Soldados del Ejército de Venezuela reforzaron ayer los operativos de seguridad en una zona de frontera con Colombia en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos. El despliegue militar fue realizado en el marco de la declaración por 60 días del estado de excepción y la clausura sin plazo de los pasos fronterizos hacia Colombia dictada el viernes por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. La medida fue acompañada por una nueva acusación del mandatario venezolano contra el ex presidente colombiano Alvaro Uribe, a quien responsabilizó por “coordinar asesinatos” en la región. También, por la queja del presidente Juan Manuel Santos porque el cierre “solo favorece a los delincuentes” y por la advertencia de la oposición venezolana acerca de la posibilidad de que el cierre sirva como excusa para suspender las elecciones legislativas.

Más de 2000 soldados de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se sumaron ayer por la mañana al llamado Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que Maduro inició este mes en Caracas y otras ciudades dentro de las acciones estatales de lucha contra el hampa. El despliegue constó de un rastreo casa por casa en una zona de Táchira en la cual viven ilegalmente cerca de 1900 familias, cuyos integrantes, señaló la estatal Agencia Venezolana de Noticias, son en un 90 por ciento de origen colombiano.

El general de división Temístocles Morantes Torres, encargado del operativo en el estado de Táchira, explicó que muchas de esas personas que habitan en la zona revisada por los soldados mantienen acciones delictivas y estructuras paramilitares en el país. “La zona es de gran influencia para el resto del país, y al tomar el control creemos que se incidirá en la situación que se vive actualmente con los alimentos”, en alusión a un severo desabastecimiento de productos de primera necesidad que salen de contrabando de Venezuela hacia Colombia.

Ambos países comparten una compleja frontera de 2219 kilómetros, en la que existe una fuerte actividad de contrabando de todo tipo de productos, sobre todo desde Venezuela hacia Colombia, debido a la gran diferencia de precios entre ambos países que deja amplios márgenes de ganancia a los contrabandistas, enormes en el caso del combustible.

En este contexto, Maduro convocó el viernes por la noche a las autoridades nacionales de urgencia para acordar un nuevo régimen sobre el tránsito bilateral de personas y mercaderías. “La frontera queda cerrada hasta nuevo aviso, hasta que regularicemos nuestra vida económica-social”, dijo el mandatario. El presidente venezolano admitió que tomó su decisión tras la emboscada sufrida el miércoles por miembros de una patrulla militar, en la que tres efectivos y un civil fueron tiroteados ese día en Táchira por supuestos contrabandistas o paramilitares. “Las medidas tienen como fin restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana”, dijo.

En la misma línea, Maduro puso en marcha una serie de prácticas hace semanas, como cerrar la misma frontera durante la noche, a la que se sumó el miércoles un “operativo especial” para capturar a los responsables de herir a estas cuatro personas, búsqueda para la que recibió apoyo desde el lado colombiano.

Además, Maduro denunció que el ex presidente Uribe estuvo el viernes en el departamento de Arauca, fronterizo con el estado venezolano de Apure (oeste), para coordinar asesinatos y crímenes en contra de Venezuela. “Aquí está el cínico, el rey de los falsos positivos y de las masacres en Colombia, Alvaro Uribe Vélez, anunciando que está en el Arauca. Atención en Apure”, dijo el mandatario venezolano, duro crítico del colombiano desde hace años.

Desde Colombia, en tanto, el presidente Santos consideró que el cierre indefinido de la frontera beneficia a la delincuencia, y afirmó que tratará de hablar con Maduro para solucionar cuanto antes esa situación. “Cuando hay coordinación; los únicos que pierden son los delincuentes: cuando se cierra la frontera y no hay coordinación, los únicos que ganan son los delincuentes”, advirtió Santos, que encabezó en Bucaramanga un consejo de ministros. El mandatario colombiano dijo que su administración entiende la preocupación de Venezuela por el ataque contra los militares pero no comparte el cierre de la frontera. “Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera; debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses”, afirmó. Además, manifestó que el cierre de la frontera implica un inmenso costo económico para Colombia, dado que el volumen de tráfico comercial entre ambos países.

Las soluciones al conflicto podrían ser discutidas el miércoles, en el encuentro que mantendrán las cancilleres Delcy Rodríguez (Venezuela) y María Angela Holguín (Colombia), que el viernes ya conversaron en Costa Rica, en el marco del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae). Los dos países acordaron celebrar una reunión el 14 de septiembre para tratar asuntos como el contrabando y la inmigración ilegal, pero a pedido de Maduro, la reunión se adelantó para el miércoles próximo la charla entre las diplomáticas.