Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) advirtieron que no será viable firmar la paz para Colombia en el plazo fijado de seis meses si el gobierno pretende reducir el acuerdo de justicia a un comunicado. Ambas partes, que desde 2012 están negociando en La Habana los términos para acabar el conflicto armado interno de medio siglo, tienen diferencias sobre los alcances del acuerdo sobre justicia suscripto el 23 de septiembre en presencia del presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder rebelde, Timoleón Jiménez, alias Timochenko.

El comandante Carlos Antonio Lozada, vocero de las FARC en las negociaciones, dijo que la guerrilla quiere honrar sus compromisos, especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las conversaciones de paz en un plazo máximo de seis meses. “Las FARC manifiestan su perplejidad ante la posición adoptada por el gobierno, pretendiendo sustituir el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz por el comunicado elaborado para dar a conocer dicho acuerdo”, afirmó. Lozada indicó que la guerrilla está de acuerdo con las normas del pacto sobre “Jurisdicción especial para la paz”, pero dijo que hay que evitar que ellos pretendan utilizarse para subvertir el contenido de los mismos. El negociador rebelde dijo que es necesario publicar el texto completo del acuerdo, a lo que se opone el gobierno, que quiere divulgarlo una vez que los abogados de ambas partes se reúnan para concretar los elementos pendientes. “No sería viable si el gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado”. El texto completo del acuerdo de 75 puntos no fue publicado, solo se dio a conocer el 23 de septiembre una nota informativa de diez puntos. “La claridad no admite interpretación, y un ‘comunicado’ sobre distintos aspectos de las conversaciones es solo eso, un comunicado. De hecho, tres de los diez puntos del comunicado no hacen alusión alguna a la Jurisdicción especial para la paz, sino a otros temas”, afirmó Lozada. “No haremos más polémicas sobre un asunto trascendental para la reconciliación que solo aclara con la publicación del acuerdo”, concluyó.

Para los insurgentes, la explicación brindada el viernes por el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, en la cual puso de relieve que el grupo jurídico que redactó el acuerdo aún debe terminar su tarea, puede reflejar que se está pretendiendo sustituir el acuerdo de creación de una Jurisdicción especial para la paz por el comunicado elaborado para dar a conocerlo. “El gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado”, indicó De la Calle. De esta forma, contradijo a los rebeldes, que sostienen que el acuerdo de justicia está cerrado.

El líder negociador del gobierno hizo estas afirmaciones después de que su contraparte, Iván Márquez, dijera que la guerrilla seguirá negociando sin alterar lo ya acordado el 23 de septiembre, cuando ambas partes fijaron las bases para juzgar los crímenes cometidos a lo largo del conflicto armado. Además, Márquez afirmó que el acuerdo de justicia transicional incluye a todos los involucrados en el conflicto. “En ninguna parte del acuerdo se habla de inmunidades especiales para nadie. Invitamos a leer el artículo 27 del Estatuto de Roma”, publicó en su cuenta de Twitter. “Una de las formas más nocivas de atacar los acuerdos alcanzados en La Habana es tergiversarlos. Se debe cumplir la palabra empeñada”. De esta forma, le respondió al presidente Santos, quien aseguró que en dicho acuerdo no se habla de alterar el régimen del fuero presidencial que contempla la Constitución, por lo que no se abrirían procesos contra los ex presidentes.

Ambas partes se comprometieron el mes pasado en la capital cubana, en presencia del mandatario de ese país, Raúl Castro, a firmar la paz antes del 23 de marzo del año que viene. Luego de esa fecha, las FARC tienen un plazo de 60 días para iniciar su desarme. Este acuerdo de justicia –el tema más espinoso del proceso de paz– contempla la creación de un tribunal especial y juicios de penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.