Desde Lima

Una nueva condena judicial para el ex dictador Alberto Fujimori, encarcelado desde septiembre de 2007. Ayer fue sentenciado a ocho años de prisión por el desvío de fondos de las fuerzas armadas para pagar sobornos a medios de comunicación. Fujimori escuchó la lectura del fallo judicial haciendo anotaciones en un papel. “Yo me considero inocente y no estoy conforme con la sentencia”, escribió y mostró el papel a las cámaras. La defensa de Fujimori apelará la sentencia ante la Corte Suprema. Tres de los cuatro hijos de Fujimori, entre ellos Keiko –actual líder del movimiento fujimorista– y el congresista Kenji, estuvieron en el tribunal. Como era de esperar, Keiko, heredera política del ex dictador, aseguró que la sentencia contra su padre era injusta. Esta es la quinta condena judicial que recibe el ex presidente, que gobernó el Perú entre julio de 1990 y noviembre de 2000. Fujimori, de 76 años, cumple sentencia por corrupción y violaciones a los derechos humanos en una cárcel VIP ubicada en un amplio cuartel policial en las afueras de Lima, donde es el único preso.

El tribunal encontró a Fujimori culpable por el desvío de fondos de las fuerzas armadas para pagar sobornos a los llamados “diarios chicha”, como se conoce en el Perú a la prensa popular y sensacionalista, para que respalden al gobierno de Fujimori y su re-reelección en el año 2000, la que consiguió con un fraude electoral, y para que armen campañas de desprestigio contra los opositores al régimen fujimorista. Son nueve diarios, con nombres como El Chino –apelativo con el que se lo conoce a Fujimori–, El Men o El Tío, los que recibieron estos sobornos.

Los sobornos se pagaron entre 1998 y 2000 a través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que controlaba Vladimiro Montesinos, brazo derecho de Fujimori y encargado de los trabajos sucios en su gobierno. El desvío de fondos, que se estima en más de 40 millones de dólares, se hizo argumentando operaciones que nunca existieron. Desde el SIN, Montesinos, bajo la dirección de Fujimori, controlaba la línea editorial de estos diarios y dictaba los titulares de portada. En esta operación participaron los jefes militares que formaban el círculo íntimo de Fujimori.

En el proceso judicial, ante la contundencia de las pruebas, Fujimori admitió la existencia de los sobornos, pero alegó que él no sabía nada de lo que hacían sus más cercanos colaboradores para asegurarle su re–reelección. Sonó poco convincente. En un intento por desvincularse de los sobornos pagados a los medios para favorecer su tercera elección, Fujimori lanzó, en su alegato de defensa, una frase que sorprendió a todos: “Aunque algunos no me crean, yo no tenía la intención de ejercer el tercer mandato presidencial”, dijo el hombre que había hecho todo lo posible por quedarse en el poder. Ciertamente, nadie le creyó.

En la sentencia, el tribunal abundó en argumentos sobre la responsabilidad de Fujimori en el desvío de fondos militares y el pago de sobornos, y en las muchas evidencias del control que el ex dictador tenía de la situación y el mando que ejercía sobre sus subordinados que participaron en estos sobornos y que ya han sido condenados por este caso en otro tribunal.

Fujimori –quien siendo mandatario fugó del país en noviembre de 2000 acorralado por acusaciones de corrupción, violaciones a los derechos humanos y fraude electoral y que fue extraditado al Perú en septiembre de 2007 desde Chile, donde había llegado sorpresivamente en noviembre de 2005, abandonando su refugio en Japón, país en el cual, amparado en una nacionalidad japonesa que siempre ocultó, había encontrado protección desde su fuga– es el único presidente en la historia del Perú que ha sido condenado judicialmente.

En diciembre de 2007, Fujimori fue sentenciado a seis años de prisión por el allanamiento ilegal a la casa de Montesinos para buscar, en los días finales de su gestión, pruebas que lo comprometieran en actos de corrupción; en abril de 2009 fue condenado a 25 años por la ejecución extrajudicial de 24 personas, entre ellas un niño, y por el secuestro de un periodista y un empresario; en julio de 2009 recibió una sentencia de siete años y medio por entregarle a su asesor Montesinos 15 millones de dólares del Tesoro público cuando el régimen fujimorista se desmoronaba; y en septiembre de ese mismo año fue condenado a seis años por el pago de sobornos a trece congresistas de oposición para que se pasen a las filas de su gobierno y por el espionaje telefónico a políticos y periodistas.

Con la quinta condena judicial en su contra dictada ayer, a 8 años, suman en total 52 años y medio las condenas impuestas a Fujimori, pero como en el Perú las penas no se acumulan sino que se cumplen simultáneamente, el ex dictador deberá cumplir solamente la sentencia mayor, a 25 años. En julio de 2013, el presidente Ollanta Humala le negó a Fujimori el indulto que había pedido, y recientemente el Poder Judicial rechazó su solicitud para cumplir su pena bajo arresto domiciliario. Para evadir el cumplimiento de las condenas en su contra, a Fujimori le queda la esperanza de que su hija Keiko gane las elecciones presidenciales en 2016.