EL MUNDO › MAS DE 500.000 COMUNISTAS MUERTOS ENTRE 1965 Y 1966 POR EL REGIMEN DEL DICTADOR SUHARTO
En medio de la Guerra Fría, Suharto contó con la venia de EE.UU. y del Reino Unido. La CIA negó haber participado en las matanzas, pero admitió que, junto a la embajada estadounidense, suministró listas a los escuadrones de la muerte.
› Por Marcelo Justo
Son los grandes desaparecidos de la Guerra Fría, el genocidio del Siglo XX que casi nadie recuerda. A 50 años de la matanza de entre uno y dos millones de presuntos militantes del Partido Comunista, Indonesia es una asombrosa historia de amnesia colectiva y lavado de cerebro, versión macabra de un Macondo asiático que a fuerza de taladrar la misma versión de los hechos, logró que los genocidas pasen por héroes de la patria y los sobrevivientes y familiares de las víctimas vivan aterrorizados de nuevas represalias.
La labor de organizaciones de derechos humanos y un alucinante documental nominado al Oscar están empezando a perforar este muro de silencio. En noviembre un Tribunal Popular Internacional sesionará en La Haya con un panel de 9 jueces de destacada trayectoria en el campo de los derechos humanos para avanzar en el reconocimiento nacional e internacional de un genocidio “que contó con la complicidad de grandes potencias occidentales”.
El genocidio se desató con la intervención del jefe del ejército, el teniente general Suharto, contra el gobierno populista del padre de la independencia nacional, Sukarno, con la excusa de evitar una toma de poder comunista. El 5 de octubre, después de hacerse con el pleno control de las fuerzas armadas, Suharto dio rienda suelta a grupos paramilitares y organizaciones criminales que comenzaron su tarea de limpieza de comunistas en la capital Jakarta y se extendieron a Java central y Este y, por último, a la idílica Bali. Nadie se salvó en este archipiélago de tres mil islas con más de 100 grupos étnicos que en los 60 tenía unos 100 millones de habitantes (hoy son 255 millones). Se estima que al menos 500,000 murieron.
En medio de la Guerra Fría y con Vietnam de telón de fondo, la intervención de Suharto contó con la venia de Estados Unidos y el Reino Unido. La CIA negó todo vínculo con la matanza, pero terminó admitiendo que, en conjunción con la embajada estadounidense, había suministrado listas a los escuadrones de la muerte. En un documento “top secret”, revelado a principios de siglo por la prensa estadounidense, la misma CIA reconocía que el genocidio indonesio formaba parte de las grandes matanzas del siglo XX, equivalente a las purgas soviéticas de los 30 y el nazismo.
Su magnitud es tan impresionante como el silencio que le siguió. La presión para un esclarecimiento cobró vuelo en 2012 con el documental del estadounidense Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, y un primer informe preliminar sobre lo sucedido de la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia, pero el poder de una élite que aún hoy sigue directa o indirectamente vinculada con lo sucedido han mantenido el muro de impunidad.
El actual presidente Joko Widodo prometió el esclarecimiento de los hechos durante la campaña presidencial el año pasado, pero una vez electo relegó el tema a un segundo plano y planteó por medio de su fiscalía que se buscaría una “solución permanente” por medio de la “reconciliación”, es decir, eliminando la búsqueda de verdad o justicia. Esta semana, con el peso del aniversario sobre sus espaldas, presidencia de la nación confirmó que no habría un “pedido de disculpas por el momento”
Soe Tjen Marching, escritora indonesa y directora del capítulo británico del Tribunal Popular Internacional de La Haya, cree que su país solo reconocerá lo sucedido a través de una campaña internacional. “Quieren reconciliación sin reconocer lo sucedido, sin contar la verdad y, desde ya, sin que nadie sea llevado a juicio. Es decir, no quieren justicia en ninguna forma. La misma sociedad indonesa está profundamente dividida. Los culpables no quieren una investigación que los haría pasar del panteón de héroes de la patria al de genocidas. Otros no quieren hacer olas por temor a las consecuencias y hasta sectores de los sobrevivientes y sus familiares tienen miedo a lo que puede pasar”, indicó a Página/12.
