Un grupo de expertos de la ONU pidió ayer al gobierno español del presidente Mariano Rajoy que retirara dos de sus más controvertidos proyectos legislativos, la conocida como “ley mordaza” y la reforma del Código Penal, porque “amenazan con violar los derechos fundamentales y las libertades” de los ciudadanos.

El pedido de Naciones Unidas llega después de que el Congreso de los Diputados español aprobó la semana pasada, con mayoría del derechista Partido Popular (PP) y en un procedimiento urgente, una reforma penal para reforzar la lucha contra el “terrorismo jihadista”.

“Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalaron los expertos en un comunicado publicado en Ginebra. El texto lo firman cinco relatores de Procedimientos Especiales, un órgano independiente de la ONU que monitorea casos o temas concretos de derechos humanos.

Con respecto al Código Penal, señalan que “el proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades”.

Como ejemplo, los expertos destacan que se considere como “circunstancia agravante el hecho de que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa’”. “Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al Derecho internacional, ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, subraya Maina Kiai, relatora sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación.

También se proponen penas de prisión o multas como castigo a aquellas personas que difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que, en opinión del experto David Kaye, “conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar a quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”. Kaye es relator sobre la promoción del derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, los expertos de la ONU coinciden en que “la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de “incitación y enaltecimiento” o “justificación’ del terrorismo”, “son excesivamente amplias e imprecisas”. “Tal como está redactada, la ley antiterrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar, entre otros, en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”, denuncia Kaye. “El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en Internet”, agrega.

Los especialistas advierten que “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. En ese sentido expresan su preocupación ante unas reformas que pueden ser “una respuesta del gobierno y del Poder Legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”, la relatora Kiai señala que “vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio, limitándolo”. “Este proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añade por su parte el relator Kaye.

Asimismo, en lo que respecta al punto que reforma la Ley de Extranjería para permitir las llamadas “devoluciones en caliente” –expulsión automática– de los inmigrantes que llegan a España a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, en el norte de Africa, indican que “podría permitir la deportación de personas bajo riesgo de sufrir torturas u otras formas de malos tratos, contrariando las disposiciones internacionales sobre derechos humanos”.

El comunicado también cuenta con la firma de Ben Emmerson, relator sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; François Crépeau, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, y Michel Forst, relator especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos. Las leyes cuestionadas por la ONU están siendo debatidas actualmente en el Senado y, de no sufrir modificaciones, entrarán en vigor a la brevedad.