Las estadísticas socioeconómicas de España la ubican casi en el fondo de la tabla entre las naciones europeas. El informe que difundió una ONG basado en datos recogidos por Unicef y Cáritas es lapidario, sobre todo en lo que se refiere a la infancia. Sostiene que el 36,3 por ciento de los niños es pobre –el porcentaje subió desde el 28,2– y que esa cifra sigue en aumento. No es la única, entre un fárrago de números que ubican al país segundo entre los más desiguales de su continente y sólo superado por Letonia en ese incómodo ranking.

Estos guarismos se ubican en un contexto más amplio, donde el 10 por ciento más rico tiene una renta superior al 90 por ciento restante (cerca de 42 millones de personas). El trabajo de Oxfam titulado “Iguales: acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas” analiza la situación en casi 50 países, pero hace eje en España. Se acaba de dar a conocer cuando el gobierno de Mariano Rajoy quedó manchado por varios casos de corrupción y recibe críticas muy duras contra su reforma fiscal.

Con 11.746.000 excluidos, España muestras índices negativos altísimos en temas como la pobreza infantil, la tasa de desempleo juvenil, el aumento de las necesidades insatisfechas en los niños o de la cantidad de jóvenes llamados “nini”, que ni estudian ni trabajan. Estos items son analizados en el informe de Unicef “Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos”, conocido la semana pasada.

Los datos difundidos por la organización para la infancia arrojaron que, desde la crisis económica desatada en 2007, unos 800 mil niños pasaron a vivir bajo la línea de pobreza. Eran tiempos en que gobernaba el Partido Socialista. Entre 2009 y 2010, bajo la política de ajuste de su primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero, se incrementó la pobreza infantil del 23,7 al 26,2 por ciento. El Partido Popular –que ganó las elecciones en noviembre de 2011– acentuó el porcentaje hasta llevarlo hoy al 36,3.

La Unicef critica las políticas de Rajoy porque –dice– “en España se han ajustado las prestaciones por desempleo, se han reducido las ayudas para la atención de los hijos y se ha eliminado la asignación universal por nacimiento”. Octubre fue un mes de ebullición, ya que varias ONG reunidas en la Alianza Española contra la Pobreza se movilizaron por las calles del país para denunciar que la reforma fiscal del gobierno “viola los derechos humanos y amenaza la democracia”.

El gobernante derechista intentó defender sus decisiones: “Algunas cosas positivas no sería malo reconocer, como por ejemplo que ya nos podemos financiar sin problemas, que llevamos cinco trimestres en crecimiento económico o que por primera vez en muchos años se está creando empleo. Queda muchísimo por hacer, pero las cosas están cambiando y eso nadie lo puede negar”, dijo como si las estadísticas no lo desmintieran.

El presidente de Unicef España, Carmelo Angulo, citado por medios locales, señaló: “Se necesitan con urgencia leyes para proteger a la infancia y a la población más vulnerable, un pacto de Estado por ellos es crucial”. También describió que “los menores están sufriendo más y con mayor intensidad el impacto de una crisis de la que no son culpables”. Uno de cada cuatro es pobre.

“Millones de niños padecieron los efectos inmediatos y directos de la recesión (más que otros grupos vulnerables como los ancianos) y muchos de ellos sufrirán sus consecuencias de por vida”, indica el informe de Unicef. También dice que “el mayor incremento de la pobreza infantil se ha producido en los países del sur de Europa –España, Grecia e Italia–, así como en Croacia, los tres Estados bálticos y otros tres Estados muy castigados por la recesión: Irlanda, Islandia y Luxemburgo”.

El Día Universal del Niño se cumplirá el 20 de noviembre y no habrá demasiados motivos para festejarlo. El estudio de Unicef se pregunta: “¿Tienen los niños del país la oportunidad de crecer y aprender?”. Las respuestas dieron como resultado que España sólo superaba a Chipre y a Grecia en aquella expectativa.

José María Vera, el director general de Oxfam, dijo que el problema se agrava porque “el gobierno va en dirección contraria al promover una reforma fiscal que no servirá para recaudar de una manera más justa, y porque presentó unos presupuestos generales del Estado que no apuestan por un incremento del gasto social”. También pidió que España “deje de ser el segundo país más desigual de la Unión Europea”.

Ya en junio de 2014, Unicef había aportado otro dato alarmante sobre la infancia en el país que gobierna el PP: el número de hogares con niños y todos los adultos desempleados se triplicó desde 2007 y se acerca al millón. Durante los últimos años, los informes de la organización se convirtieron en una referencia insoslayable para medir las consecuencias de la crisis.

El de 2012 anticipaba en buena medida lo que vendría: “Cuando se acentuó la crisis económica en 2010, una de las primeras medidas de reducción del gasto público en España fue la eliminación de la única ayuda universal a las familias con hijos que existía en nuestro país: la prestación por nacimiento o adopción aprobada por la Ley 35/2007. Esta prestación, conocida como ‘los 2500 euros’, sólo estuvo en vigor tres años y medio y su supresión fue acompañada, en el mismo decreto, por la reducción de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social para menores de 3 años, de 500 euros hasta 291”. Estas medidas sólo podían traer consecuencias demoledoras.

En España, casi 3 millones de niños viven hoy por debajo de la línea de pobreza. La reforma fiscal aprobada por el gobierno del PP el 9 de octubre viene a profundizar esa estadística, ya que desgrava progresivamente a los más ricos. La relatora sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU, Magdalena Sepúlveda Carmona, fue muy contundente en su último informe: “España incumple con su obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales”. Y sobre todo a su población más vulnerable: los más pequeños.

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