Pregunta: ¿cómo qué pueden reinsertarse en la vida legal más de 10.000 paramilitares que se han pasado la mayor parte de los últimos 10 años en combates y masacres salvajes en plena selva, matando, torturando y deportando? Respuesta: como integrantes de las fuerzas legales. O como sus “ayudantes”. Esta lógica de desempate de la trabada relación de fuerzas entre las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN, por un lado, y el ineficiente ejército colombiano por otra puede ser lo que está detrás de las “negociaciones” impulsadas por el gobierno de Alvaro Uribe para el “desarme” y la reinserción “civil” de los milicianos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Empezar la “paz” por el sector más próximo no es una decisión inocente; más bien, indica cuál es el camino de prosecución de la guerra. Es también lo que puede estar detrás de la anómala ley que está impulsando el gobierno para perdonar a los culpables de hechos “atroces”. El mismo Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz del presidente Alvaro Uribe, lo dice en el reportaje de estas páginas con todas las letras: las AUC, nos explica, están a favor del Estado, mientras las guerrillas están por su subversión. En esta distinción yace el núcleo de toda la compleja estrategia del presidente para terminar con la guerra más larga y las guerrillas más poderosas de la historia del continente.
Uribe tiene un punto a favor de su plan: la violencia indiscriminada de las FARC determinó que llegara al poder en primera vuelta con más de un 50 por ciento de los votos, y en las últimas mediciones, tomadas más de un año después, de crisis económica, austeridad y renovada violencia, tiene en torno de un 70 por ciento. Esa derechización de la sociedad colombiana también debe haber incidido en la relación de fuerzas en el terreno. En otras palabras, si las AUC medían unos 10.000 hombres antes del colapso del proceso de paz impulsado por el ex presidente Andrés Pastrana es posible que ahora midan bastante más. Es que las AUC, de constituir ejércitos privados de los terratenientes, han ampliado tangiblemente su base social, para devenir en una contraguerrilla de la pequeña burguesía aterrorizada por la disolución del poder estatal central en el país, y por la generalización de la violencia. Ese aumento de popularidad puede medirse en la misma elección de Uribe –acusado en su momento de ser “el candidato de los paramilitares” y el hombre a quien los “paras” recomendaron votar– y en su propio ascenso en las encuestas desde ese momento. Paralelamente, el lanzamiento de una campaña de sabotajes a la infraestructura, de secuestros en alza y de guerrilla semiurbana por las FARC y el ELN no deben haberles hecho un gran favor en términos de opinión pública. Es que hace mucho que la guerra colombiana no se medía en términos de opinión pública, mientras el retroceso militar experimentado por las FARC al ser evacuadas de la zona desmilitarizada que ocupaban en el sur del país, así como la baja de ingresos por la intensificación de la campaña aérea contra los cultivos de coca, pueden haber estimulado la actual baja de su selectividad en materia de los blancos elegidos.
Hace poco más de un año, Uribe parecía completamente dependiente de la ayuda internacional para llevar a cabo su programa de ley y orden a sangre y fuego; hoy, en cambio, parece haber empezado a contar con nuevas cartas internas. Ocurre que Estados Unidos no está dispuesto por el momento a comprometer nada más importante que entrenadores de elite, ni a ceder en su reclamo de extradiciones contra los paramilitares que figuran en su lista negra, mientras el panorama regional es francamente desfavorable para el gobierno de Uribe: Venezuela ha sido una clásica retaguardia y santuario de las guerrillas colombianas, mucho antes de Hugo Chávez y de la emergencia de las FARC al estrellato, mientras que Brasil, cuya frontera amazónica con Colombia es una de las más largas y difíciles en defender de la región, lo último que quiere es una radicalización del conflicto que pueda hacerlo derramarse hacia su territorio.