Desde México, DF

La Policía Federal capturó la madrugada de ayer al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, prófugos desde hace 38 días, acusados de ser los autores intelectuales de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

Abarca y su esposa fueron localizados y detenidos a las 2.30 de la mañana del martes en una casa rentada, apenas amueblada, en un barrio de la delegación de Iztapalapa, una zona populosa del oriente del Distrito Federal, mediante un operativo que, pese a lo espectacular, no disparó un solo tiro. Ambos pasaron el día de ayer rindiendo declaración en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR).

En tanto, una comisión especial de la Cámara de Diputados concluyó ayer que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa sufrieron de-saparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y ejecuciones extrajudiciales.

Abarca solicitó licencia para separarse de su cargo como presidente municipal de Iguala el 30 de septiembre, pero la presión política sobre el Congreso del estado lo obligó a realizar un juicio de revocación el 17 de octubre, es decir, tres semanas después de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, el asesinato de tres más y de otras tres personas ajenas al operativo supuestamente ordenado por el propio alcalde y su esposa.

Parte del escándalo político por este caso es que tanto el gobierno del estado de Guerrero como el ejército y la PGR sabían de los señalamientos sobre nexos de Abarca con el crimen organizado, según lo declaró a la prensa el ahora ex gobernador Angel Aguirre Rivero. De hecho, Abarca fue investigado por delincuencia organizada entre 2010 y 2012, durante la administración del panista Felipe Calderón. Varias averiguaciones previas “fueron cerradas porque en ninguno de los casos se encontró nada”, dijo la semana pasada el secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong. La administración del priísta Enrique Peña Nieto empezó a investigar a Abarca en agosto pasado por enriquecimiento ilícito, dijo el responsable de la seguridad nacional.

Tal nivel de impunidad resulta inverosímil, dados los públicos nexos de la familia de María de los Angeles Pineda Villa, la esposa de Abarca, empezando por su padre, Salomón Pineda Bermúdez. En mayo 2009 la PGR ofrecía recompensa de 15 millones de dólares por Mario y Alberto Pineda Villa, dos de los hermanos de la esposa de Abarca; entre los tres controlaban la zona de Guerrero y Morelos para el cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Mario y Alberto fueron ejecutados a finales de ese año en Cuernavaca, Morelos, por supuestas rupturas con los Beltrán Leyva. Unos meses antes, en junio de 2009, fue detenido en Morelos otro de los hermanos de María de los Angeles Pineda Villa, como presunto jefe de plaza de los Guerreros Unidos en Morelos y Guerrero, pero fue liberado en 2013.

Versiones periodísticas señalan que el ahora ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, formaría parte de una red de presidentes municipales y policías locales que permite el tráfico de drogas, entre otros delitos controlados por el crimen organizado en esa región.

Eso habría permitido el ataque de la policía municipal de Iguala contra los tres camiones en que viajaban los estudiantes normalistas, reforzados por la vecina policía municipal de Cocula, el pasado 26 de septiembre. Ese día, el gobierno del estado no intervino pretextando que el alcalde Abarca “no contestaba el teléfono”. Semanas más tarde, el ahora gobernador con licencia de Guerrero, Angel Eladio Aguirre Rivero, le dijo a la comisión especial legislativa que las escuelas normales del estado, como la de Ayotzinapa, están “infiltradas de grupos delictivos”.

En un informe preliminar de la comisión creada en la Cámara de Diputados se dijo preocupada ante los reiterados intentos de funcionarios públicos por “criminalizar a las víctimas como una manera de justificar los hechos que sufrieron y sufren sus familiares, causando un agravio más a sus derechos”.

El informe de 41 páginas documenta que autoridades militares y la policía estatal fueron alertadas o conocieron del tiroteo y la agresión, pero no intervinieron. Hasta ahora, en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, las autoridades han descubierto nueve fosas clandestinas en las que se han localizado los restos de otras 38 personas.