aumentos de uno, dos o tres pesos... Es necesaria una reforma social que tiene que ver con el mundo del trabajo. Si no, no habrá incentivos para el trabajo legal, cuando además hay sicarios que matan por cinco o seis mil pesos al mes. El crimen organizado se aprovecha de la gente y le da un AK-47 para que asesine. Por eso es imprescindible un nuevo pacto social y no sólo un pacto político que encare reformas puramente políticas, por más importantes que sean.

–¿Cuál sería la base de un pacto social?

–Es obvio que hay que ir a las calles, a las rancherías, y darle esperanza a la gente, porque el asunto se está saliendo de cauce. Hay una violencia latente que no es sólo por el crimen organizado. Hasta las propias clases medias están en una situación extraña. Hoy tienen una angustia nueva: qué pasará con los muchachos que están en la educación secundaria, porque no pueden con las cuotas y el consumo los endeuda. El debate apunta a la construcción de futuros más o menos estructurados que tienen que ver con ingresos dignos incluso para las clases medias de profesionales liberales o free-lance. Ya la clase media echa humo. O el gobierno propone el nuevo pacto social o se está metiendo en una bronca muy grande. Y las famosas reformas estructurales que buscan desregular y privatizar todo, lo sabemos, son una adicción.

–¿En qué sentido una adicción?

–Avanzan y avanzan y siempre terminan no siendo suficientes. ¿De qué reformas estructurales hablan si ya están entrando al país las grandes corporaciones y el Estado no es capaz de controlar a un jefe municipal y a un grupo de matones que sobornan y matan? Y la gran petrolera, ¿será neutra políticamente? ¿Y las fuerzas armadas? ¿Tienen alguna doctrina? Yo, por supuesto, esperaría que tuvieran una doctrina democrática y no estoy convocando a ninguna guerra. Pero hoy no tienen ninguna doctrina de defensa. Cuando se celebraron los acuerdos comerciales de integración con Estados Unidos se terminó la doctrina. Ahora, ¿qué pasaría si el Tea Party ganara? Ese grupo es tan antimexicano y tan antiinmigratorio que cerraría la frontera en la primera semana de gobierno. ¿Y qué haría México? ¿Alguien lo pensó? Hay tantas cosas a resolver... Por supuesto que el narco puso y pone dinero en las elecciones. La cuenta pendiente de Peña Nieto es la política anticorrupción y quedó en nada. Los asesinatos de Iguala cambiaron el tono de toda la administración. Obligaron a Peña Nieto a redefinir escenarios y a ocuparse de la política interna con la necesidad de ocuparse de realidades distintas.

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