La ONU llamó a Estados Unidos a juzgar a los culpables de ejercer tortura a presuntos sospechosos de terrorismo. “Está tan claro como el agua: la tortura está absolutamente prohibida, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No se puede practicar en la guerra, en la paz, en situaciones de emergencia, durante la inestabilidad interna ni en ninguna circunstancia. Y el corolario de esto es que quienes la llevan a la práctica deben ser enjuiciados”, aseguró Rupert Colville, portavoz de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por su parte, el senador demócrata saliente Mark Udall pidió una purga de altos funcionarios de la CIA implicados en los abusos y su posterior encubrimiento. Entre dichos funcionarios se encuentra el actual director de la agencia, John Brennan. “La CIA mintió a sus supervisores y a la población, destruyó e intentó retener pruebas, espió al Senado, hizo acusaciones falsas en contra de nuestro personal y mintió sobre la tortura y los resultados de la tortura. Y nadie ha tenido que rendir cuentas. En este momento hay personas en cargos de alto nivel en la agencia que aprobaron, dirigieron o cometieron actos relacionados con el programa de detención e interrogación de la CIA. El presidente debe purgar su gobierno de los funcionarios de alto nivel que fueron fundamentales para el desarrollo y ejecución de este programa”, expresó.

Incluso la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por su sigla en inglés) se refirió al tema en duros términos. “Quedamos disgustados y francamente asqueados por algunos de los brutales detalles. Las técnicas descritas son evidentemente torturas, van contra todo lo que defiende nuestra disciplina. Claramente violaron derechos humanos y leyes internacionales. Como dije antes, los dos psicólogos que al parecer estuvieron involucrados no son miembros de nuestra asociación. Están fuera del alcance de nuestro programa de ética. Pero más allá de eso, deberían rendir cuentas por ello. Si estas alegaciones son ciertas, deberían rendir cuentas por serias violaciones a leyes estadounidenses e internacionales”, aseveró a Democracy Now! Rhea Farberman, directora ejecutiva de comunicaciones de la asociación.

Según el informe del Senado, los métodos de interrogatorio a sospechosos de terrorismo en los ocho años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 incluyeron asfixias simuladas, baños en agua congelada, privación de sueño durante más de una semana, alimentación e hidratación rectal, así como amenazas de abusos y muerte. Ese informe, fruto de una investigación de más de cinco años, asegura que la CIA llevó a cabo prácticas de interrogatorio “más brutales” y menos efectivas de lo que había admitido en los años posteriores al 11-S.

En tanto, Brennan defendió ayer la labor de esa agencia tras los atentados del 11S y dijo que las técnicas de interrogatorio aplicadas a los sospechosos de terrorismo eran legales en ese momento, pero admitió que hubo prácticas “no autorizadas” y “abominables”.

“No había respuestas fáciles ante esos atentados”, sostuvo Brennan al apuntar que la CIA no estaba preparada para poner en marcha un programa de detenciones e interrogatorios como el que se le encomendó. “Hubo casos en que los agentes de la CIA usaron prácticas que no habían sido autorizadas, pero la inmensa mayoría de los trabajadores de la agencia hicieron lo que se les pidió hacer en servicio de nuestra nación”, remarcó en un inusual discurso transmitido por las principales cadenas de televisión desde la sede de la agencia en Langley (Virginia).

Asimismo señaló que apoya “totalmente” la decisión que tomó el presidente Barack Obama de prohibir esas técnicas de interrogatorio tras llegar a la Casa Blanca en 2009, pero rehusó decir si él las considera “tortura”.

Obama reconoció el martes que esas prácticas hicieron un daño significativo a la imagen de Estados Unidos en el mundo. “Ningún país es perfecto. Pero una de las fortalezas que hacen excepcional a esta nación es nuestra voluntad de confrontar nuestro pasado abiertamente, afrontar nuestras imperfecciones, corregirlas y hacerlo mejor en el futuro”, reflexionó el mandatario.

Sin embargo, el informe del Senado ya generó repercusiones. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer el cierre de su último centro de detención en Afganistán, Bagram, situado en su mayor base aérea en ese país y tristemente célebre por las torturas a las que fueron sometidos los detenidos mientras se encontraban bajo custodia estadounidense. Así lo informó un comunicado del Departamento de Defensa, que señala que ya transfirió los últimos detenidos desde el aeródromo del mismo nombre, ubicado 47 kilómetros al norte de la capital afgana.

Desde marzo de 2013, cuando Washington transfirió el control de este penal a Kabul, adquirió el nombre de Centro de Detención de Parwán y la mayoría de los presos quedó bajo control afgano, aunque algunos, considerados de gran valor, continuaban en custodia estadounidense.

Bagram fue escenario de algunos de los peores casos de torturas, que incluyeron ataques con perros, acosos sexuales, palizas y amenazas de violación. En 2005, The New York Times informó de la muerte de dos detenidos encadenados al techo de su celda, tras varias sesiones de golpes y palizas. El centro de detención llegó a tener hasta 3000 prisioneros en un limbo legal.

El tunecino Reza al Nayar fue el último reo de esta prisión y uno de los más antiguos, capturado en mayo de 2002 como sospechoso de servir de guardaespaldas a Bin Laden. Su abogada, Tina Foster, confirmó que la transferencia de su cliente a las autoridades afganas fue hecha el martes.

El nombre de Al Nayar se encuentra en el informe emitido por la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos.