Con diferencias sobre la cantidad de colombianos deportados desde Venezuela, el conflicto entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el de su homólogo Nicolás Maduro entró ayer en su cuarto día. “Con el apoyo del Consulado General de Colombia hemos deportado pacíficamente a 185 ciudadanos colombianos sin ningún tipo de documentación y ocho miembros de la banda paramilitar colombiana Los Urabeños fueron apresados”, declaró José Vielma Mora, gobernador del fronterizo estado de Táchira. El Ministerio del Interior de Colombia, en cambio, señaló que en los últimos dos días, 394 ciudadanos de ese país fueron deportados, de los cuales 42 son menores de edad.

El gobernador Vielma Mora acusó a los paramilitares, dos de ellos adolescentes, de ser “promotores de narcotráfico y tráfico de menores” y dijo que “alguno tiene relación” con el intento de asesinato de los tres soldados y el civil heridos el miércoles, ataque que provocó el cierre de la frontera en Táchira y empujó a Maduro a declarar estado de excepción por tiempo indeterminado. Ayer el estado de excepción entró en vigor en cinco municipios de Táchira.

Por su parte, Juan Fernando Cristo, titular de la cartera del Interior de Colombia, instó a las autoridades venezolanas a solucionar lo que calificó como drama humanitario, de una forma rápida, sin afectar los derechos de los colombianos en Venezuela.

El general de división venezolano Temístocles Morantes Torres aseguró desde Táchira que la operación militar y policial involucró a más de 2500 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cuerpos de seguridad –con apoyo de blindados– y se cumplió en una zona invadida. El jefe militar de la zona en conflicto precisó que se trató de una revisión casa por casa, en un conjunto de 300 viviendas, de casi un total de 2000, que deben ser allanadas en las próximas horas en San Antonio del Táchira. “El abordaje simultáneo y cronometrado” tras un acordonamiento inicial de la zona se cumplió contra personas que “de manera voluntaria accedieron a que fueran revisadas”, destacó el general.

Vielma Mora dijo que en la operación participaron fiscales, jueces y autoridades de la Defensoría del Pueblo y se refirió al trato oficiado a los colombianos. “Todos fueron tratados como manda la ley y en estricto respeto a los derechos humanos”, subrayó el gobernador de Táchira, y aseveró que no hubo “ningún tipo de vejamen y tampoco de tortura”.

Sin embargo, el gobierno de Colombia exigió garantías para los colombianos que viven en la zona fronteriza cerrada por orden de Maduro, al tiempo que pidió una reunión binacional extraordinaria. “El gobierno de la República de Colombia solicita al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que en el marco del estado de excepción anunciado, se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por las autoridades venezolanas”, dijo la Cancillería en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano también exigió que se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos de sus nacionales que habiten en territorio venezolano.

Por su parte, el ministro Cristo visitó ayer la fronteriza ciudad de Cúcuta, ocasión en la que convocó al vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, a reunirse en la frontera aprovechando la presencia de representantes de los dos gobiernos en la zona.

En medio de las declaraciones de uno y otro lado, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, informó que se reunirá el miércoles con su homóloga de Colombia, María Angela Holguín, para discutir y articular mecanismos de seguridad y paz en la frontera colombo-venezolana. “Acabo de conversar con la canciller Holguín y adelantamos la reunión binacional para el miércoles 26 de agosto”, expresó la ministra. Rodríguez y Holguín se reunieron el viernes en Costa Rica en el marco de la celebración del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae). El encuentro entre ambas diplomáticas se produjo a horas del anuncio de las medidas de cierre y estado de excepción. Ambas cancilleres consensuaron trabajar unidas para resolver los problemas de violencia que estremecen la frontera terrestre de 2219 kilómetros que comparten Venezuela y Colombia.