El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) avanzaron hacia un acuerdo al terminar de definir la llamada “hoja de ruta” para el plan de desminado acordado en marzo. Sin embargo, las posibilidades de que progrese el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país, entraron en riesgo a partir de la decisión del Ejecutivo colombiano de redoblar la ofensiva contra esa guerrilla por la exhibición de la pierna de un militar al que le estalló una mina antipersonal.

En La Habana, sede de las conversaciones de paz, los negociadores enviados por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron ayer que se definió “la hoja de ruta para la implementación del proyecto piloto de desminado, con el apoyo de la organización Ayuda Popular Noruega (APN) acordado y anunciado el 7 de marzo de 2015”. También se estableció el desarrollo técnico y logístico para la puesta en marcha de las actividades en cada fase del proyecto. El jefe del equipo gubernamental, el ex vicepresidente Humberto De La Calle, afirmó que se lograron avances importantes, aunque insuficientes. “Es la primera y más importante medida conjunta para desescalar el conflicto y, sin lugar a dudas, se trata de un paso para acabar la tragedia de las minas que fueron cruelmente sembradas en nuestros campos”, afirmó durante el cierre del ciclo 36 de conversaciones.

Aunque no hubo más detalles del entendimiento, hace semanas se divulgó que la agenda de desminado comenzará en las regiones de Antioquía (noreste del país) y Meta (centro), e incluirá la limpieza y descontaminación de territorios en los que hay minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados, municiones sin utilizar y restos explosivos de guerra.

Las FARC, en tanto, reiteraron a través del comandante Iván Márquez su demanda de crear una asamblea constituyente para alcanzar un acuerdo. “Queremos una paz creadora y reparadora, sin vencedores ni vencidos. Debe servir de bálsamo para las dolencias nacionales, de candado jurídico definitivo y de garantía de seguridad nacional y colectiva”, dijo. Además, la guerrilla insistió en la necesidad de crear una comisión que investigue el fenómeno del paramilitarismo y en su aspiración de que en el próximo ciclo, que arrancará el 21 de mayo, se instale la Comisión de la Verdad, cuya misión será esclarecer y depurar las responsabilidades del conflicto armado.

Los avances en La Habana contrastaron con el pedido de Santos al ejército para que “redoble los esfuerzos” contra el ELN, después de que insurgentes exhibieran como trofeo la pierna de un soldado amputada por la explosión de una mina antipersonal, en momentos en que las dos partes exploran la chance de abrir un diálogo de paz. “Lo ocurrido es un acto de barbarie que raya con lo demencial. Debe ser condenado no solamente por los colombianos, sino por el mundo entero”, afirmó el mandatario. Pero quizás el golpe más duro para esos diálogos “exploratorios” iniciado con el ELN y el gobierno en enero del año pasado llegó desde el cabo del ejército Eduardo Alfonso Avila Romero, justamente el militar que perdió las piernas. “Lo que pasó es bueno para que Colombia vea la clase de delincuentes que son los guerrilleros, la clase de personas que quieren tener participación política. Muestra la bajeza de los delincuentes, que tienen idea de sembrar el terror, al precio que sea”, advirtió. Por su parte, la organización guerrillera reaccionó a los dichos del presidente colombiano y aseguró que someterá a juicio revolucionario a sus integrantes que cometan actos de sevicia (crueldad excesiva) o humillación contra el enemigo. “En la mesa del ELN no se sientan hampones, masacradores y descuartizadores como sí departen y celebran en los clubes militares del gobierno”, informó la organización a través de su cuenta de Twitter.