El gobierno de Cataluña mostró su intención de mantener el proceso consultivo soberanista pese a que el Tribunal Constitucional (TC) español suspendió esa instancia provisionalmente. El consejero de la Presidencia del Gobierno de Cataluña, Francesc Homs, manifestó ayer que está todo a punto para el proceso participativo, que tendría lugar el 9 de noviembre, y que se mantiene para garantizar la libertad de expresión de los catalanes. Antes del anuncio, el TC español había suspendido ese proceso en respuesta a una petición realizada por el gobernante Partido Popular, que considera que el ejecutivo catalán pretende desarrollar, mediante un mecanismo alternativo, la consulta soberanista que convocó inicialmente y que también fue suspendida. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al presidente de Cataluña, Artur Mas, que respete la suspensión de la consulta simbólica soberanista que planea llevar a cabo, al subrayar que el incumplimiento de la ley no es una opción.

El gobierno central acordó el viernes pasado impugnar ante el Constitucional la convocatoria del Ejecutivo catalán para asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia, según dijo su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo catalán presentó el lunes una demanda ante el mismo tribunal para que no suspendiera la consulta alternativa del 9 de noviembre. Ayer, el TC español asestó un nuevo revés al gobierno de Cataluña al suspender con una medida cautelar la consulta soberanista no oficial que tenía previsto celebrar en la región del nordeste de España.

Según informaron medios españoles, el alto tribunal decidió por unanimidad tramitar el recurso interpuesto por el gobierno de Mariano Rajoy. El antecedente de esta medida se remonta al 29 de septiembre, cuando el TC suspendió de forma cautelar y por unanimidad la consulta soberanista catalana convocada para el 9 de noviembre, tras admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el gobierno central contra la ley de consultas que había sido aprobada por el Ejecutivo catalán y el decreto de convocatoria de la citada consulta.

Tal como ocurrió con ese primer rechazo, la votación alternativa queda ahora suspendida automáticamente, durante cinco meses, mientras el Constitucional se prepara para dictar sentencia.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy se opuso desde el principio a un posible referéndum de autodeterminación en la región bajo el argumento de que la Constitución sólo otorga al Estado español la competencia de convocar referéndums. Cuando Mas convocó la consulta oficial, el 27 de septiembre, Rajoy la recurrió ante el Constitucional de forma exprés. Ante el veto del Tribunal Supremo, el presidente catalán decidió salir a anunciar una consulta alternativa para la misma fecha con el fin de recoger el sentir de los catalanes sobre una posible secesión de la región. Pero al no ser considerada como una iniciativa oficial, carecía de consenso previo y de las medidas de supervisión y control habituales en los procesos de votación, argumentó el gobierno español.

Ayer, el gobierno de Mariano Rajoy volvió a referirse a la posibilidad de que se realice una consulta soberanista en Cataluña. “La ley nos obliga a todos y ningún gobernante puede decidir lo que cumple o deja de cumplir”, dijo Sáenz de Santamaría en alusión a la decisión del gobierno catalán de seguir desafiando la decisión del TC de suspender dicha iniciativa. “La ley es igual para todos”, recalcó la vicepresidenta española, en declaraciones durante un acto público realizado en Madrid.

Sáenz de Santamaría recordó que es al Constitucional a quien le corresponde garantizar los derechos de los ciudadanos y decidir lo que es legal y lo que no, de modo que, una vez que se ha pronunciado, “a todos nos corresponde respetar sus decisiones y respetar la ley”. Agregó la vicepresidenta del Ejecutivo: “Todos los españoles, muy especialmente los gobernantes, estamos obligados a cumplir con las decisiones de los tribunales en todos los ámbitos y en éste también”.

La suspensión afecta no sólo la convocatoria del referéndum, sino también todos los actos organizados por el gobierno catalán relativos al proceso de participación ciudadana. No obstante, la admisión a trámite y la suspensión cautelar no determinan el sentido del fallo que deberá adoptar en un futuro el TC sobre el fondo de la cuestión. Tras la primera suspensión determinada por el Constitucional, el gobierno de Cataluña aceptó renunciar a la convocatoria inicial de un referéndum soberanista en la región. Sin embargo anunció la organización de una consulta alternativa a celebrarse en la misma fecha y dentro de un marco jurídico basado en la legislación regional sobre participación ciudadana.

Ante la medida decretada por el TC, el consejero de la Presidencia del Gobierno catalán afirmó que el gobierno de Mas apelará la suspensión ante el alto tribunal y que el presidente catalán elevará una denuncia contra el gobierno central por bloquear, a su juicio, derechos como el de la participación ciudadana.