Desde Río de Janeiro

Las denuncias se suceden, el escándalo de la Petrobras se mantiene con fuerza, la oposición luce su vestal virginidad en muestras de profunda indignación, mientras algunos de los más altos ejecutivos de los gigantes de la construcción siguen en la cárcel. El gobierno de Dilma Rousseff parece más acosado que nunca.

Se insinúa con todas las letras que, de confirmarse que parte de las “comisiones” cobradas a los constructores que trabajan para la Petrobras fue transformada en donaciones legales para el Partido de los Trabajadores, se abrirán dos frentes de batalla para decretar la inhabilitación de la presidenta recién electa. Uno, en la Justicia electoral, denunciando que la campaña que llevó Dilma a la victoria recibió dinero de corrupción. Otro, en el Congreso nacional, pidiendo que se inhabilite a la mandataria, ya que el proceso electoral perdió legitimidad.

Claro que se trata de una maniobra sin posibilidades de éxito. Primero, porque si determinada constructora declaró a la Justicia electoral una donación acorde con los requisitos de la ley, no hay cómo probar que se trató de una ilegalidad. Será la palabra del denunciante como única prueba. Y segundo, porque el gobierno tiene mayoría en el Congreso, y el pedido de inhabilitación no pasaría.

De todas formas, el desgaste enfrentado por Dilma Rousseff, aun antes de que se inicie formal y oficialmente su segundo mandato, es inmenso.

Aécio Neves, el neoliberal derrotado, se desdobla en mil para asumir el rol de líder máximo de la “indignación nacional”. Trata de dejar claro que no se trata del lloriqueo de perdedor. En los bolsones de las clases más privilegiadas es saludado como una mezcla de mesías y ángel vengador.

Sin embargo, a cada semana que pasa se hace evidente que el escándalo que empezó en la Petrobras es un mar sin fondo. Ya se sabe que fueron denunciadas “decenas” de políticos, y se da por descartado que esa cifra podrá alcanzar a por lo menos 70 de ellos que están en plena actividad, y que están en muchos partidos, de la oposición inclusive.

Es decir: la marea recién empieza a crecer, y podrá transformarse en tsunami. Lo que se lanzó como rutinaria investigación policial para detectar un esquema de lavado de dinero y envío ilegal de dólares al exterior, creció mucho más de lo imaginado y está lejos de su final. Ya nadie cree que el tema quedará circunscripto a la Petrobras.

Además de Paulo Roberto Costa, que por años integró el colegiado de directores de la estatal, y de Alberto Yousseff, el “doleiro”, que es como se conocen los operadores del mercado ilegal de dólar en Brasil, otros “operadores” empezaron a hablar frente al juez. Uno de ellos ofreció, en su primer interrogatorio, restituir nada menos que 98 millones de dólares desviados de la Petrobras.

Con la prisión de ejecutivos de algunas de las principales constructoras brasileñas, el abanico se extendió. Si cuentan lo que saben, las empresas serían legalmente declaradas impedidas de trabajar para el poder público (gobiernos municipales, estaduales y, claro, el nacional). O sea: se paralizaría casi todo lo que se construye en el país.

Nadie en plena conciencia ignora que, en el Brasil contemporáneo, la corrupción es algo endémico, que empezó a alzar vuelos más elevados durante la dictadura cívico-militar (1964-1985). Con su obsesión por obras faraónicas, se abrió espacio para que fuesen creadas gigantescas empresas constructoras que pasaron a actuar no sólo en el país sino en varias regiones del mundo.

Pagar “comisión” es parte de una tradición que viene de lejos y se alastra por toda y cualquier obra realizada con recursos públicos. Sin pagar “comisión”, como dijo uno de los ejecutivos detenidos, nadie logra ser contratado para poner un solo adoquín en una calle brasileña.

La novedad, en el caso de la Petrobras, reside en dos factores. Primero, el volumen de dinero desviado. Y segundo: el esquema fue denunciado. Lo que a esta altura todos se preguntan es: abierta la puerta, ¿cómo impedir que el resto de la historia salte a la calle con todo su enredo y todos sus personajes?

Ahora mismo la Policía Federal dice haber encontrado, en las oficinas del “doleiro” Yousseff, documentos que registran 750 obras públicas realizadas en Brasil o en el exterior, pero con financiación pública brasileña, por 170 constructoras de todos tamaños. Hay otras estatales involucradas y, en este primer momento, la cantidad de dinero llega a los casi 5 mil millones de dólares. Poco, frente a lo denunciado en Petrobras. Pero por ser apenas la punta del ovillo, se puede suponer que habrá cantidades asombrosas de dinero desviado.

Surgió una espiral sin fin. Empiezan a entrar al salón de fiestas los fantasmas que irán a perturbar cada minuto de toda la clase política brasileña. Las vestales opositoras que ahora gritan su indignación seguramente tendrán su hora de la verdad. Y el gobierno a su vez corre el riesgo de, más que nunca, ser víctima de los usuales chantajes de los aliados.

El segundo mandato de Dilma empieza formalmente el 1º de enero de 2015. Los vientos del infierno, sin embargo, ya empezaron a soplar.