Los documentos desclasificados que Estados Unidos entregó a Chile vinculados con el accionar del terrorismo de Estado en el país trasandino muestran pruebas concluyentes de que el dictador Augusto Pinochet ordenó el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier.

Juan Pablo Letelier, hijo del diplomático, afirmó ayer que uno de los documentos menciona “una comunicación entre el secretario de Estado, George Shultz, con la Presidencia”, donde informa que hay un documento concluyente de la CIA, con “información convincente de que Pinochet ordenó a Manuel Contreras, jefe de la policía secreta del régimen, asesinar a mi padre”. En una entrevista de Tele13 Radio, el actual senador del Partido Socialista chileno manifestó que, si bien se intuía la participación de Pinochet en el crimen de su padre, es la primera vez que hay documentos que evidencian eso.

Asimismo, Letelier sostuvo que confía en que basándose en estos archivos desclasificados sea posible identificar a quienes intentaron encubrir la responsabilidad de Pinochet en el atentado. “Espero que logremos romper los pactos de silencio y determinar la responsabilidad de personas que están vivas y que vistieron uniforme, y también, quizás, de civiles cómplices”, dijo el senador. Los informes revelan también que Pinochet estaba dispuesto a eliminar a Manuel Contreras, jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de la dictadura, para evitar que lo incriminara en el atentado de Washington.

Estados Unidos entregó esta semana a Chile 1000 documentos desclasificados sobre el asesinato de Letelier, ocurrido en Washington el 21 de septiembre de 1976 al explotar una bomba que fue activada por control remoto y había sido adosada al auto del ex canciller, donde también viajaba la secretaria del ex diplomático chileno Ronni Moffit. En la explosión resultó herido Michael Moffit, esposo de Ronni.

Letelier fue canciller del gobierno del derrocado mandatario socialista Salvador Allende y su crimen es considerado como el primer acto terrorista ocurrido en suelo estadounidense. Los documentos fueron entregados en un pendrive por el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, a la presidenta Michelle Bachelet, en el marco de la conferencia Nuestro Océano, que se realizó el lunes y martes en Chile. La documentación contiene principalmente cables del Departamento de Estado norteamericano de la década de los ochenta. Los informes dejan en evidencia la molestia de Washington por la decisión de la Corte Suprema de Chile, que en 1979 denegó la extradición a Estados Unidos de Contreras y otros dos agentes acusados del crimen del ex canciller y su asistente.

Luego de recibir los archivos de manos del secretario de Estado norteamericano, el gobierno de Bachelet le entregó la información al hijo del diplomático, que no terminó aún de analizar todos los documentos. “Posiblemente surjan antecedentes de otros involucrados que aún están vivos y en Chile y que hayan participado no de la orden ni ejecución del crimen, sino que del encubrimiento”, señaló Juan Pablo Letelier. En ese sentido, el senador se mostró confiado en que los documentos desclasificados contengan nuevos antecedentes sobre la presunta responsabilidad del ex alcalde Cristian Labbé en el encubrimiento del asesinato y la obstrucción de la investigación.

Pinochet, que falleció en 2006, nunca fue enjuiciado en los tribunales chilenos por este caso, aunque la Justicia trasandina sí logró procesarlo por algunas de las más de 3200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura que encabezó, así como por enriquecimiento ilícito.

Manuel Contreras, jefe de la temida DINA, la policía secreta de Pinochet, fue condenado finalmente a siete años de prisión por el asesinato de Letelier, junto al agente estadounidense Michael Townley, colaborador muy cercano a la DINA y autor material del atentado, y al general de brigada Pedro Espinoza. Contreras, considerado uno de los máximos represores chilenos, murió en agosto pasado, cumpliendo penas por violaciones de los derechos humanos cuyas condenas superaban en total los 500 años de prisión.