El Congreso de los Diputados español aprobó ayer un paquete legislativo sobre seguridad ciudadana, que incluye la llamada “ley mordaza”, el cual restringe el derecho a la protesta. Las reformas al Código Penal fueron adoptadas con los votos a favor de los diputados del conservador Partido Popular (PP) del jefe de Estado, Mariano Rajoy, que poseen la mayoría en el Congreso. La aprobación del conjunto de leyes fue duramente criticado por la oposición y varias ONG, ya que consideran que ataca desde la libertad de expresión a la protección de inmigrantes.

Este paquete legislativo introduce en el Código Penal la figura de la “prisión permanente revisable”, que equivale a la cadena perpetua, acompañada de un tiempo de reclusión mínimo de 25 años para los crímenes más graves como asesinatos múltiples. Uno de los temas polémicos son las cuantías de la sanciones, que para infracciones muy graves prevé multas de entre 30.000 y 600.000 euros, para las graves de 30.000 a 601 y para las leves de 600 a 100 euros. Originalmente, la ley consideraba grave una concentración o manifestación ante el Congreso, Senado o Parlamentos regionales que no hubiese sido comunicada, mientras ahora esto se considera “leve”. Pero si la manifestación no es comunicada y perturba gravemente el orden público, entonces sí se considera una infracción “grave”. Las manifestaciones o reuniones no comunicadas o prohibidas en lugares que no tengan consideración de infraestructuras críticas, como las centrales nucleares, son consideradas infracciones “muy graves”. La desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse también se consideran infracciones graves, igual que la negativa a disolver reuniones o manifestaciones o la perturbación del desarrollo de una manifestación lícita. La ley autoriza asimismo la devolución en frontera de inmigrantes que intentan franquear las altas vallas que rodean los enclaves norafricanos de Ceuta y Melilla, lo que, según las ONG de defensa de los derechos humanos, imposibilita a los migrantes a obtener la asistencia de un abogado o a presentar una petición de refugio o asilo.

La reforma del PP, aprobada gracias a la mayoría absoluta de los conservadores en el Parlamento, comenzó a delinearse en 2013, en el momento de mayor convulsión social por las protestas contra las políticas neoliberales del Ejecutivo. Pero el proyecto inicial sufrió modificaciones después de meses de resistencia y de que órganos consultivos del Estado consideraran que varios de sus puntos podían ser inconstitucionales.

Durante el debate de ayer, el tono de la discusión subió cuando llegó la hora de esgrimir las posturas de cada partido. El diputado socialista Ignacio Sánchez Amor anunció que su partido derogará la ley cuando lleguen al gobierno. “Es un texto que trata de amedrentar para desmontar el Estado de Derecho y neutralizar una respuesta ciudadana contra las medidas del gobierno, que ha sido impecable.” El diputado socialista afirmó que en el PSOE defienden a “quienes se ponen una camiseta y van a manifestarse porque se sienten ciudadanos y no súbditos”. El diputado por el PP Conrado Escobar respondió a Sánchez Amor que la ley constituirá un avance para la convivencia y un refuerzo a la democracia. “Incrementa la protección de los ciudadanos, de quienes pasean, del niño, de la abuela.” Por su parte, el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto reiteró por enésima vez que existen paralelismos entre la nueva norma y los mecanismos represivos de la “época franquista”.

En protesta por la aprobación de la “ley mordaza”, la denominada plataforma ciudadana No Somos Delito convocó para abril a una manifestación de hologramas en Madrid. La acción invita a cualquier persona del mundo a escanearse a sí mismo a través de la web. La portavoz de la plataforma, Aba Villanueva, explicó que de esta forma, cualquier persona podrá estar presente en la manifestación de hologramas. “Hemos tenido que organizar una manifestación mediante hologramas, porque si esta ley no se paraliza, será la única forma que tendremos de manifestarnos en España”, explicó. También se manifestó en contra de la aprobación del paquete de leyes la organización Amnistía Internacional. “Hoy es un día duro para España”, dijo en un comunicado Gauri van Gulik, reponsable para Europa de la ONG. También Human Rights Watch denunció que la ley de seguridad ciudadana “cercena derechos fundamentales”, mientras que Greenpeace se manifestó a favor por una legislación que permita la protesta pacífica de la sociedad civil. “En Greenpeace no se nos escapa que esta ley será una herramienta para que el gobierno y sus amigos, que dirigen las políticas ambientales y energéticas, tengan más fácil aplicar sus objetivos sin la acción incómoda de la sociedad civil”, afirmó la organización en su sitio web.

Este paquete de leyes es aprobado tras tres años de múltiples manifestaciones en España contra la austeridad y la corrupción, en su mayoría pacíficas.