Desde Brasilia

Dieciséis días que serán veinte. Comienza hoy la apuesta más ambiciosa para desestabilizar a la presidenta Dilma Rousseff con una campaña de agitación y propaganda, combinada con presiones parlamentarias, de cara a la manifestación convocada para el 16 de agosto, cuando posiblemente habrá miles exigiendo el golpe blanco disimulado bajo la apariencia institucional del impeachment (juicio político). Serán 16 días de fervor destituyente que se amplían a veinte si se cuenta a partir del jueves pasado, cuando las oficinas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fueron blanco de una bomba lanzada por ultras, iniciantes o profesionales, adscriptos a la acción directa.

Dilma puso las cosas en su lugar al afirmar que el ataque al Instituto Lula, en el popular barrio de Ipiranga, centro de San Pablo, conspira contra la república. “La intolerancia es el camino más corto para destruir a la democracia (el ataque) no se condice con la cultura de respeto a la diversidad del pueblo brasileño.”

La presidenta fue secundada por el titular del Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, que enmarcó al hecho dentro de “la inaceptable escalada de odio contra el PT alimentada por algunos sectores de la sociedad que insisten en propagar el golpismo”.

Ambos coincidieron en la gravedad política del atentado contra quien cinco años después de haber dejado el gobierno continúa siendo un personaje central de la vida nacional.

No hay en América latina otro líder popular y democrático con la longevidad de Lula: una figura que estando dentro o fuera del gobierno influye en la escena política desde 1989, año en que disputó y fue derrotado por primera vez las elecciones presidenciales.

Y en la actual coyuntura, con una administración en vilo y reprobada por más del 65 por ciento de los encuestados, Lula resurge como una tabla de salvación gracias a su popularidad inoxidable que perdió algunos puntos en recientes mediciones posteriores al aniquilamiento periodístico del que es víctima.

Posiblemente aún haya margen de maniobra para que el fundador del PT, que se apresta a recorrer el país en defensa del gobierno, logre configurar un frente amplio con partidos progresistas y movimientos sociales a pesar del descontento generalizado con el ajuste ortodoxo del ministro de Hacienda Joaquim Levy, que parece más adscripto a sus antiguos patrones del FMI y Banco Bradesco que a la jefa de Estado.

Se desconoce la identidad de quienes lanzaron el explosivo a última hora del jueves contra Lula, pero esto no impide engarzar esa operación con otras recientes, en las que se percibe la intención de sembrar el miedo entre seguidores del partido que gobierna desde 2003.

Como el robo de computadoras y archivos al ministro de Comunicaciones Edinho Silva y dos ataques contra directorios del PT, uno ocurrido el 15 de marzo.

Aquel domingo de finales de verano cientos de miles de personas se movilizaron en San Pablo, Brasilia y otras capitales para exigir la caída de Dilma entre cánticos hostiles a los “comunistas” instalados en el Palacio del Planalto, loas a la dictadura militar y carteles de “S.O.S Fuerzas Armadas” escritos en inglés y portugués.

El estilo de los activistas brasileños guarda semejanzas con el de sus primos de la derecha venezolana, de quienes habrían extraído enseñanzas.

Son públicas las afinidades entre el opositor Aécio Neves, que encabeza la campaña agitadora hacia la concentración del 16 de agosto y la dirigente Maria Corina Machado, tenida como extremista por sus correligionarios del antichavismo venezolano.

El Siciliano

A partir de hoy la conjura se reactivará con el fin del receso parlamentario y el regreso del poderoso jefe de Diputados, Eduardo Cunha, que posiblemente dará curso a varios pedidos de juicio político entre los que sobresale el escrito por un militar retirado e imaginativo, Jair Bolsonaro.

Con alta votación entre policías y miembros de las fuerzas armadas del distrito de Río de Janeiro, Bolsonaro sostiene que algún día la sociedad comprenderá el “legado de la revolución del 64 (léase golpe que derrocó a Joao Goulart)” y reivindica la implantación de “un gobierno de fuerza... con autoridad... para terminar con los terroristas enquistados” en el poder.

El impeachment también podría ser votado en la Cámara baja, donde se analizarán los balances del gobierno en 2014 tomando como guía una ley, heredada de los años neoliberales del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, que establece penas contra los gobernantes que privilegien el gasto público y releguen el ajuste para pagar a los acreedores.

Hay otras excusas que podrán ser alegadas para motorizar el juicio político, pero lo cierto es que éste es un ardid manipulado por Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño, para salvar su pescuezo. Con un estilo siciliano la semana pasada Cunha amenazó con incendiar el país, con iniciativas en la Cámara, como forma de presionar a la Corte Suprema para que desista de procesarlo por haber cobrado un soborno de 5 millones de dólares en el escándalo en perjuicio de Petrobras.

Cunha y el derrotado candidato presidencial en 2014 Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, animarán la ópera bufa neogolpista de la que esperan un “grande finale” el 16 de agosto fecha escogida por coincidir con la que en 1992 movilizó a miles de indignados, liderados por el PT, que pedían el impeachment contra el mandatario conservador Fernando Collor de Melo, que renunciaría pocos meses después.

El proceder de Cunha y Neves es aplaudido por las cadenas de noticias capaces de imponer un consenso golpista a una sociedad impedida de conocer la versión de los demócratas, invariablemente censurada.

De todos modos, y aunque la prensa lo disimule, la derecha está fracturada entre los impacientes como Neves y Cunha y aquellos opositores inclinados por desgastar al gobierno sin forzar su derrocamiento. Estos últimos temen que el incendio termine chamuscándolos y saben que pese a los repetidos intentos de borrarlo del mapa, Lula sigue políticamente vivo. Muy vivo.