La cuestión agraria en Brasil causó ayer las primeras discordias en el nuevo gabinete de la presidenta Dilma Rousseff. El motivo fue un fuerte cruce entre dos ministros que discreparon sobre la existencia de latifundios en el país y la necesidad de avanzar o no con una reforma en el área. El nuevo ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, Patrus Ananias, instó ayer a derrumbar las cercas del latifundio apenas un día después de que la titular de Agricultura, Katia Abreu, negara en una entrevista que ese fenómeno de concentración de la propiedad exista en el país. Ananias, histórico dirigente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), asumió ayer formalmente su cargo y rebatió las declaraciones de Abreu, designada por Rousseff como nueva ministra de Agricultura, pese al firme rechazo de los movimientos de campesinos.

En una entrevista publicada por el diario Folha de San Pablo, Abreu defendió la modificación del actual proyecto de reforma agraria, mediante el cual se expropiarían tierras consideradas improductivas para ser distribuidas entre pequeños campesinos. “Los latifundios no existen más, pero esto no acaba con la reforma. Hay proyectos de colonización maravillosos que pueden ser implementados. Ahora, ¿usar un discurso viejo, antiguo, irreal, para justificar la reforma agraria?”, dijo la nueva ministra de Agricultura. En este aspecto, la flamante funcionara afirmó que dicha reforma no debe ser masiva, sino centrarse en campesinos con “vocación” de trabajo, a los que, además de tierras, se les deben garantizar asentamientos de calidad y con la estructura necesaria para su labor. La réplica a estas declaraciones no tardó en llegar. Ananias, cuya cartera es responsable de la reforma agraria, evaluó ayer que “no basta con derrumbar las cercas del latifundio, sino que es preciso derrumbar también las cercas que nos limitan a una visión individualista y excluyente del proceso social”.

De acuerdo con datos oficiales, el uno por ciento de los grandes empresarios del campo posee casi la mitad de las tierras cultivables en Brasil. Por otro lado, según organizaciones y movimientos sociales, entre ellos el Movimiento de los Sin Tierra (MST), unos 90.000 campesinos permanecen acampados en el país a la espera de ser incluidos en planes de reforma para el sector.

Sin embargo, los mismos movimientos calculan que, en realidad, la lista de personas que podría beneficiarse de la reforma agraria asciende a alrededor de cinco millones de habitantes, en su mayoría ya emigrados del campo hacia las periferias de las grandes ciudades.

Ananias admitió que la reforma agraria “es un tema que aún despierta polémicas y encuentra resistencias”, pero consideró que es un asunto que debe ser resuelto mediante el diálogo democrático y bajo la óptica de los derechos sociales. “Ignorar la existencia de las desigualdades y de la injusticia (en el campo) es una forma de perpetuarlas, por lo que el Ejecutivo tiene el deber de ofrecer y garantizar la oportunidad de crecimiento a los campesinos sin tierras, a fin de tornar concreto el concepto de la función social de la propiedad”, dijo el ministro Ananias a la prensa.

Para su segundo mandato, que comenzó este 1º de enero, Rousseff incluyó entre sus 39 ministros a representantes de todas las fuerzas políticas que apoyaron su reelección, entre los que figuran dirigentes de la izquierda, el centro y la derecha. Seis días después de la toma de posesión, las dificultades que muchos analistas previeron en esa diversidad política se empezaron a manifestar en el sector agrícola.

El MST, históricamente vinculado con el gobernante PT, reaccionó frente a las posiciones de Abreu, a quien acusó de “representar los intereses de los segmentos más atrasados de la agricultura, que no alcanzan niveles mínimos de productividad, dañan el medio ambiente y se valen del trabajo esclavo”, tal como lo describieron en una nota publicada en su página web.

En la entrevista con el diario paulista, Abreu también ratificó su posición contra las normas para delimitar las tierras indígenas, que es una responsabilidad del gobierno, y subrayó su apoyo a un proyecto de ley que propone traspasar esa competencia al Congreso. La recién promovida ministra de Agricultura también se plantó contra grupos indígenas que exigen una ampliación de sus reservas y declaró que la raíz del problema está en que los indios “han dejado las selvas y pretenden expandir sus tierras hacia las áreas de producción agrícola”.

Esa declaración también fue condenada ayer por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), organismo vinculado con la Iglesia Católica. “Son posiciones tan desconectadas de la realidad del país que sólo pueden ser fruto de una total ignorancia o de una profunda mala fe”, indicó el CIMI en un comunicado. Tras recordar que Abreu es conocida como “la reina de la motosierra” por su postura a favor de la actividad agrícola en el Amazonas, el CIMI sostuvo que “son los agentes del latifundio y el agronegocio los que invaden y derrumban las selvas y los que expulsan y asesinan a las poblaciones que en ellas habitan”.