El ex juez español Baltasar Garzón pidió ayer al gobierno de Mariano Rajoy la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, lugar donde se encuentran desde su muerte, de la que hoy se cumplen 40 años. En un escrito presentado al Consejo de Ministros, reclama que el monumento, símbolo del régimen franquista, se convierta en un “Espacio de la Memoria” para las víctimas y familiares de la guerra civil (1936-1939) y de la dictadura (1939-1975).

Según medios españoles, el ex magistrado pide que los restos de Franco se trasladen a otro lugar y también los de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera y fundador del partido fascista Falange Española. Garzón, quien investigó en España los crímenes de la dictadura, reclama que se suprima del Valle de los Caídos la simbología franquista y los actos conmemorativos que se celebran allí cada año con motivo de la efemérides. En el escrito, también solicita al gobierno que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

El ex juez, quien firma la solicitud junto a dos abogados, recuerda que el Valle de los Caídos se levantó con el “trabajo esclavo de miles de presos” en una “exaltación de la dictadura y del propio dictador”.

Más de 70 organizaciones de víctimas del franquismo consideran que un total de 150.000 personas desaparecieron durante esos hechos, por lo que reclaman exhumar unas 2380 fosas comunes detectadas. Amnistía Internacional, por su parte, denunció que hubo 30.000 niños robados durante varias décadas.

A pesar de los reclamos, España se resiste a revisar su pasado. El único que se atrevió a desafiar las leyes dejadas por el dictador fue Garzón, quien impulsó una investigación que cerró finalmente el Tribunal Supremo en 2012. Garzón fue juzgado por prevaricato e inhabilitado por más de una década. Hoy la única causa abierta por los crímenes del franquismo se encuentra en Buenos Aires, en el juzgado de la magistrada María Servini de Cubría, debido a que la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos son obstáculos para que sean juzgados en España.