La reunión del Tribunal Popular Internacional el 12 y 13 de noviembre en La Haya tendrá un alto valor simbólico y político, pero chocará con una élite que sigue dominando las fuerzas armadas, la policía, la justicia, el sector financiero y parte del poder político parlamentario, provincial y municipal. Uno de los comandantes que lideró el genocidio fue Sarwo Edhi Wibowo, cuya hija, era la esposa del presidente de Indonesia entre 2004 y 2014, Susilo Bambang Yudhoyono.
Esta elite maneja la versión oficial de la historia a través de un sistema educativo y editorial dedicado a perpetuar la amnesia colectiva. A nueve años de la caída de Suharto y en medio de un juicio por corrupción en su contra, el fiscal general Abdul Rahman Saleh prohibió y ordenó la quema de 14 libros de historia porque no presentaban a Suharto como el salvador de la nación y no responsabilizaban al Partido Comunista de los hechos. Una académica indonesa de la Universidad de North Carolina Wilmington, Paige Johnson Tan, analizó los textos de historia que se enseñan y publican hoy. “La muerte de Suharto en 2008 no ha cambiado nada. Son un “cut and paste” de la misma versión oficial”, escribió recientemente.
En este hermético silencio oficial, los documentales del estadounidense Joshua Oppenheimer tuvieron un fuerte impacto porque desnudaron a Indonesia frente al mundo. En el primero, The act of Killing, Oppenheimer muestra a los asesinos y torturadores alardeando de sus crímenes y volviendo al lugar de los hechos para mostrar en detalle lo sucedido (“les pegábamos hasta matarlos y después quedaba un enchastre feo de sangre, así que cambiamos el método y usamos alambres”). La impunidad es tal que, cuando Oppenheimer le ofrece a uno, Anwar Congo, fanático del cine, si quiere filmar sus asesinatos en sus géneros favoritos (gángster, western, comedia y hasta musical), se presta con alguno de sus secuaces y dirigen y actúan en estas escenificaciones de sus propios crímenes. La escena final del film es el apogeo macabro-surrealista en clave de musical en el que Anwar Congo es perdonado por dos de sus víctimas que, quitándose el alambre con que los asesinó, le agradecen por haberlos matado y enviado al cielo (sí, no leyó mal).
Anwar Congo no es simplemente una ensoñación pesadillesca del pasado. El genocida es un miembro honorario de Pemuda Pancasila, una organización paramilitar con tres millones de integrantes, central en el genocidio de 1965-66, que hoy cuenta en sus filas con miembros de las fuerzas armadas, la policía, el parlamento, los gobiernos provinciales y municipales. En la película el grupo paramilitar actúa con total libertad para exigir dinero de protección de comerciantes chinos y vendedores ambulantes: el hoy ex vicepresidente, Muhammad Yusuf Kalla, se dirige a sus miembros elogiándolos como hombres realmente libres y exhortándolos a usar la violencia.
The Act of Killing fue aclamada mundialmente y nominada al Oscar, pero no llegó a superar la oficina de censura de Indonesia, aunque sí alcanzó a tener una gran difusión en muestras privadas y por la decisión de Oppenheimer de mostrarla gratis en la versión en indonesio por YouTube. En un segundo documental, estrenado en Londres en junio, The Look of Silence, Oppenheimer muestra que en muchos lugares los sobrevivientes y sus familiares siguen estigmatizados y perseguidos por Pemuda Pancasila. “Es como si Hitler hubiera ganado la guerra y Himmler fuera un héroe nacional, salvador de la patria”, señaló Oppenheimer a Página/12.
La búsqueda de justicia no será fácil. A la resistencia de la elite se añade que a 50 años de los hechos muchos de sus perpetradores y testigos han muerto. Según Soe Tjen Marching el Tribunal Popular Internacional en La Haya será un primer paso. “Espero que el gobierno pida perdón por estos crímenes del Estado y que admita que ha habido una manipulación de la historia. Si lo admite también tendrá que admitir que hay que cambiar la historia que se enseña y publica. Las víctimas tendrán que ser reconocidas como víctimas y no como villanos que recibieron lo que se merecían. Es lo que queremos por el momento”, indicó a Página/12.
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