Desde México DF

El desprecio hacia el trabajo periodístico en México por parte de actores políticos, sociales y empresariales es el hilo conductor en al menos 10 casos de periodistas mexicanos asesinados en menos de 28 meses de la administración de Enrique Peña Nieto, el último apenas confirmado el domingo pasado por la noche, cuando encontraron degollado a Moisés Sánchez Cerezo, un periodista y activista secuestrado en su casa en el estado de Veracruz el 2 de enero. El alcalde de su comunidad es señalado como autor intelectual del crimen.

México es el sexto país más peligroso del mundo para los periodistas, después de Siria, el territorio palestino de Gaza, Pakistán, Irak y Ucrania, según un reporte internacional difundido el 6 de enero en Ginebra por la Campaña por un Emblema de Prensa.

Desde 2000, al menos 82 periodistas y comunicadores han sido asesinados en México y otros 17 permanecen desaparecidos, registra la oficina local de la organización Artículo 19, con sede en Londres. En París, Reporteros sin Fronteras considera Veracruz como el estado más violento para la prensa mexicana con al menos 16 periodistas asesinados, un dato en el que coincide PEN México; 11 de esos crímenes han ocurrido desde julio de 2010, cuando inició la administración de Javier Duarte Ochoa.

De enero a septiembre de 2014, la oficina local de Artículo 19 documentó 222 agresiones contra la prensa. En 94 casos se trata de ataques físicos; 40 actos de intimidación; 37 amenazas; 23 detenciones arbitrarias; tres asesinatos a periodistas y el ataque a las instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo de un comunicador. En el 42 por ciento de las agresiones, el responsable es un funcionario público; en el 17 por ciento es un particular; y se desconoce al atacante en el restante 27 por ciento.

Para la Casa de los Derechos de los Periodistas, creada hace cuatro años en esta capital, en el período entre enero y noviembre de 2014 fueron asesinados ocho periodistas: tres en Guerrero, dos en Oaxaca, uno en Tamaulipas, uno en Sinaloa y uno en Zacatecas, además de un niño de apenas 12 años de edad, Juan Diego Benítez, hijo del conductor y fundador de la Radio Comunitaria La Calenta Mexiquense, Indalecio Benítez. El menor murió durante un ataque perpetrado por un comando armado que acribilló las instalaciones de la estación en Luvianos, estado de México.

Desde 2010, la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación; también confirmó 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo. Desde 2005, la CIDH ha documentado la desaparición de 22 comunicadores en México, y desde 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos.

De acuerdo con los registros de Artículo 19, los años 2006 y 2008 han sido los más mortales para los periodistas en México, con diez comunicadores asesinados en cada uno. El año pasado reportó cinco asesinatos.

Todas las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan la protección de periodistas coinciden en que el mayor agresor de la prensa en México es la policía, ya sea municipal, estatal o federal, así como funcionarios públicos de todos los niveles y las fuerzas armadas. Freedom House y el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), ambas con sede en Washington, confirmaron que las autoridades y sus cuerpos de seguridad son los agresores más frecuentes de periodistas.

Mediante la campaña “Periodistas en riesgo”, ambas organizaciones recibieron 209 reportes de agresiones desde el 1º de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente, hasta el 1º de diciembre de 2014. De ese total, 143 corresponden a agresiones físicas (46 golpizas de policías y 27 detenciones arbitrarias, incluida la de un periodista rumano); 17 golpizas por parte de manifestantes; 13 secuestros y 16 homicidios –8 de ellos precedidos de desaparición forzada– en nueve entidades (Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Zacatecas), incluida María del Rosario Fuentes, que compaginaba su labor como residente médica en un hospital de Tamaulipas con reportes sobre seguridad pública y crimen organizado en las redes sociales. El proyecto “Periodistas en riesgo” es realizado por un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos para registrar incidentes de criminalidad y corrupción.

En un reporte divulgado el viernes pasado, se detallan 46 casos de agresiones psicológicas, entre las que destacan cuatro casos de “doble riesgo”, que consisten en amenazas contra periodistas que investigaban algún tipo de agresión contra ellos mismos. El mapa de agresiones elaborado por Freedom House y el ICFJ muestra también 14 agresiones digitales y seis agresiones legales (es decir, acoso legal mediante demandas, citatorios o decomiso de equipo).

Estas agresiones tienen como hilo conductor “un creciente desprecio hacia la labor periodística en México por parte de actores policíales, políticos, sociales y empresariales, además de los grupos criminales”, y una “sólida confianza” en que tales crímenes quedarán impunes.