EL MUNDO › DESPUES DE DECADAS DE REPRESION, EL PAIS QUE INICIO LA PRIMAVERA ARABE CONTINUA LA TRANSICION DEMOCRATICA
El año pasado se aprobó una nueva Constitución que garantiza derechos fundamentales; sin embargo, organizaciones humanitarias y expertos reclaman cambios en seguridad y Justicia, y advierten sobre los alertas terroristas.
› Por Mercedes López San Miguel
Túnez fue la primera pieza de dominó que cayó en lo que se llamó la Primavera Arabe. Con el derrocamiento del dictador tunecino Ben Alí, en 2011, se inauguró una etapa de cambios en Egipto y Libia, que generó fuerte expectativa mundial. Hubo avances y retrocesos democráticos en el norte de Africa, y aún así Túnez está en una situación mejor si se lo compara con sus vecinos, aunque persisten claroscuros.
En las elecciones del año pasado venció una coalición de partidos liderada por Beyi Caid Essebi, que incluye a representantes del antiguo régimen. El propio Essebi, de 89 años, ocupó cargos en las dictaduras de Bourguiba y Ben Alí. Santiago Alba, escritor español y experto en el mundo árabe, señala a Página/12 desde Túnez los motivos que tiene para afirmar que la situación en ese país no es auspiciosa. “No ha habido depuración del antiguo aparato del Estado y el alerta antiterrorista se utiliza para recortar las libertades y reprimir a los más jóvenes, los que hicieron la revolución en 2011 y que hoy se sienten desencantados y no representados por las instituciones.”
En enero de 2014 se aprobó una nueva Constitución que no contempla la sharia (ley islámica) y garantiza derechos humanos clave, como la libertad de expresión, reunión y asociación y el derecho a constituir partidos políticos, aunque no abole la pena de muerte. Sin embargo, las autoridades continuaron restringiendo la libertad de expresión y de asociación, según denunció Amnistía Internacional en el informe 2014-2015. “Se recibieron nuevas denuncias de tortura bajo custodia, y al menos dos personas fueron víctimas de homicidio aparentemente ilegítimo a manos de la policía”, señala el informe.
Bénédicte Goderiaux, investigadora de Amnistía sobre Africa, afirma a este diario que a pesar de que hubo momentos difíciles en los dos últimos años, incluyendo la polarización política que provocó la muerte de dos líderes opositores en 2013, Túnez continúa el camino hacia el respeto de la ley y la credibilidad de las instituciones. “El nuevo gobierno debe hacer reformas en la seguridad y la Justicia, que fueron herramientas para la opresión bajo el régimen de Ben Alí; debe enmendar leyes que restrinjan libertades e implementar políticas que traten la marginalidad de ciertas regiones y la desigualdad, incluyendo cuestiones de género.”
Asimismo, en el país se estableció un nuevo proceso para afrontar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Pero un tribunal militar de apelación redujo significativamente las condenas de ex altos cargos declarados culpables de responsabilidad en cientos de homicidios cometidos durante el levantamiento de 2011, según constató la organización humanitaria con sede en Londres.
El ataque del pasado 18 de marzo en el Museo del Bardo, en el que murieron 23 personas, incluyendo dos de los tres atacantes –el tercero logró escapar–, encendió alarmas ante las fallas de la seguridad y la presencia de grupos islamistas radicales. Aunque el ataque fue reivindicado por el grupo sunnita Estado Islámico –que combate en Siria e Irak–, el gobierno lo atribuye a la organización Okba Ibn Nafaa, vinculada con Al Qaida en el Magreb Islámico.
Túnez ha mantenido sus fronteras abiertas a las miles de personas que huyen de los combates entre las milicias armadas de Libia. “Hoy día hay mucho temor por la inestabilidad de Libia –señala Marisa Pineau, profesora de la UBA especialista en temas africanos– de donde parece que se formaron y salieron los atacantes del Museo del Bardo. La izquierda no tiene una respuesta firme frente al islamismo y los jóvenes, muchos de los que participaron de todo el movimiento de 2011, están muy decepcionados.”
Existe más de una versión sobre el objetivo del ataque. Una señala que los tres hombres armados querían entrar al Parlamento –contiguo al museo– para disparar contra los legisladores que debatían una ley antiterrorista pero que fueron vistos por custodios y por eso tomaron como rehenes a un grupo de turistas. Otra versión indica que el ataque estaba dirigido a las obras de arte, en espejo con la destrucción de estatuas y obras milenarias que se pudo ver en videos difundidos por el Estado Islámico en Irak.
En todo caso, quedó claro que la acción terrorista se trasladó a la ciudad y que turistas fueron blancos del atentado. Hasta el momento, las acciones se limitaban a zonas rurales, cercanas a las fronteras. Alba sostiene que el islamismo radical tiene una presencia minoritaria en Túnez y está concentrado sobre todo en el monte Chaambi, en la frontera con Argelia, donde jihadismo y contrabando se mezclan sin que sea fácil distinguirlos.
Un asunto que preocupa es la cantidad de jóvenes que habrían ido a pelear a Siria y a Irak, y que estarían de vuelta para actuar en Túnez, sumados a los que se habrían entrenado en Libia. Goderiaux afirma que existe una amenaza terrorista real. “El ataque en el museo lo ejemplifica. Los tunecinos representan el número más alto de combatientes extranjeros en Siria y aumentaron su presencia en los grupos armados en Libia. En los últimos años, milicianos del grupo Okba Ibn Nafaa atacaron a las fuerzas de seguridad en el monte Chaambi. Dos políticos de izquierda fueron asesinados en 2013, hecho que casi arruina el proceso de transición. Además, crece el temor a que la situación inestable en Libia afecte a Túnez.” Ante este escenario, expertos y organizaciones humanitarias temen que el gobierno apruebe una ley antiterrorista que recorte derechos.
Aun así, la situación en Túnez es mejor que en Libia, país inmerso en el caos, dado que numerosos grupos armados se disputan el poder territorial desde la caída de Muammar Khadafi. Túnez también está en mejor posición que Egipto, donde aumentó la represión a los dirigentes opositores y los activistas de la sociedad civil.
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