La sindicalista brasileña Marice Correa, cuñada del ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, detenido por hechos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, se entregó hoy a la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.

Correa llegó a Curitiba, capital del estado de Paraná, procedente de Panamá en compañía de su abogado, Claudio Pimentel, y no dio declaraciones al grupo de periodistas que la esperaba en la entrada de la sede de la Policía Federal.

La cuñada de Vaccari, que también es sospechosa de participar en las corruptelas investigadas en Petrobras, está afiliada al PT y forma parte de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Pimentel señaló que su cliente se encontraba en un congreso de trabajo en Panamá desde hace diez días, antes que la orden de captura fuera expedida por la Justicia, y dijo que confía en su “inocencia”.

Este jueves las autoridades declararon “fugitiva” a Correa, porque no se presentó a la Policía 24 horas después de que fuera emitida su orden de captura, lo que ocurrió el miércoles. Según el abogado, Correa retornó al país esta madrugada y, con autorización de la Policía en San Pablo, donde de-sembarcó, viajó con su abogado por cuenta propia hasta Curitiba.

Vaccari asumió la tesorería del PT en 2005, después de que su antecesor, Delubio Soares, fuera implicado en un asunto de sobornos en el Congreso por el que fue a prisión con 25 empresarios y políticos condenados.

Según la policía, Vaccari intermedió para que empresas del área de la construcción, que supuestamente pagaban sobornos para hacerse con contratos de la estatal Petrobras, desviasen parte del dinero que obtenían con la petrolera para financiar campañas políticas del PT y otros partidos.

Tras ser detenido en su domicilio, este miércoles Vaccari dejó su cargo en el PT, lo cual fue comunicado por la propia formación a través de un comunicado en que respaldó a su dirigente.

El caso Petrobras, cuyo esquema delictivo lleva más de dos décadas, estalló a principios de año, poco después de la reelección de Dilma Rousseff, y desde entonces ha sido utilizado por la oposición para explorar la posibilidad de un juicio político que acorte el mandato de la presidenta.