Refugiado en la residencia presidencial, el presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada buscaba ayer desesperadamente acuerdos con sus aliados -a esta altura, el único político de peso que lo respalda es el ex mandatario Jaime Paz Zamora– para neutralizar los reclamos de la población para que renuncie. El canciller Carlos Saavedra dijo que “el gobierno está dispuesto a negociar todo menos la institucionalidad y el respeto a la democracia”. A diferencia de las manifestaciones del lunes y el martes, que se centraron en la capital y la ciudad de El Alto, las protestas de ayer se diseminaron por todo el país, especialmente en Sucre, Oruro y Cochabamba. En esta última ciudad hubo saqueos y los manifestantes intentaron quemar la sede de la gobernación. Mientras miles de campesinos marchaban desde distintos puntos del país para concentrarse en la capital, que sigue desabastecida, la represión de una marcha de mineros provocó otras dos muertes a manos del ejército en Huanuni, a 284 kilómetros de La Paz.
“¿Qué queremos? La cabeza de Goni. ¿Cuándo? Ahora, carajo”, gritaban ayer las primeras columnas de manifestantes que entraron a La Paz procedentes de El Alto, la ciudad dormitorio que se ha convertido en el símbolo de la revuelta boliviana. El país sigue paralizado por la masiva protesta y la huelga general para exigir la dimisión de Goni, como le dicen a Lozada, a quien la población señala como el principal responsable del baño de sangre que se ha cobrado 68 muertos en los últimos días. “Por favor, que mañana sea un día sin muertos”, suplicaba ante las cámaras de TV el conductor de un programa político el martes a la noche. La tensión se respiraba en todo el país ante una jornada que se temía especialmente violenta. Los peores enfrentamientos se produjeron en la zona de Patacamaya, en el departamento de Oruro, donde hubo dos muertos y 14 heridos en una batalla campal entre mineros y unidades militares. La Paz es el centro de las protestas. Miles de campesinos cocaleros y mineros de todo el país siguen marchando para concentrarse en el centro de la capital. “El gas no se vende porque es de los bolivianos. Nos quedamos acá hasta que el presidente renuncie”, gritaban algunas columnas.
Como el transporte público no funciona, miles de paceños se desplazaban a pie por la avenida Mariscal Santa Cruz, que como la mayoría de las calles permanece bloqueada con bolsas de basura. El corte de la autopista que comunica a La Paz con el aeropuerto fue reforzado con cinco vagones de tren que fueron tirados sobre las vías por los manifestantes. La terminal de micros está desbordada por centenares de personas que duermen allí, mientras que en el aeropuerto fueron evacuados la mayoría de los turistas extranjeros. El cónsul de Chile en Bolivia, Fernando Urrutia, recomendó a los chilenos que están en Bolivia que “no hagan ostentación de su condición de chilenos”. El clima antichileno se debe a que la exportación de gas que promueve el gobierno boliviano se haría a través de un puerto chileno.
Durante la multitudinaria concentración en la capital, el secretario general de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, llamó a mantener la huelga general y los cortes de rutas y a “cavar zanjas” en las calles. También convocó a las mujeres del país a iniciar una huelga de hambre, “mientras los hombres combaten en las calles”, para forzar la renuncia del presidente. Pero, a esta altura, la propuesta de una huelga de hambre parece irónica, por lo menos en La Paz, donde el desabastecimiento de alimentos y combustibles empeora a cada hora y la basura se amontona en las calles sin que nadie la recoja. “Estoy tratando de comprar comida, pero no hay nada. Y si encuentro algo, los precios son exagerados”, dijo Laura Paullapi, una madre de tres hijos, mientras hacía cola en una carnicería que tenía las persianas bajas por temor a los saqueos. El director del Hospital Central de La Paz, Eduardo Chávez, está preocupado la falta de alimentos. “Apenas les damos algo de caldo, es lo único que tenemos”, señaló. Ante la gravedad de la crisis, la populista de derecha Nueva Fuerza Republicana (NFR), planteó el llamado a un referendoconsultivo como salida política. El líder de ese partido, el capitán retirado Manfred Reyes Villa, no descartó una sucesión presidencial ante la creciente degradación de la situación.
En medio de la convulsión social que provocó el proyecto gubernamental de exportar gas a Estados Unidos, la petrolera española Repsol YPF anunció que el plan “está en compás de espera”. Pero fuentes de la filial de la petrolera en Buenos Aires señalaron que la compañía “mantiene su proyecto de exportación de gas boliviano hacia Estados Unidos y México”. Mientras, Estados Unidos negó que su política antidroga haya alimentado el malestar de los campesinos bolivianos que se oponen al plan de exportación de gas. “El argumento de que si Estados Unidos importara más drogas los bolivianos estarían mejor no nos deja muy contentos”, dijo el vocero del Departamento de Estado norteamericano Richard Boucher en una conferencia de prensa en Washington. Consultado sobre si el deterioro de la economía boliviana se debe a que la política estadounidense de otorgar ayuda financiera a Bolivia a cambio de la erradicación de cultivos de coca ha afectado a los indígenas, el vocero afirmó que “la producción de coca socava gobiernos legítimos”.
Entretanto, el diario boliviano El Diario denunció el secuestro en La Paz de parte de la edición del martes, que titulaba “Coinciden analistas estadounidenses: Bolivianos tienen derecho a pedir renuncia de Presidente”. La revista Pulso denunció lo mismo respecto a su edición, que traía acusaciones contra EE.UU. Mientras, el canal de TV privado Cadena A denunció que sus empleados fueron amenazados y que los militares “acosan” sus antenas. Ayer, este canal vinculado al líder del partido conservador Acción Democrática Nacionalista cortó la transmisión de las protestas en La Paz para pasar música.