Desde México, D. F.

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos durante una manifestación en la capital mexicana en enero de 2015.
Imagen: EFE.

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 jóvenes se convirtieron en el símbolo de las víctimas de la barbarie en México y de la incapacidad e incluso complicidad gubernamental para garantizar la seguridad de cada individuo de la sociedad; de la impunidad como norma que anula la posibilidad de justicia y pone en tela de juicio el Estado democrático de derecho, y del desprecio de los derechos humanos como puntal del ejercicio del poder político.

No en balde, el ex juez español Baltasar Garzón aseguró el miércoles que la impunidad en torno del asesinato de seis personas y la de- saparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, hace hoy justo nueve meses, “es una vergüenza para la humanidad”.

El célebre jurista que llevó ante la Corte al dictador chileno Augusto Pinochet participó en un encuentro académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para evaluar precisamente el estado de derecho, algo que “no puede decirse que existe en México ante desapariciones forzadas recurrentes”.

Una semana antes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos era “soldado en activo”. En respuesta a una solicitud de información, la Sedena emitió el oficio 2433: “Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”. Firma el subjefe administrativo y logística del Estado Mayor de la Sedena, general David Córdova Campos. La versión fue negada por los padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos (42 dice el gobierno, porque supuestamente identificó un cadáver encontrado en una fosa clandestina como uno de ellos). Aun así, consideraron significativo que la Sedena reconociera la participación del Ejército la noche en que los jóvenes fueron atacados y posteriormente desaparecidos.

Para el jurista español Baltasar Garzón, “es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado, desde la justicia y desde la comunidad en general. No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa”.

Garzón fue expulsado del sistema judicial español por prevaricación e inhabilitado por once años en 2012. Actualmente asesora la defensa de Julian Assange, cabeza visible de Wikileaks, refugiado hace tres años en la embajada de Ecuador en Londres y cuenta con un documento de identidad que lo acredita como residente extranjero en Argentina.

La versión oficial (“verdad histórica”, la llamó la Procuraduría General de la República) sostiene que los jóvenes fueron entregados por policías municipales de Iguala a bandas criminales, quienes los habrían asesinado y posteriormente incinerado, deshaciéndose de sus restos en un río cercano.

En México, casi nadie le cree al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al cumplirse nueve meses de impunidad, el llamado a movilizaciones cubren las principales ciudades de todo el país, así como una docena en Estados Unidos y Canadá, en varios países centroamericanos y buena parte de Sudamérica, Argentina incluida. En la Ciudad de México, más de un centenar de organizaciones civiles, sindicales, artísticas y defensoras de derechos humanos iniciará hoy una jornada de 43 horas ininterrumpidas de actos político-culturales en los alrededores del Palacio de Bellas Artes, en el centro de la capital del país, apenas a unos 900 metros de Palacio Nacional y la pocas veces utilizada oficina presidencial.

Un grupo interdisciplinario de expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha trabajado en México desde febrero pasado. Hasta ahora han presentado tres informes que cuestionan la investigación de las autoridades y documentan una docena de quejas de las causas penales por tortura, tratos crueles y alteraciones al debido proceso. Además, el caso está fragmentado en 13 juicios que se siguen en seis juzgados. Lo que no ha cambiado es su recomendación a la administración de Peña Nieto para clasificar el caso Ayotzinapa como desaparición forzada y no como secuestro, además de investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes. El lunes presentarán un nuevo reporte.

A finales de abril, Human Rights Watch (HRW) expresó directamente a la administración de Enrique Peña Nieto su preocupación por “la crisis de derechos humanos que actualmente enfrenta México” por casos sistemáticos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, todos agravados por la impunidad, como lo han señalado también informes de la ONU y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Precisamente en marzo, el relator especial de la ONU sobre Tortura Juan Méndez documentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que la “tortura es generalizada en México” y que casi nadie es procesado por ello. La reacción del gobierno mexicano, a través de la cancillería, fue negar los hechos y acusar al relator de ser “muy irresponsable y muy poco ético”.

México cuenta con una unidad especial para investigar desapariciones, creada en la Procuraduría General de la República (PGR) en junio de 2013. Para enero de este año no había logrado una sola condena de los casos que se remontan a 2007, a pesar de que sólo entre 2006 y 2014 la CNDH emitió 57 recomendaciones sobre ejecución arbitraria, once recomendaciones sobre desaparición forzada y 79 recomendaciones por tortura contra las fuerzas del orden público, incluyendo el Ejército y la Marina.

En una carta enviada el pasado 28 de abril a la procuradora Arely Gómez González, el director para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson, le exigió dar a conocer los nombres de los más de 22 mil personas desaparecidas en México, así como los de varios miles más que supuestamente han sido localizadas.

Wilkinson puso en tela de juicio a Arely Gómez González, quien sustituyó al procurador Jesús Murillo Karam tras su sonado y reiterado fracaso para conducir las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “Aún está por verse si (la procuradora) está dispuesta a hacer lo necesario para garantizar que estos delitos sean investigados de forma exhaustiva y que los responsables sean finalmente llevados ante la Justicia”, dijo el funcionario de HRW.