El presidente electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció ayer la formación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, para intentar esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura militar uruguaya. La comisión, de la que formará parte la nieta del poeta Juan Gelman, Macarena Gelman, tendrá como objetivo la búsqueda de información relevante y la reconstrucción de los delitos a partir del testimonio de las víctimas, sus familiares o simples testigos.

Acompañado por legisladores, líderes religiosos y representantes de familiares de desaparecidos y afrodescendientes, Vázquez defendió la creación de la comisión, al explicar que pretende avanzar más de lo que se ha hecho hasta el momento. “Es un compromiso formal que hemos adquirido como fuerza política y también personalmente”, afirmó el futuro mandatario, quien adelantó que el grupo será oficializado después del próximo 1º de marzo, una vez que sea investido presidente, y que dependerá de la Presidencia. Aseguró que la conformación de la comisión responde a razones éticas y morales, y que se trata de un tema sensible para la población uruguaya. Vázquez, acompañado por el vicepresidente electo, Raúl Sendic, justificó que se trata de una comisión reducida para dinamizar su funcionamiento, y señaló que sus integrantes son personas directamente relacionadas con el tema.

Este es el caso de los diputados frenteamplistas Macarena Gelman, víctima del Plan Cóndor y nieta restituida del poeta argentino Juan Gelman, y Felipe Michelini, hijo del político Zelmar Michelini, asesinado por la dictadura argentina (1976-1983). Ambos se integraron en el grupo, junto con Emilia Carlevaro en representación de las asociación de familiares de desaparecidos, y representantes de colectivos también perseguidos durante los años de la dictadura. En concreto, el grupo lo completan Mario Cayota en representación de la Iglesia Católica; el pastor Ademar Olivera, por la Iglesia Metodista; Pedro Sclofsky, ex presidente del Comité Central Israelita de Uruguay, y la mae Susana Andrade, en nombre de los afrodescentienes y la religión afroumbandista.

Toda la información existente y la que se logre incorporar será digitalizada con un programa informático, que agilizará su procesamiento y análisis, explicó el futuro prosecretario de la presidencia, Juan Andrés Roballo. Asimismo, el grupo deberá instrumentar el seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado, tanto a nivel nacional como internacional, y analizar las leyes y medidas de reparación.

Vázquez, junto al equipo que trabajará en la comisión, destacó que la relación con las fuerzas armadas seguirá siento “institucional”. “Acá hay una verticalidad, el presidente de la República es el mando superior de las fuerzas armadas, y ése va a ser el nivel de relacionamiento”, explicó el futuro mandatario. Además, Vázquez resaltó que se buscará otorgar independencia del sistema político a los antropólogos que trabajan en predios militares y civiles en búsqueda de restos de desaparecidos. “No hay que bajar los brazos y hay que seguir trabajando denodadamente para buscar la información que falta. Falta información, en algún lado está, hay que buscarla. Y yo tengo una enorme esperanza de que podamos avanzar sustancialmente en este tema”, dijo Vázquez.

La creación de la comisión llegó un día después de que la Justicia italiana celebrara la primera audiencia del proceso contra el denominado Plan Cóndor, en el que 32 ex militares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay están acusados de la desaparición de 43 opositores, en su mayoría italianos. Sobre el juicio, Vázquez resaltó que harán un seguimiento especial y expresó su compromiso a respetar lo que la Justicia dicte.

La mayoría de los acusados en Italia serán juzgados en ausencia, con excepción del capitán de navío uruguayo Néstor Tróccoli, que tiene pasaporte italiano, reside en el país europeo y participó de la audiencia.

En marzo de 2012 el Estado uruguayo asumió en un acto formal la responsabilidad por los crímenes cometidos durante la dictadura, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Uruguay se condenó a unas 15 personas por delitos cometidos durante la dictadura –entre ellos los ex dictadores Gregorio Alvarez y el fallecido Juan María Bordaberry–. Todos fueron condenados por el delito de homicidio. Durante la dictadura uruguaya desaparecieron unos 200 opositores –en su mayoría en Argentina– por la colaboración entre ambos regímenes militares en el marco del Plan Cóndor.

Vázquez fue consultado por los medios sobre el ofrecimiento del papa Francisco para mediar en el caso de desaparecidos uruguayos. El próximo mandatario uruguayo aseguró no contar con una proposición oficial por parte del Vaticano, pero destacó que todos los aportes para lograr la verdad son bienvenidos. Sin embargo, advirtió los alcances de la Iglesia en la comisión. “Uruguay es un Estado laico”, dijo Vázquez, “y por eso corresponde que trabajemos como un Estado laico”.