Desde México DF

La lucha global contra la impunidad ante los asesinatos de periodistas “está en una encrucijada importante, donde los modestos avances en el mundo podrían derivar en complacencia”, advierte el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un informe especial presentado en vísperas de la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad por los Crímenes contra los Periodistas, el domingo 2 de noviembre.

Para el CPJ, la falta de justicia en cientos de asesinatos de periodistas en todo el mundo es una de las mayores amenazas a la libertad de prensa en la actualidad, y pese a tener mayor atención internacional, existe poco progreso en la reducción de los elevados índices de impunidad, lo que obliga a los Estados a demostrar mayor voluntad política para cumplir compromisos internacionales para frenar la violencia que los periodistas enfrentan con regularidad.

“El asesinato de un periodista no solamente termina con una historia inconclusa, sino que fomenta un clima de intimidación. Si nadie recibe el castigo de la justicia, los asesinos se animan y la violencia se repite. A los periodistas únicamente les queda la opción de autocensurare o incluso marchar al exilio”, señala el CPJ, al recordar que “los atentados contra la prensa han impedido que el mundo comprenda en su totalidad la violencia del conflicto en Siria, el narcotráfico en México, la influencia de los radicales islamistas en Pakistán y la corrupción en Rusia”.

El informe incluye a tres países de América latina, que destaca a México en el séptimo lugar del índice de Impunidad del CPJ, Colombia en el octavo y Brasil en el undécimo. El índice es encabezado por Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria y Afganistán. Ahí también están Pakistán (9), Rusia (10), Nigeria (12) e India (13). El CPJ registra por lo menos 370 periodistas asesinados por ejercer la profesión desde principios de 2004 hasta finales de 2013.

En el caso latinoamericano, el informe del CPJ destaca la ineficacia de los ordenamientos legales aprobados en los últimos años en estos países, si bien reconoce que significaron avances. Es el caso de Colombia, que creó una unidad especial de la Fiscalía General para investigar estos crímenes, aunque esto “no ha llevado a procesamientos más efectivos o eficientes”. En Brasil, donde el CPJ ha registrado 27 periodistas asesinados desde 1992 (diez de ellos durante la presidencia de Dilma Rousseff), un grupo de trabajo local, creado a instancias del gobierno recién reelecto, contabilizó 321 casos de asesinato, secuestro, agresión, amenazas de muerte, detención arbitraria y acoso entre 2009 y 2014. Tanto Brasil como Colombia registran algunas condenas contra autores de asesinatos de periodistas, pero resultan insuficientes, dice el CPJ.

Sobre México, donde la prensa vive bajo permanente ataque desde que en 2000 el entonces presidente Felipe Calderón, del derechista PAN, declaró la guerra contra el narcotráfico, ninguna acción gubernamental ha rendido frutos. Aun peor, pese a la federalización de los delitos contra la prensa, lo que impera es una aparente disputa entre los gobiernos estatales y la administración del actual presidente, el priísta Enrique Peña Nieto. El CPJ ejemplifica esto con el caso de Veracruz, donde se registra el mayor número de asesinatos de periodistas, todos ellos en la impunidad: la fiscal especial de la Procuraduría General de la República se quejó ante el CPJ por las “dificultades” para obtener información. “Lo que creo es que ellos están cuidando la imagen política”, afirmó Borbolla. “Esto indudablemente perjudica una investigación o la coordinación.”