Desde Atenas

Grecia es otra de las grandes puertas (cerradas) a Europa. El 80 por ciento de los inmigrantes que, de forma ilegal, intentan llegar al Viejo continente lo hace a través de la frontera griega con Turquía. Pero el país heleno –que para la mayoría es sólo un primer paso hacia estados más prósperos– se convierte rápidamente en un callejón sin salida. Denunciada por organismos de derechos humanos de todo el mundo por encerrar a personas sin papeles en centros de detención bajo terribles condiciones, Grecia llevó adelante durante años una férrea política migratoria de la que sus anteriores gobiernos presumían.

La llegada de Syriza al poder comporta para muchos la esperanza de un vuelco en este sentido y las medidas anunciadas en sus primeros meses de legislatura –la liberación de miles de extranjeros detenidos, entre ellas– parecerían confirmarlo. Sin embargo, el partido izquierdista no está solo en el Parlamento y las decisiones que tome tendrán que ser consensuadas con quienes desde las últimas elecciones son la tercera fuerza política: los neonazis de Aurora Dorada.

Para el análisis de este complejo panorama, Página/12 se reunió en Atenas con el concejal y coordinador del Movimiento contra el Racismo y la Amenaza Fascista (Keerfa), Petros Constantinou, referente en toda Grecia por sus extendidas campañas en solidaridad con los inmigrantes y por su lucha frontal contra la ultraderecha.

Lo primero que hay que desglosar, según aclara Constantinou no bien empezar la charla, es que en Grecia hay dos tipos de migraciones: los extranjeros que llegan al país en calidad de refugiados y los inmigrantes que van por motivos económicos. Los del segundo grupo están abandonando el país por falta de trabajo y ya son más de 200 mil desde el arranque de la crisis en 2008. “Los paquistaníes, que son la comunidad extranjera más grande de Grecia, están volviendo a su país o yéndose a Alemania o Inglaterra”, relata Petros. “Los inmigrantes están sufriendo igual que la clase obrera griega. Hay 500 mil que no tienen papeles, muchos de los cuales provienen de gente que perdió su documentación por no tener trabajo, ya que los permisos están conectados con el empleo y la seguridad social”, explica.

Al problema económico, el especialista en migraciones agrega otro que es igual de grave o peor: el elevado número de hijos de inmigrantes que, pese a haber nacido en Grecia, no tienen permiso de residencia debido a las incongruentes leyes de extranjería helenas. “Hay 200 mil niños que nacieron aquí y se vuelven ilegales cuando terminan la escuela, por lo que tienen entonces que empezar el mismo proceso legal que hicieron sus padres”, detalla Constantinou. “Incluso si ni siquiera conocés tu país de origen, el gobierno te dice que no sos griego”, denuncia.

Aunque la tasa de inmigración se redujo considerablemente debido a la crisis económica, la llegada de refugiados que escapan de las contiendas en países vecinos no se detiene porque, como expresa Constantinou, “las guerras en Medio Oriente, Afganistán y Paquistán no se acabaron, eso es una gran mentira”. La mayoría de ellos ven Grecia solamente como la puerta de entrada a la Unión Europea y su destino final procura ser el de los países nórdicos. Pero si consiguen traspasar la frontera –porque cientos de ellos mueren en el trayecto por el Mediterráneo o en el cruce del río Evros donde el anterior gobierno construyó un muro para evitar el acceso desde Turquía– muchos quedan retenidos en los Centros de Internamiento de Extranjeros que las directivas europeas sobre refugio y asilo están promoviendo. “La Unión Europea (UE) y el gobierno griego autorizan el ingreso en prisión –porque son prisiones, llamemos a las cosas por su nombre– a los recién llegados sin papeles por un lapso máximo de 18 meses que, además, generalmente se sobrepasa”, explica Petros.

En Amygdaleza, el “Guantánamo griego”, 1650 internos conviven en un predio que tiene capacidad para 400, con una ración de papas y arroz al día –debido al impago del Estado a los proveedores– y sin asistencia sanitaria. “Más del 7 por ciento de los reclusos muere en los centros de detención porque no tienen acceso a tratamientos médicos”, afirma Constantinou, quien lleva años peleando por la clausura de estos campos.

A finales de febrero, el Ejecutivo de Syriza anunció el cierre progresivo de los centros de detención para inmigrantes irregulares y la puesta en libertad de cuatro mil internos, tras el suicidio de un joven paquistaní de 28 años en el predio de las afueras de Atenas, Amygdaleza. Esta medida generó muchas ilusiones en el pueblo griego, cansado ya de tantos años de abusos e intolerancia, a la vez que fue recibida con cautela por los sectores más radicales de la izquierda. “Les darán libertad condicional a quienes están encerrados desde hace más de seis meses pero nadie sabe aún qué pasará cuándo se los libere. No se trata sólo de dejarlos fuera, sino de tener un plan sólido para que obtengan los papeles cuando salgan”, manifiesta Petros.

La apertura de estos “campos de concentración”, como no duda en llamarlos el concejal de Atenas, responde a una política racista y xenófoba (principalmente enfocada en el mundo musulmán) que los gobiernos anteriores –conservador y socialista– desarrollaron, en connivencia con la policía y grupos de ultraderecha. “Durante la primera fase de la crisis, años 2007-2008, Europa puso en marcha las medidas de ajuste y al mismo tiempo la islamofobia, acusando a los inmigrantes –especialmente en Grecia a los paquistaníes– del desempleo y de todos los problemas derivados de la crisis”, expone Constantinou. “Luego vinieron los memorándum de la troika, en 2010 que fueron cruciales porque promovieron un lavado de cara de la extrema derecha que, al oponerse a las condiciones del Eurogrupo, empezó a venderse como nacionalista, y no como lo que es, fascista”, puntualiza.

Grecia en ese momento formaba un gobierno tripartito con los neoliberales de Nueva Democracia, los socialistas del Pasok y Laos, un partido de ultraderecha que por primera vez accedía al poder, financiado por los grandes medios de comunicación y los propietarios de astilleros. “Esto abrió el camino a Aurora Dorada, un grupo de 200 militantes nazis, que son muy pocos, pero tienen a la policía detrás cubriéndolos”, relata Constantinou.

Al entrar en el Congreso en 2012 y convertirse en la tercera formación más votada en las elecciones del 25 de enero, el partido de ultraderecha se siente más fuerte e inmune, según Petros, contra los múltiples delitos que pesan sobre su cúpula. “Ahora que están en el poder lavan su imagen diciendo que los crímenes que cometieron fueron casos aislados y que no tienen relación con ellos porque, claro, son parte del gobierno”, reclama el coordinador del colectivo antifascista Keerfa. Pero lo cierto es que, pese a ocupar asientos en el Parlamento, un total de 69 miembros y simpatizantes del grupo neonazi –incluido su líder, Nikos Mijaloliakos, y 12 de sus 17 diputados– se tendrán que sentar en el banquillo el próximo 7 de mayo acusados de banda criminal y asesinato.

Constantinou, de todos modos, insiste en que aunque finalmente los miembros de Aurora Dorada sean juzgados y condenados, no hay que perder de vista lo más importante: “Que el propio sistema electoral permite a asesinos tener representación en la cámara y que, por tanto, el nivel de acomodamiento de los fascistas dentro de nuestra democracia es gigante”.