Grecia dio un paso más hacia el ajuste. El Parlamento heleno aprobó ayer una nueva batería de reformas, que incluye una polémica ley de ejecuciones hipotecarias, a cambio de un desembolso del rescate y de fondos que serán destinados a recapitalizar la banca. Las iniciativas prevén, entre otras cuestiones, que los deudores que no afronten sus créditos hipotecarios pierdan su vivienda. Sólo el 25 por ciento de los griegos socialmente más desfavorecido estará protegido de una posible confiscación de su casa. El paquete de medidas fue apoyado por 153 de los 155 parlamentarios que integran el bloque oficialista, 137 votaron en contra y 10 legisladores estuvieron ausentes. Un representante del partido populista de derecha Griegos Independientes (Anel), que votó en contra, y otro del partido Syriza de Alexis Tsipras, que se mantuvo alejado del debate, fueron los dos legisladores díscolos que decidieron no acompañar la iniciativa. Luego de la votación, ambos fueron separados de sus bancadas.

El paquete de medidas aprobado ayer resulta altamente controvertido: por primera vez luego de una moratoria lanzada hace cinco años, contempla la posibilidad del desalojo compulsivo. Luego de asumir su segundo mandato de gobierno, Tsipras prometió mantener la ayuda frente a los desalojos, al menos, para el 72 por ciento de los griegos que cargaran con hipotecas y no pudiesen atender sus compromisos. Sin embargo, el acuerdo alcanzado esta semana con la troika de acreedores –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional– sólo contempla protección absoluta para propietarios con ingresos muy bajos, que constituyen cerca del 25 por ciento de la cartera de hipotecas morosas.

Se trata de personas con ingresos anuales brutos que ascienden a 8180 euros en el caso de los griegos solteros, 13.917 euros para los casados sin hijos y 20.639 euros para familias con dos hijos. Los afectados podrán acceder a un subsidio para hacer frente a sus obligaciones bancarias. El paquete aprobado incluye además algunas enmiendas sobre el pago a plazos de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social, y la imposición de un gravamen a los juegos de azar y al vino de 15 centavos por litro. Las dos últimas son medidas alternativas a la imposición de un IVA del 23 por ciento en la enseñanza privada, decisión acordada inicialmente en el primer rescate, que desencadenó una ola de protestas.

De la aprobación de estas reformas dependía el desembolso de un tramo de 2000 millones de euros del rescate y de 10.000 millones de euros destinados a la banca, desbloqueo crucial para concluir antes del 31 de diciembre el proceso de recapitalización financiera y evitar quitas a los depósitos superiores a 100.000 euros, en caso de crisis bancaria, como contempla la normativa europea que entra en vigor a partir del 1º de enero de 2016. El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, dijo que se negoció bajo presión. “En verano la presión era el Grexit. En otoño era la recapitalización de la banca”, dijo Tsakalotos. Y aseguró que lo primordial es que el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta, que empieza con la recapitalización de la banca, continúa con el cierre de la primera evaluación y concluye con el debate sobre la deuda.

El diputado de Syriza Gavriil Sakelaridis renunció después de adelantar que no iba a contribuir a que se aplicase la política gubernamental. El ingreso del viceministro de Interior, Nikos Toscas, en lugar de Sakelaridis, permite a Tsipras deshacerse de los remanentes díscolos que existen en Syriza. La oposición acusó a Tsipras de engañar a los ciudadanos. “La ley demuestra que todo lo que prometía Syriza sobre la protección de la primera vivienda era una mentira para aferrarse al poder”, dijo Vangelis Meimarakis, del conservador Nueva Democracia.