La Policía Federal cerró en la tarde de ayer el balance de los bienes confiscados durante la realización de la Operación Zelote, en la cual desbarataron una banda acusada de defraudar al fisco brasileño. Según la policía brasileña, un grupo de funcionarios y gestores que operaba en una dependencia del Ministerio de Hacienda causó una defraudación fiscal comprobada de 1780 millones de dólares, cifra que las autoridades sospechan que puede llegar hasta casi 6000 millones de dólares.

La Policía Federal reveló ayer el inventario de los bienes confiscados en los allanamientos del jueves. El operativo dejó como saldo la confiscación de dieciséis autos –entre vehículos de lujo e importados–, tres motos, joyas, cerca de 1,8 millón de reales, 9000 dólares y 1500 euros. En San Pablo encontraron diez vehículos y 240.000 reales, mientras que en Ceará también fueron aprehendidos dos vehículos. Por decisión de la Justicia Federal, todos los rodados fueron entregados a sus respectivos dueños, que son los depositarios fieles de los bienes, si bien no pueden disponer de ellos sin autorización judicial. Entre los allanados se encuentra el Banco Safra SA, el octavo banco del país.

La investigación del caso se inició en 2013 y permitió descubrir qué funcionarios filtraban información privilegiada a estudios de abogados y consultores en varias ciudades, para que éstos captaran a empresas interesadas en recibir facilidades en los juicios del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), organismo que forma parte del Ministerio de Hacienda. Según las autoridades, dentro de la lista de “beneficiadas” hay bancos, automotrices, empresas de construcción civil y sidelúrgicas.

La red ofrecía la manipulación de los procesos, la concesión de los pedidos de aplazamiento de las sentencias y la obtención de fallos favorables, entre otros servicios. El grupo recurría a las firmas de abogados y consultores para disimular sus acciones y el flujo de dinero, que era lavado y recuperado por las empresas como patrimonio aparentemente lícito.

Mientras tanto, la policía brasileña cumplió ayer dos órdenes de arresto contra implicados en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, entre ellos la del principal ejecutivo de la constructura Galvao Engenharia. Las dos detenciones preventivas fueron ejecutadas en la madrugada de ayer en Río de Janeiro y San Pablo.

Los dos presos fueron identificados como Guilherme Esteves, acusado de distribuír recursos desviados de Petrobras entre los miembros de la red de corrupción, y Darío Queiroz Galvao, uno de los principales ejecutivos y propietarios de la constructora Galvao Engenharia. Esta firma es una de las veintitrés constructoras acusadas de integrar el cartel que se distribuía los contratos de Petrobras a cambio del pago de sobornos.

La detención se produjo sólo dos días después de que Galvao Engenharia se acogiese a la ley de protección de quiebras para intentar, con ayuda judicial, un alivio de los problemas financieros derivados de la suspensión de pagos de contratos de Petrobras. El proceso judicial fue instaurado en marzo del año pasado para desmontar una red que manipulaba los contratos de la mayor empresa de Brasil con numerosas constructoras, elevaba artificialmente su valor y distribuía la diferencia en sobornos pagados a políticos y funcionarios de la petrolera.