La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó ayer a Brasil a cumplir las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad (CNV) y a derogar la Ley de Amnistía de 1979 para que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas de sus actos. El documento presentado por la comisión sobre los crímenes de la dictadura se hizo público el miércoles, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

De hecho, la publicación del informe reabrió el debate en Brasil sobre el alcance de la Ley de Amnistía. En este sentido, la CIDH se mostró satisfecha con la conclusión del trabajo de la CNV. “La rendición de cuentas es fundamental para combatir la impunidad y promover y preservar la justicia”, destacó el organismo.

“La lucha contra las graves violaciones de los derechos humanos y la publicación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad contribuyen al fortalecimiento del estado democrático y de la democracia en las Américas y en el resto del mundo y da voz y esperanza a las víctimas y sus familiares”, añadió la CIDH, que recordó que “en el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce que todos tienen derecho a saber la verdad”.

En el caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, saber la verdad de lo que ocurrió es una forma de reparación, dijo este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Si bien la CIDH reconoció el esfuerzo de Brasil para garantizar el derecho a la verdad y, en consecuencia, proporcionar una forma de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, coincidió con la declaración de la comisión de que el informe no marca el comienzo o el fin de las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Brasil, sino que debe considerarse como una guía para el trabajo que todavía queda por hacer.

Además, la CIDH instó al Estado brasileño a cumplir todas las recomendaciones formuladas por la CNV a fin de garantizar plenamente y promover los derechos humanos de las víctimas, sus familiares y “todos los ciudadanos brasileños”.

La CNV consideró que las torturas y asesinatos de opositores formaban parte de una política de Estado durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). En el informe se nombran 377 funcionarios públicos responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en 230 lugares del país durante ese período. La lista incluye oficiales de alto rango de las fuerzas armadas y ex presidentes.

Según el informe, la represión política dejó al menos 434 muertos y desaparecidos. El informe fue entregado esta semana a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien estuvo tres años presa y fue torturada por las fuerzas de represión de la dictadura en los años ’70.

La mandataria ya ha dicho que no pretende anular la Ley de Amnistía, al enfatizar que los brasileños reconquistaron la democracia a través de luchas duras y de sacrificios humanos irreparables, pero también a través de pactos y acuerdos nacionales.

“Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión”, dijo Rousseff, quien rompió a llorar durante su discurso, y aclaró que las atrocidades relatadas en el documento “no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas”.

El informe detalla en 4500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y cita como responsables a agentes de la dictadura, quienes sin embargo no pueden ser juzgados penalmente debido a una Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo.

Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las “graves violaciones” de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una “política de Estado”, rechazando la explicación de las fuerzas armadas de que fueron hechos aislados o excesos. El informe causó el rechazo de los sectores involucrados en la represión y la violación de los derechos humanos, por la revelación de los crímenes cometidos. La voz más resonante fue la de Nilton Cerqueira, quien tuvo cargos jerárquicos durante la dictadura y rechazó el trabajo de la comisión que investigó crímenes cometidos por el régimen y calificó de terrorista a Rousseff.