Página/12 En Brasil

Desde Río de Janeiro

Dos propuestas de alteración constitucional son analizadas en el Congreso brasileño, relacionadas con la edad mínima de imputabilidad de quienes hayan cometido delitos y crímenes. Una, más radical, en la Cámara de Diputados. La otra, más objetiva, en el Senado.

En la Cámara, ya se avanzó un paso importante: el miércoles 17 de junio la comisión correspondiente aprobó que el actual límite mínimo, de 18 años de edad, baje a 16, en caso de adolescentes que cometan crímenes considerados graves. En esa calificación entran, además de homicidio, secuestro y terrorismo (que, a propósito, no cuenta con una legislación específica que lo tipifique en términos judiciales), casos de robo, lesión corporal y tráfico de drogas.

Con eso, quien haya cumplido 16 años y cometa algún delito considerado “crimen grave” debe ser tratado como un criminal común, sin el amparo de la legislación actual.

Acorde con la legislación en vigor, un brasileño menor de 18 años no puede ser punido con una pena superior a tres años de reclusión. Al alcanzar los 21 años es liberado y desaparecen todos los registros de sus actos, para que el delito o crimen cometido cuando él tenía menos de 18 años no conste de ninguna ficha policial o judicial.

El proyecto de enmienda constitucional será ahora elevado al pleno de la Cámara, y el resultado tendrá que ser refrendado –o alterado– por el Senado de la Nación. Y es precisamente en el Senado que se estudian otras propuestas de enmiendas a la Constitución tratando el mismo tema. Una de ellas, y que cuenta con el apoyo del gobierno, fue presentada por un senador de la oposición, el mismo José Serra, del PSDB, derrotado por los candidatos del PT en su aspiración de alcanzar la presidencia del país: Lula, en 2002, y Dilma, en 2010.

Serra defiende que la edad a partir de la cual los infractores puedan ser criminalmente responsabilizados se mantenga en los 18 años, pero que el tiempo máximo de reclusión, en caso de crímenes hediondos, se eleve a 10 años. Por crímenes hediondos se consideran estupro, latrocinio, o sea, robo seguido de muerte, y reincidencia en caso de acciones especialmente violentas. La otra propuesta (en realidad, son nada menos que diez, pero solamente esas dos son consideradas pasibles de análisis) es muy similar: la diferencia es que el tiempo máximo de reclusión sería de 8 años.

El tema está presente en los debates de las clases medias brasileñas en especial, pero de la opinión pública en general. Un reciente sondeo llevado a cabo por el instituto Data Folha indica que nada menos que el 87 por ciento de los encuestados defiende la disminución de la edad de imputabilidad de adolescentes que cometan crímenes. Conforme el tema gana más espacio en la opinión pública, recientes actos de extrema violencia cometidos por menores de edad son ampliamente divulgados por los medios de comunicación, lo que seguramente influye en la reacción de la sociedad.

Al mismo tiempo, se conocen datos que indican, en opinión de especialistas, que más que las lagunas de la ley lo que favorece a la impunidad de jóvenes que cometen delitos y crímenes son las fallas en la ejecución de la actual legislación.

Un reciente estudio muestra, por ejemplo, que en el estado de San Pablo, de 1.552 casos de menores internados, solamente ocho quedaron recluidos más de dos años. Además, salta a la vista la precariedad y las condiciones infrahumanas de los centros de reclusión, irónicamente llamados de “instalaciones socioeducativas”. En realidad, son espacios de brutalidad y hacinamiento, mucho más proclives a transformarse en escuelas del crimen que en unidades de recuperación.

Para empezar, de las 369 unidades existentes en el país, en 16 estados y en Brasilia se registra superpoblación. Son 18 mil plazas, pero los internos alcanzan la marca de 22 mil. Hay un exceso de 20 por ciento de la capacidad de esos centros que, de recuperación, no tienen nada. Tanto es así, y tan grande es el abandono de los que salen de esas instalaciones, que el porcentaje de reincidencia de los adolescentes liberados es de 70 por ciento.