El enfoque militar utilizado en México para luchar contra el narcotráfico causó un retroceso de los derechos humanos en ese país. Así lo denunció ayer Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch (HRW). “Animado por Estados Unidos, el gobierno de México se ha embarcado en una guerra contra los carteles con un enfoque de seguridad contraproducente”, opinó Roth, al finalizar la presentación del informe anual de su organización en un hotel de Beirut. A su juicio, el país azteca se encuentra tan enfocado en una aproximación militar contra los carteles de la droga que esa estrategia propició un clima de impunidad y de falta de rendición de cuentas entre las fuerzas del orden. El ex fiscal federal de Nueva York puso como ejemplo el caso de la desa-parición forzosa de los 43 estudiantes que tuvo lugar en septiembre en Iguala, estado de Guerrero, hecho que desencadenó protestas en todo el país para exigirle a Enrique Peña Nieto que averigüe el destino de los normalistas y combata la corrupción, en una tragedia de repercusión internacional que mantiene contra las cuerdas a su gobierno.

Aun así, el Ejecutivo mexicano hizo poco para combatir la corrupción e impunidad que propiciaron graves abusos por parte de militares y policías, ante la que Estados Unidos guarda silencio, advirtió HRW en su Informe Mundial 2015. La llamada guerra contra las drogas, lanzada en 2006 por el gobierno de Felipe Calderón, con un fuerte despliegue militar en las calles de las ciudades más asediadas por los carteles del narcotráfico, resultó en epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y tortura por parte de militares y policías, indicó la organización con sede en Washington. “El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, no ha hecho incursiones significativas para acortar la corrupción y la impunidad bajo las cuales han florecido estas atrocidades”, sostuvo el documento difundido en el Líbano. “La espiral de violencia entre las organizaciones criminales, aunada a la catastrófica situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90.000 vidas en México desde 2006”, cuantificó el texto.

Los países de América latina deben aprovechar el impulso del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba para reclamar no sólo el fin del embargo, sino el respeto a los derechos humanos en la isla, afirmó el director para la región de la ONG, Daniel Wilkinson. En el marco de la presentación del informe anual, Wilkinson habló en San Pablo del acuerdo anunciado en diciembre por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro, con vistas a la normalización de las relaciones bilaterales, rotas desde 1961. El director regional de la ONG mencionó como reformas positivas la liberación de presos políticos en Cuba, en el marco del acuerdo con Washington. HRW criticó nuevamente a Estados Unidos por los abusos cometidos en la cárcel de Guantánamo y la resistencia de la oposición republicana a aliviar las condiciones de detención de los presos en esa base militar ubicada en de Cuba.

“Obama perdió la oportunidad de cerrar Guantánamo cuando tenía mayoría en el Congreso”, apuntó Wilkinson. El funcionario dijo que una muestra de quebrar el silencio total de algunos países sobre la situación de los derechos humanos podrá verse en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en abril en Panamá. Además de los problemas causados por el avance del narcotráfico y del crimen organizado en México, el director de HRW destacó los asesinatos selectivos cometidos en Estados Unidos a fines del año pasado, el conflicto armado en Colombia y la prisión de opositores y la censura a medios en Venezuela.

Según HRW, los gobiernos se equivocan de manera garrafal cuando ignoran los derechos humanos para ocuparse de desafíos graves en materia de seguridad. En cuanto a Colombia, el informe advierte que a pesar del proceso de paz iniciado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la población civil sigue siendo víctima de graves abusos perpetrados por las guerrillas y los grupos sucesores de las organizaciones paramilitares disueltas. HRW menciona también el drama de los millones de desplazados por el conflicto interno y las amenazas a defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y activistas de la comunidad, y medidas del gobierno que limitan la investigación de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

En el capítulo dedicado a Venezuela, en lo referido a la represión de manifestaciones antigubernamentales de 2014, el informe señala que hubo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes –en su mayoría pacíficos–, detenciones arbitrarias acompañadas de palizas y otros abusos a los detenidos, y denegación de derechos básicos del debido proceso.

La ONG denunció que la tortura es un problema crónico en comisarías y cárceles brasileñas, y alertó sobre el aumento de los homicidios ejercidos por la policía en estados como Río de Janeiro y San Pablo. La directora para Brasil HRW, Maria Laura Canineu, destacó como avances de 2014 en derechos humanos el informe de la Comisión de la Verdad sobre crímenes de la dictadura militar. Las principales preocupaciones de HRW en Brasil, según la ejecutiva, rondan en torno de las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, en comisarías y en acciones callejeras emprendidas por la policía. “La tortura es una herencia de la impunidad”, afirmó Canineu, que mencionó la existencia de más de 5000 denuncias de torturas cometidas por agentes públicos y privados, de las cuales el 84 por ciento fueron perpetradas dentro de cárceles y comisarías.