Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

“No debo pagar por lo que no hice, no hay nada contra mí”, comentó Dilma, consternada, frente a un ministro cuando supo que el Tribunal de Cuentas, un organismo de nombre pretencioso y reputación controvertida, desaprobó sus gastos destinados a programas sociales como la Bolsa Familia y Mi Casa, Mi Vida en 2014 por considerar que fueron consignados de manera irregular para disimular el déficit fiscal. La presidenta postergó ayer por unas horas su viaje a Colombia para encabezar una reunión extraordinaria de gabinete donde se trató el nuevo coletazo de la crisis agudizada esta semana con el mencionado fallo del Tribunal de Cuentas, que puede derivar en un pedido de impeachment (juicio político) en el Congreso y evaluó las traiciones de parlamentarios aliados al gobierno sólo cuando reciben cargos o recursos. Sumado a lo anterior esta semana la Justicia electoral reabrió una investigación sobre el presunto financiamiento doloso de la campaña presidencial del Partido de los Trabajadores en 2014. Rousseff coordinó ayer durante más de dos horas el encuentro en el Palacio del Planalto con 27 ministros del gabinete nuevo al que había apostado para arrebatar la iniciativa política a la oposición. Siguiendo la orientación de su consejero Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma diseñó un equipo con mayor presencia de ministros del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) cuyos miembros pendulan: un día se comportan como oficialistas, subordinados a las prioridades fijadas por el Planalto, y al siguiente tejen intrigas con el golpista Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex candidato Aécio Neves, derrotado por escaso margen en las presidenciales de 2014. Neves dijo que “obviamente” va a apoyar un pedido de impeachment en el Parlamento fundamentado en el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas. Mientras la oposición afilaba sus uñas destituyentes en el Parlamento, en el Ejecutivo ayer predominaba la preocupación. Una atmósfera contrastante con el optimismo contenido del lunes cuando la presidenta presentó a sus flamantes ministros recomendándoles trabajar con “mucha dedicación porque tenemos un Brasil que gobernar hasta 2018”. Con lo cual manifestó su convicción de que sólo dejará el Palacio del Planalto al cumplir los cuatro años de gobierno fijados por la Constitución y no antes como pretenden Neves y el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, también enrolado en la causa desestabilizadora. “Para qué negarlo, la oposición salió fortalecida con el fallo del Tribunal de Cuentas, ese es un hecho concreto y es la función de ellos sacar ventajas de esa realidad”, admitió el senador petista Delcidio Amaral, responsable del bloque oficialista. “El gobierno tiene que salir de las cuerdas de una vez por todas, tenemos que evaluar todo lo negativo que ocurrió en estos tres días”.

Excepcional

El Tribunal de Cuentas, disparador de la reciente crisis, no es lo que parece: aunque su nombre induce a confundirlo con un organismo del Poder Judicial se trata de un ente consultivo de Congreso al cual eleva sus recomendaciones. La mayoría de sus miembros son ex congresistas designados por el Parlamento que no los escoge en mérito a su saber jurídico y ni poseer antecedentes en la magistratura. El conocido ex juez de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa, responsable del proceso del “Mensalao” que condenó a importantes dirigentes del PT, definió al Tribunal de Cuentas como “un playground de políticos fracasados” que simulan ser jueces pero carecen de “estatura” para emitir pareceres que potencialmente pueden derivar en impeachments. Cualquiera que circule por los pasillos del poder en Brasilia sabe que los fallos del Tribunal de Cuentas responden a las articulaciones partidarias gestadas en el Congreso y no a juzgamientos objetivos e imparciales. En el caso de este pronunciamiento contra Dilma esa subjetividad se combinó con la excepcionalidad. La tradición indica que el Tribunal se ocupa de temas de importancia relativa como los que atañen al quehacer de los ministerios o a funcionarios de rango intermedio pero nunca a la institución Presidencia de la República. Pero para poder acusar a Dilma y que esa denuncia permita abrir un juicio político en el Congreso, esta vez el Tribunal violó su propia jurisprudencia. Y para justificar la investigación sobre Dilma hubo que adoptar medidas casuísticas, por no llamarlas escandalosas. Como fue el convocar al Congreso a trabajar a marcha forzada para que analice y apruebe en una semana todos los balances de los presidentes brasileños desde la década del 90. Una vez terminada esa simulación se abrió paso a que los parlamentarios puedan recibir el parecer negativo del Tribunal sobre la gestión presidencial en 2014 que podría abrir paso a un impeachment.

Colombia

A raíz de los contratiempos domésticos Dilma debió postergar dos veces en los últimos seis días su embarque hacia Colombia para realizar una visita de que finalmente comenzará hoy cuando desembarque en Bogotá para reunirse con su colega Juan Manuel Santos. “La presencia de la presidenta Dilma en Colombia ocurre en el momento más oportuno posible desde el punto de vista del contexto regional” comentó la embajadora brasileña en Colombia. Rousseff “es la primera jefa de Estado que realiza una visita de Estado después de los acuerdos firmados el 23 de septiembre en La Habana que son muy importante en el proceso de paz” entre el gobierno y los rebeldes de las FARC. Dilma estará acompañada por Mauro Vieira, el canciller que hace un mes viajó a Colombia junto a su colega argentino Héctor Timerman para mediar en la controversia entre ese país y Venezuela por tensiones fronterizas.